El cordobés Luis Picat ha sido sin dudas, desde el bloque del radicalismo y debido a su rol de productor y ex dirigente agropecuario (fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María antes de ingresar al barro de la política), uno de los diputados más activos a la hora de discutir los aspectos agropecuarios de la Ley ómnibus enviada por Javier Milei al Congreso. Caído el capítulo de las retenciones, prestó mayor atención a la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91. A esta altura de la historia, cree que el gobierno tampoco reunirá los votos necesarios para aprobar ese artículo en particular.
Mientras esperaba para saber si la Cámara de Diputados iba a poder iniciar este mismo martes el debate artículo por artículo, Picat dijo a Bichos de Campo que “no creo que el gobierno consiga los votos necesarios para aprobar la adhesión a la UPOV 91. No conté los votos, claro, pero hablé con los diferentes bloquees y creo que los votos no están”.
Este escenario representaría un inusitado fracaso para el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, que únicamente pudo opinar en este aspecto de la ley Bases, que incluía cosas con las que claramente no estaba de acuerdo, como la suba de retenciones y las modificaciones al régimen de biocombustibles. Por eso el funcionario se jugó una patriada casi personal para que se apruebe el artículo 116, que solamente establece que la Argentina adherirá al convenio UPOV 91.
Ese convenio es la última versión de un tratado internacional impulsado por los países desarrollados para defender los derechos de los obtentores de nuevas variedades de semillas, ya que los regímenes de propiedad intelectual o patentes no son aplicables a los seres vivos. Las empresas del ramo se quejan de que no cobran los premios correspondientes por sus innovaciones, sobre todo en la Argentina. Y Vilella, que ha recibido el pleno de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) cree que resolver ese tema será una de las llaves para el desarrollo de la bioeconomía local.
Pero ese breve artículo, que no había sido consensuado con nadie en el sector más allá de los semilleros, fue rechazado por la inmensa mayoría de las entidades que agrupan a los productores, que no tenían claro sus alcances, especialmente en materia de las limitaciones que, a partir de esa adhesión, las empresa multinacionales podrían imponer a los agricultores que quieren hacer “uso propio” de sus propias semillas.
Vale decir que este es un tema que permanentemente divide posiciones entre productores y semilleros, que han intentado varias veces ponerse de acuerdo sin éxito convocados por los diferentes gobiernos para lograr una actualización de la vieja ley de semillas que data de 1973. Por eso llamó la intención que Agricultura intentara zanjar este debate de mal modo, a través de la adhesión a un convención internacional que tiene mayor fuerza que una ley nacional, y que podría favorecer la posición de las semilleras.
Cuando notó que la resistencia sería mayor a la que preveía, el gobierno ofreció incorporar a ese capítulo un artículo 116 Bis, donde se aseguraría a las organizaciones agropecuarias que participarían activamente la reglamentación de la ley. Pero pocos creen que ese sea el camino adecuado.
Picat dijo que en el bloque de Juntos por el Cambio evaluaron muy seriamente este artículo y conversaron con todos los actores. En su caso, él cree que el gobierno se equivocó de estrategia para debatir el espinoso asunto de las regalías en semillas, al tratar de imponer nuevas reglas con un convenio internacional que firmaron solo 60 países, pero casi ninguno de este región del planeta.
“Mi posición particular es que UPOV 91 no resuelve el problema de fondo. Me parece que es una herramienta para analizar después de resolver ese problema”, indicó el diputado cordobés. Desde esta visión, hoy la discusión está trabada porque hay muchos productores que no quieren pagar las tecnologías (ya que el gobierno los castiga con una severa presión fiscal) y que tampoco el Estado ha hecho los deberes, pues el INASE (Instituto Nacional de Semillas) podría controlar el mercado informal de semillas y no lo hace.
“No hay control por parte del gobierno. La ley le da al INASE facultades para hacerlo”, declaró el legislador, quien consideró que en este escenario la UPOV 91 es una suerte de atajo para resolver este pleito de modo privado, dándole más armas a las semilleras.
