El empresario Mariano Grassi, titulas de la corredora Commodities, es quien sostuvo una denuncia por estafas contra la aceitera Vicentin en una causa radicada en Rosario, donde ahora se produjo la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe en el concurso de acreedores de la compañía que ingresó en default en 2019, y que se tramitaba en otro juzgado comercial de Reconquista. En declaraciones formuladas al diario La Capital de Rosario, Grassi avaló la intervención del Estado en el proceso, aunque sin el control de la mayoría accionaria.
“Es muy difícil que Vicentin Vicentin siga trabajando sin que el Estado acompañe”, dijo Grassi, quien de todos modos aclaró que el Estado “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin”, pero puede ingresar a la compañía “capitalizando su deuda y teniendo una participación accionaria como tiene en Molinos”.
Según recuerda el periodista Juan Chiummiento, que realizó la entrevista, el Estado tiene una pata en Molinos Rio de la Plata, entre otras empresas privadas, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Posee el 20,04% del capital accionario de la cerealera. Molinos Agro fue una de las tres compañías que iba a participar originalmente del rescate privado instrumentado desde Vicentin, junto a Viterra y a ACA, pero se bajó sin dar demasiadas explicaciones y en su lugar se anunció la participación de Bunge.
La idea de una participación estatal cobró fuerza tras la intervención decidida en el concurso por la Corte Suprema santafesina el pasado jueves. Luego, el domingo, el presidente Alberto Fernández la abonó en declaraciones periodísticas. Vicentin, en tanto, emitió un comunicado donde expresó su confianza en las instituciones judiciales y alegó que ya estaba muy cerca de un acuerdo con la mayoría de los acreedores.
Con ese acuerdo ahora en veremos, la intervención del Estado -que tiene acreencias a nombre del Banco Nación, pero también con la AFIP- podría darse en el marco de un eventual cram down, instancia en la que los propios acreedores ofrecen una salida al concurso.
En su diálogo con La Capital, Grassi coincidió con Fernández, planteando que lo dictado por el máximo tribunal abre “una nueva oportunidad”, para dejar atrás la “engañosa” propuesta de Vicentin, que planteaba fuertes
quitas para algunos acreedores, al tiempo que transfería el 95% de la compañía a manos de Viterra, ACA y Bunge.
“La solución es todos juntos, donde cada uno aporte su granito de arena para que la empresa vuelva a tener un valor, que hoy es cero. En esa línea es donde vemos que el Estado tiene un rol fundamental”, dijo el empresario. La corredora de Grassi es una de las principales damnificadas comerciales tras el default de la aceitera. Por eso inició una acción penal en Rosario.
“Esto no tiene que ver con preferencias políticas, ni con la falsa dicotomía del campo versus la ciudad o la industria. Acá Vicentin nos estafó a todos. Está perfecto que se defiendan intereses privados, pero en este caso no se trata de cosas contrapuestas. Es difícil comprender por qué se habla de defensa del campo cuando a los acreedores granarios Vicentin pretende pagar solo el 20% de los más de 420 millones de dólares que debe”, indicó Grassi.
Por ahora, recuerda Chiummiento, “lo único seguro es que el próximo paso es la respuesta del juez Hernán Lorenzini, quien debe contestar al traslado del expediente del concurso requerido por la Corte. Se espera que el magistrado emita un escrito en las próximas jornadas, en donde seguramente defenderá su actuación”.
Una vez recibida la respuesta de Lorenzini, el máximo tribunal terminará de definir si corresponde o no mover de juzgado el expediente. Si ocurre lo primero, probablemente se declare finalizado el período de exclusividad y recién allí podría abrirse la instancia del cram down con la que sueñan varios en el gobierno.
