A casi cinco años del inicio de un concurso de acreedores que por diferentes causas está empantanado en la justicia de Santa Fe, Vicentin denunció en la justicia por “estafa y extorsión” a un grupo de empresas que se han opuesto sistemáticamente a validar la oferta de la aceitera a sus acreedores.
La denuncia, presentada con el patrocinio del abogado Andrés Ghio, se radicó en la Fiscalía Regional 4 de Reconquista, a cargo de Juan Sebastián Marichal, a quien estaba investigando a las firmas Commodities SA, Olzen y a Mariano Grassi “por su participación en una multiplicidad de hechos que configurarían los delitos de estafa procesal y extorsión” a juicio de la firma.
Según información aportada por la aceitera concursada, el Juez Santiago Banegas resolvió este lunes “hacer lugar a la participación como querellante de Vicentin en el proceso, poniendo en conocimiento al Ministerio Público de la acusación”.
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En un largo escrito, Vicentin dice haber develado una serie de “maniobras coordinadas mediante diversos hechos que persiguen impedir el acuerdo entre Vicentin y sus acreedores, con el fin de tomar el control irregular de la sociedad, mediante el montaje de sociedades en apariencia independientes, cuyos pedidos encontraron eco en funcionarios judiciales llevados a error por la sofisticación del ardid empleado”.
En esta saga, la denuncia implica a la firma Commodities SA, una corredora de Rosario cuyo dueño es Mariano Grassi, por “haber presentado una falsa denuncia contra Renova, acusándola de haber transferido a Vicentin una deuda pese a que Commodities verificó su crédito en el concurso” y por “haber cedido su crédito a sus accionistas y continuar agrediendo a Vicentin sin haber informado de esta cesión”.
A la firma rosarina, que a su vez sostiene una denuncia por estafas contra el directorio de Vicentin, este contraataque le acusa de “haber solicitado una medida cautelar de trámite irregular al Juez Posma (que hoy se encuentra en etapa de investigación penal en Rosario) para que éste ordene al Juez Fabián Lorenzini que se abstenga de homologar el concurso de Vicentin.
En rigor, los abogados de Vicentin creen que esto formó parte de una maniobra para perjudicarlos, pidiendo un juicio político del juez Lorenzini y así apartarlo del expediente, así como haber solicitado “el avocamiento de la Corte, que demoró 8 meses en rechazarlo, con la consiguiente pérdida de tiempo, fundado en supuestos hechos que la misma Commodities había denunciado”.
Sobre Mariano Grassi, el dueño de Commodities SA y uno de los acreedores en el concurso que él mismo obstaculizaría, la denuncia lo considera “el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado junto a CIMA -hoy CFS Advisors- (una ALYC del Mercado de Capitales) o por ser la persona responsable detrás de sociedades” utilizadas para entorpecer el concurso.
Vicentin hace referencia especialmente a la firma Olzen Industria y Comercio del Calzado SA, que extendió un poder a favor de los abogados Farina, Casanova, Mattos, Salvatierra, (luego representada por los abogados Feldman y Cosentino) y que realizó diversas acciones judiciales “tendientes a obstaculizar el acuerdo de Vicentin con sus acreedores”, como el pedido de nulidad de la apertura del concurso preventivo.
La oferta de adquisición de Vicentin tenía el mismo patrocinio de los abogados Casanova, Mattos, Salvatierra, Feldman y Cosentino.
A Grassi también lo acusan de “haber intentado llevar el concurso de Vicentin a Rosario, donde claramente tiene mayor influencia” y por “haber fraguado la existencia de un Fideicomiso que nunca recibió los bienes fideicomitidos”.
En definitiva, el contraataque judicial de Vicentin sugiere que los mismos abogados estaban siempre detrás de las movidas que buscaban entorpecer el concurso de acreedores y su desenlace, incluso luego de haber obtenido un acuerdo de la mayoría de los perjudicados por la firma, que entró en cesación de pagos en diciembre de 2019, en medio de un cambio de gobierno, por la friolera de 1.300 millones de dólares.
“La querella observa que sistemáticamente se reitera la misma ecuación: el estudio jurídico donde trabaja la abogada Cosentino es “Casanova; Mattos, Salvatierra, Freser”, estudio que representa al Grupo Grassi, y que también representa a Olzen y a una Asociación Civil llamada Red de Consumidores. Este estudio incluso realizó distintas presentaciones ante la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor para pedir una medida cautelar que tuviera como objeto suspender provisoriamente los efectos de los contratos celebrados con los Inversores Estratégicos; medidas todas que consiguieron, al menos parcialmente”, indicó Vicentin.
La aceitera también acusó a Grassi por “la falsa denuncia por presunta violación a las medidas cautelares, mediante la cual lograron que el Fiscal detuviera el Presidente de Vicentin por haber suscripto los Contratos Definitivos con los Inversores Estratégicos”.
Según esta contradenuncia, las víctimas de este “plan orquestado” han sido la propia Vicentin y “los verdaderos acreedores de la sociedad, que ven demorado el pago de sus acreencias en los términos del Acuerdo Concursal”. También los trabajadores de Vicentin, que “hoy se ven compelidos a enfrentar un Procedimiento Preventivo de Crisis por causa de la pérdida de caja de la empresa, motivada por la demora de 2 años y medio en homologar el expediente”.
