Luego de muchas horas de reunión a puertas cerradas y bajo custodia policial, el Consejo Directivo del INTA desautorizó parcialmente al gobierno nacional, y no le dio su aval para su avanzada privatizadora sobre miles de hectáreas de campos y el histórico edificio de la calle Cerviño, que ya fue lanzada sin esperar este consentimiento. Tampoco avaló el plan de despidos reclamados desde el gobierno. A última hora de la noche directamente se levantó la reunión, sin ninguna votación. Ni siquiera se avaló una primera tanda de retiros voluntarios dentro del instituto.
La reacción mayoritaria adversa de los consejeros de las entidades rurales y las universidades se originó en la falta de presentación por parte del gobierno de Javier Milei de un plan consistente de modernización, a pesar de los anuncios que en ese sentido hizo el miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni.
La sesión del consejo directivo del INTA, que está formado por diez integrantes de los cuales solo tres responden directamente al Poder Ejecutivo (el presidente Nicolás Bronzovich, la vice Beatriz Pilu Giraudo y un delegado de la Secretaría de Agricultura) comenzó temprano,en medio de una ruidosa manifestación de trabajadores del organismo en las puertas del edificio central ubicado en la calle Rivadavia, que denunciaban el “desguace”. El organismo es autárquico y por lo tanto es este el órgano que debe avalar todas las decisiones que se tomen.
Bronzovich le tiene miedo a los trabajadores y trabajadoras del @intaargentina pic.twitter.com/ez84EUtMSd
— APINTA (@APINTA_Nacional) November 28, 2024
Desde hace varios meses, el gobierno de La Libertad Avanza está reclamando -al igual que en otros organismos- un fuerte ajuste de la planta de personal, cercano al 15%, lo que implicaría deshacerse del unos 1.400 empleados, entre ellos muchos técnicos e investigadores. El INTA tiene, según el dato de su propia conducción, unos 6.450 empleados. Y hasta el momento solo pudo convencer a 300 de ellos de aceptar un retiro voluntario, y concretar la jubilación de otros 300. Por eso el Ejecutivo anunció que no se iban a renovar 227 contratos de personas ingresadas en 2023, que sumadas a otras 200 que dejaron el organismo por varios motivos (sobre todo los bajos salarios) terminan de redondear una reducción cercana al millar de trabajadores.
Pero con el correr de los meses, a esta exigencia se sumó la apetencia de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), ya que los funcionarios libertarios descubrieron que el INTA tenía varios edificios y sobre todo campos que podían salir a la venta. Con únicamente el aval del presidente Bronzovich, que reemplazó a Juan Cruz Molina, quien renunció porque no estaba dispuesto a avanzar mucho más allá con el ajuste, el gobierno avanzó rápido con la convocatoria a una subasta por un edificio emblemático ubicado en la calle Cerviño 3101, en Barrio Norte, donde trabajan todavía cerca de un centenar de personas. Se espera obtener por ese cotizado edificio, al menos 6,3 millones de dólares de base.
Tan a las apuradas se tomó esa decisión -la subasta tiene fecha incluso para el 23 de diciembre- que en el Ejecutivo no repararon que faltaba el aval imprescindible del Consejo Directivo del INTA, la máxima autoridad en materia patrimonial y de definiciones políticas, y la única en condiciones de tomar una decisión sobre la enajenación de bienes del Instituto. De hecho, con ese argumento los gremios amenazaron con impugnar el proceso en la justicia.
En el Consejo Directivo, además de los tres representantes del gobierno hay dos por las universidades públicas de Agronomía y de Veterinaria, y cinco por las organizaciones de productores (CRA, Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y los grupos CREA). Desde temprano se sabía que la negociación allí sería ríspida, porque básicamente los consejeros desconocían el alcance del supuesto “plan de modernización” elaborado por el Ejecutivo, salvo por los trascendidos y las pocas definiciones aportadas por el vocero Adorni en su clásica conferencia de prensa.
El miércoles, el comunicador de Milei confirmó que la decisión era vender el edificio de Cerviño, ceder tierras del INTA Cerrillos para planes de vivienda en Salta, achicar más la cantidad de personal con los 227 despidos mencionados de los contratados en 2023, y también poner en estudio un ambicioso plan de ventas de campos del Instituto, ya que “de las 116 mil hectáreas que tiene el INTA en todas sus propiedades, solo 45 mil de ellas se usan con fines experimentales y productivos”.
“Ojalá que los directivos del INTA opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones. Confiamos en que efectivamente su Consejo Directivo está a favor de tener un INTA que funcione para los objetivos para los que fue creado y no para lo que fue utilizado últimamente”, fue la sutil presión ejercida por el funcionario nacional ayer ante los medios de comunicación.
Pero flaco favor parece haberle hecho el vocero al gobierno, al machacar con el mismo argumento infantil sobre que todo lo anterior era malo y estaba politizado, y que el gobierno de Milei había llegado a evitar que el Estado sea utilizado para hacer política. Adorni, de quien justo se supo ayer que maneja una estructura de funcionarios para hacer prensa de más de 200 personas- dijo que los objetivos del INTA “fueron lamentablemente desvirtuados por la gestión anterior”, ya que desde 2007 “el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches o la agricultura familiar”.
Por más que pueda ser cierto que varios militantes hayan ingresado al INTA en el gobierno anterior, la vastedad de cosas y dimensiones y regulaciones e intereses que conviven en el organismo tecnológico es demasiado grande como para incurrir en una simplificación semejante. Por eso luego de los anuncios del vocero se produjo una reacción en cascada dentro del organismo, con sendas notas repudiando el ajuste firmadas no solo por ex directivos que pasaron por allí en los últimos 20 años sino por los actuales responsables de 65 estaciones experimentales e institutos de investigación.
Frente a ese clima de rebeldía interno, los consejeros se enfocaron en intentar canalizar la crisis y sopesar los intereses en juego. Al parecer todos los gestos fracasaron cuando se comenzó a hablar de los despidos anunciados. Cómo el debate se extendió por largas horas tratando de encarrilar la discusión hacia un proceso que sea útil para todos, los negociadores del gobierno pidieron un periodo de consulta con la Secretaria de Agricultura. Pero desde allí les contestaron que no había margen. Para la negociación. Por eso se levantó la reunión sin resultados.
Ahora muchos temen un escenario más crudo, con el gobierno de Milei decidiendo directamente una intervención del INTA para poder llevar a cabo sus planes sin nada que los incomode.
