Por Matías Longoni.-
Están haciendo mucho ruido los cambios que el gobierno de Cambiemos está llevando a cabo en Cambio Rural, aquel programa de asociativismo entre pequeños y medianos productores para compartir tecnología en tiempos en que Domingo Cavallo mandaba a los chacareros a “criar carpinchos”.
¿Cambios de Cambiemos en Cambio Rural? No es solo un juego de palabras aunque haya muchas palabras en juego y varias cosas más. Para los funcionarios de Agroindustria se trata de una “optimización” del presupuesto disponible luego de tantos años de “derroche” durante el kirchnerismo. Los técnicos del programa que temen perder sus contratos hablan de un sencillo “ajuste”. Veamos las posiciones:
Los cambios fueron presentados hace unos días por una reunión que era un ejemplo de equilibrio entre sectores políticos, porque estaban el secretario de Agricultura, Ricardo “Ricky” Negri (que representaba el macrismo más genuino), el nuevo coordinador del programa Juan Casañas (un agrodiputado tucumano cercano al ministro Buryaile y al ala radical del gobierno) y el director nacional de Inta, Héctor Espina (que viene de gestiones anteriores y convivió con la etapa de ampliación de los grupos). Todos, educaditos, hicieron su mejor papel y avalaron los cambios propuestos. Se viene un programa con mayor contenido tecnológico y menor impronta de contención social.
Sucede que antes de tomar definiciones, Casañas convocó a un reempadronamiento de grupos, como para medir cuántos tenían todos los papeles en orden, o al menos los exigidos por las nuevas autoridades, que quieren que Cambio Rural recupere un perfil más tecnológico, como cuando fue pensado en 1993 por Felipe Solá y Gastón Bordelois. En aquel momento de reconversión forzada por la apertura y la convertibilidad, el Estado concibió Cambio Rural para sostener a los productores “capitalizados” y al Programa Social Agropecuario (PSA) para los minifundistas. Con el kirchnerismo y la administración del Inta, esa división se hizo más difusa.
¿Cuáles son las definiciones de Negri sobre el nuevo perfil, o el renovado viejo perfil, de Cambio Rural? Pues habló de “productores familiares capitalizados y PYMES”, organizados en grupos y conformando redes “para achicar la brecha tecnológica con los productores de punta y apuntando a aumentar la productividad y generar procesos de agregado de valor, tanto en la región pampeana como en las economías regionales”.
“El objetivo es llegar al año 2020 con más de 25.000 productores trabajando, compartiendo y aprendiendo en grupos de Cambio Rural” señaló Negri. Eso sería el equivalente a más de 2.000 grupos.
El problema es que después del reempadronamiento, la cantidad de grupos se redujo de manera drástica de unos 1.200/1.300 a solo entre 600/700, y que de ellos solamente estaban con todos los papeles en regla unos 400. Para fin de año se espera que varios más regularicen su situación y estén en condiciones de sumarse al programa para productores “capitalizados” y con acceso a los mercados. De todos modos, el nuevo Cambio Rural arrancaría con el 50% de los grupos que tenía y atendería a una población de entre 6 mil y 7 mil productores.
¿Y qué sucederá con los que no se reempadronaron o no cumplían con este nuevo/renovado perfil tecnológico?
La respuesta la dio Espina, ya que será el Inta el que debería hacerse cargo de ellos con su propio presupuesto o con el que comparte con el Ministerio de Desarrollo Social, básicamente el programa ProHuerta. Espina dijo que allí hubo un refuerzo presupuestario importante y que el dinero alcanzaría.
“Desde el INTA vamos a trabajar directamente con los grupos que, por su perfil y características pasarán a nuestra órbita. Son grupos de productores más pequeños, que necesitan otro tipo de asistencia y acompañamiento de parte del Estado, y nosotros desde nuestra institución se la brindaremos. Al mismo tiempo, continuaremos brindando apoyo a los grupos Cambio Rural, a través de nuestras herramientas de extensionismo”, indicó Espina.
Poniendo esto en números, oficialmente se estima que Cambio Rural arrancará 2018 con unos 600/700 grupos y que “otros más de 300 pasarán a ser administrados por el Inta”.
“Del relevamiento también surgió que había algunos grupos vencidos, es decir que su vinculación con Cambio Rural está finalizada. A ellos se los invitará a continuar trabajando como grupos adherentes, para que puedan seguir desarrollándose con esta herramienta”, se informó. En estos casos, no habrá ayuda oficial para pagar el costo de un coordinador técnico para esos grupos, que es en definitiva el mayor aporte estatal a este tipo de programas.
Frente a estos movimientos, un comunicado firmado por “los técnicos del Programa Cambio Rural”, expresó “preocupación y repudio” por la situación y denunció un “vaciamiento” liso y llano.
“Al 31 de julio se han dado de baja 1000 grupos, de los 1400 que habían quedado en pie tras el primer recorte que se hiciera durante el año 2016. Sólo 400 quedan efectivamente en el Programa, pero sin claridad en las condiciones. De los 1000 grupos restantes, 300 pasarían a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que 700 grupos quedarían sin acompañamiento”, se indicó. Los números coinciden más o menos con los de los funcionarios. Como cada vez que se dan estas discusiones. Se estiran o achican según la conveniencia.
Los técnicos del programa reconocieron en su texto que en los últimos años se incorporó a Cambio Rural “al sector productivo de la Agricultura Familiar”, que originalmente era atendido por el PSA y otros programas. Pero aclararon que “las líneas de trabajo de los grupos Cambio Rural y sus técnicos han sido puestos en sintonía con los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) que lleva adelante el Inta, dando origen a un entramado social donde se encuentran, dialogan, proyectan y trabajan conjuntamente productores, organizaciones, instituciones y técnicos con amplia trayectoria en el sector”.
Esto es lo que el gobierno kirchnerista llamó Cambio Rural II. La historia está resumida aquí.
Hay, es evidente, dos visiones sobre el modelo a seguir. En rigor, mientras los trabajadores del programa se felicitan por el entramado logrado, la nueva conducción de Agroindustria quiere establecer diferencias para trabajar específicamente con cada uno de los públicos objetivo: la “tecnología” versus la “contención social”.
Para los técnicos, que denuncian magros sueldos de 4.500 pesos y precariedad laboral, lo que sucede ahora es que “el sector de la Agricultura Familiar sale de la órbita del Ministerio de Agroindustria, e ingresaría en la del Ministerio de Desarrollo Social bajo lo que denominan Grupos de Abastecimiento Local (GAL) destinados a ‘huerteros y productores de subsistencia’. Estos nuevos grupos desarrollarían ‘circuitos de abastecimiento de proximidad'”.
“Este cambio no es solo un movimiento de fichas, un saneamiento o reestructuración. Se minimiza al sector que produce alimentos, se achica el mercado interno, peligra la diversificación de la producción, se desligan de acompañar las mejoras de las producciones intensivas, se desvaloriza el trabajo de aquellos que vienen acompañando la transición hacia modelos de producción agroecológicas y más sustentables, se pretende privatizar la extensión, se pierden puestos de trabajo, se subestima a los profesionales formados que llevaban adelante estos grupos”, enumeraron.
No hay final escrito para Cambio Rural, que el año que viene cerebrará 25 años de historia. En 1993, cuando se lanzó para atender al perfil de producto que hoy se intenta priorizar, había 1.800 grupos. Ahora trabajará con mucho menos de la mitad.
Este tema, el del desarrollo rural, debería ser un tema central después de octubre. El perfil estrictamente productivo del ministerio, como lo revela su nombre (a mi juicio equivocado, deliberadamente) empieza a mostrar sus hilachas. El problema no es tecnológico, económico, ni social, es todo junto porque nadie quiere hablar del verdadero problema: la sustentabilidad de los sistemas productivos. Mientras tanto el cambio climático hace estragos y ningún funcionario acusa recibo de la encrucijada global en la que nos encontramos.