Probablemente, cuando firmaron la denuncia contra el municipio para conocer qué es lo que se hizo con el dinero recaudado por las tasas viales, los 8 productores de Henderson no se imaginaban que esto se iba a convertir en una lucha personal dentro y fuera de los tribunales.
Dentro, ya tuvieron 2 avanzadas a su favor: un fallo en primera instancia que obliga al municipio de Hipólito Irigoyen a entregar la información solicitada y una confirmación, en segunda instancia, tras la apelación del intendente. Y no sólo que aún no ha visto ni un sólo balance, sino que ahora deben librar una batalla fuera, en la que tienen muchas chances de perder y que afectaría directamente a sus bolsillos.
Se trata de un proyecto de ordenanza que presentó el bloque opositor de Juntos por el Cambio para eximir del pago de tasas a los productores afectados por las inundaciones. Los concejales del oficialismo introdujeron modificaciones para excluir del beneficio a todo aquel ciudadano que tenga litigios judiciales con el municipio, es decir, a los 8 productores que firmaron la denuncia y avanzaron con las acciones.
Esta semana podría aprobarse el proyecto aún con el rechazo de quienes lo impulsaron, dejando fuera a los que se animaron a protestar por las tasas y convirtiendo un pedido de información pública en una disputa personal entre el intendente y los productores.
“Yo los llamo los 8 valientes que se arriesgaron por el resto”, dijo a Bichos de Campo Sandro Mateos, que es uno de los 4 concejales de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Hipólito Irigoyen.
El proyecto de ordenanza que presentaron a fines de agosto, en concreto, es titulado “Programa de acompañamiento fiscal e impositivo a productores inundados” y propone eximir del pago de tasas viales y de un porcentaje de las tasas de marcas y señales a quienes estén afectados.
Tal como figura en sus considerandos, el proyecto propone darle un marco local a la emergencia agropecuaria dictada en la provincia de Buenos Aires, que propone otras exenciones impositivas pero no alcanza a las tasas municipales. Se estima que hay unas 60.000 hectáreas afectadas en el partido desde el mes de marzo, con una red de caminos muy castigada a pesar de los incrementos inconmensurables en la recaudación.
Del 2024 al 2025, la Tasa Vial aumentó un 200% y la de marcas y señales un 220%, muy por encima del índice de inflación. Eso condujo a un grupo de productores a llevar adelante, junto con el abogado penalista Pablo Abdon Torres Barthe, un pedido de información pública para saber a dónde se destinaron esos fondos y, eventualmente, impugnar ese tributo por falta de contraprestación del servicio.
Esta tarde, el proyecto de ordenanza se va a tratar en comisión y podría aprobarse este miércoles aún con el rechazo del mismo bloque que lo presentó. La principal razón de disputa es que los 6 concejales de Unión por la Patria, que son mayoría, pidieron que se incorpore al articulado la exclusión del beneficio de aquellos productores que tengan litigios con el municipio. Según pudo saber este medio, el caso de las tasas viales es el único en curso por el momento.
“Es el apriete legalizado. Es una forma de presionar para evitar informar”, explicó Torres Barthe. Cabe destacar que la puja judicial que llevan adelante tiene como único propósito que el municipio brinde información contable que acredite qué se hizo con lo recaudado por este tributo, que debe tener una contraprestación de servicio.
Los 8 productores que iniciaron las acciones, y que hoy podrían ser víctimas de esta discriminación normativa, son Francisco Berisso, María Estela Odriozola, Teresa Manrique, Eduardo Otero, Fabián Pereyra Iraola, Juan Manuel Canepa, María Gabriela Gamboa y Matías Julián Riveros.
“Quedarían afuera por el sólo hecho de haber pedido información judicialmente. El municipio está enojado con ese tema y por eso los quiere excluir del beneficio”, lamentó el edil Mateos.
Pero no es ese el único revés que sufrió el proyecto en el Concejo Deliberante porque, en anteriores instancias, el bloque oficialista pidió hacer otros cambios para acotar el beneficio.
Por un lado, en vez de una afectación mínima del 15% para poder ser eximido, lo elevaron al 30%. Y, además, en vez de 6 meses, pidieron reducirlo a 2. Hasta ahora, desde Juntos por el Cambio estaban dispuestos a avanzar aún con esos cambios, pero aseguran que no cederán con el último inciso incorporado, que propone dejar afuera a los productores que tomaron la iniciativa por el resto.
Así y todo, como 6 de los 10 ediles son de Unión por la Patria y responden al intendente Luis Ignacio Pugnaloni, es muy probable que aún así se apruebe esa ordenanza el próximo miércoles.
Mirá el proyecto de ordenanza original:
ORDANANZA DE PROGRAMA AGROPECUARIO.docx
De acuerdo con los registros de los concejales opositores, la Tasa Vial tuvo un superávit de más de 320 millones de pesos en 2024. Con los incrementos de este año, tanto con ese tributo como con el de Marcas y Señales, se recaudarán unos 1300 millones, de los cuales hasta junio sólo se habían afectado 170.
“Por definición, una tasa es retributiva de servicios, y no puede arrojar déficit ni superávit”, señalan en el proyecto, que originalmente proponía la retroactividad al 1 de mayo y la exención del pago del total de la Tasa Vial y del 10% de la de Marcas y Señales para bovinos y 30% para porcinos.
De aprobarse, además, este programa de alivio fiscal e impositivo será de carácter permanente y aplicable cada vez que se declare la emergencia agropecuaria en el distrito, sea por parte de la provincia como del propio Concejo.
En paralelo a esta lucha personal, el municipio insiste con la vía judicial. Tal como adelantó Torres Barthe a este medio, tras el revés recibido en segunda instancia -que rechazó la apelación del intendente-, ahora planean presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial.
“Son recursos muy técnicos, muy probablemente no se los van a conceder”, opinó el abogado, que lamenta la cantidad de recursos y tiempo que vuelca el municipio sólo para no ceder ante un pedido de información pública y de dar a conocer qué es lo que se hace con el dinero recaudado.
