El agro esperará una respuesta de Alberto hasta el 31 de enero

Una masiva asamblea de productores realizada este sábado en Pergamino colocó como novedad sobre la mesa una fecha límite, el 31 de enero, para que el gobierno de Alberto Fernández responda a los planteos que escuchó de la Mesa de Enlace el pasado 23 de diciembre, cuando se produjo una reunión en Casa Rosada.

“Definiciones del Gobierno nacional antes del 31 de enero de 2020”, dice uno de los puntos del Manifiesto de la Asamblea de Pergamino realizada en la sociedad rural local y convocada orgánicamente desde Carbap.

Salvo la definición de esta fecha como ultimatum, no hubo grandes novedades respecto de lo que viene sucediendo en este verano atípico, que hasta aquí contuvo una seguidilla de reuniones y protestas del sector agropecuario por la política impositiva nacional. Pergamino -donde días atrás se realizó un ruidoso tractorazo- parece ser la última gran asamblea de esta saga, que arrancaría de nuevo en febrero, si el gobierno no logra desactivar esta escalada con respuestas convincentes para los productores.

No hubo novedad en la alta movilización que existe entre los productores, que concurrieron en gran número a Pergamino, cubriendo al menos 700 butacas.

Tampoco hubo novedad en el estado de ánimo que muestran: los chacareros y contratistas están enojados por la elevada presión fiscal, por las decisiones unilaterales del gobierno de Alberto (elevó de entrada las retenciones casi 5 puntos, de 24,7% al 30% en el caso de la soja, y hasta 12% en el caso de los cereales), y por la falta de “solidaridad” y ajuste de la propia clase política.

Tampoco fueron novedosos los pedidos de “las bases” para que los dirigentes de la Mesa de Enlace no se corten solos en una negociación con el gobierno peronista. En Pergamino, la unidad expuesta lució nuevamente frágil, aunque asistieron representantes de las cuatro entidades (y dos de sus máximos dirigentes, como Jorge Chemes, de CRA, y Carlos Achetoni, de Federación Agraria). Y aunque participó un numeroso bloque de “autoconvocados”, que por ahora prefiere delegar las gestiones en la conducción colegiada.

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Para calmar los ánimos más belicosos, la asamblea de Pergamino votó por la realización de un “cese de comercialización” de productos del campo (granos y hacienda), pero una vez que se cumplan los plazos estipulados. Es decir, recién se comenzará a decidir luego del 31 de enero.

¿Y qué es lo que debería responderles Alberto Fernández a los dirigentes rurales para desactivar esta protesta? O para activarla:

Primero el presidente, que en público y privado reconoció el daño que provocan las retenciones, debería establecer algún un cronograma de baja de ese tributo, que era algo que usualmente hizo (aunque no siempre cumplió) el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, Alberto debería dar señales concretas de que los derechos de exportación -que hasta aquí se justifican como parte del plan oficial para paliar la emergencia económica y social-, no se eternizarán como tantos otros impuestos.

Segundo, el Poder Ejecutivo debería decidir si hace uso al derecho que le concedió el Congreso de aumentar todavía más las retenciones, para llevarlas al tope de 33% en el caso del poroto de soja (lo que actuaría como un incentivo a la industria aceitera) y al 15% para el trigo y el maíz. Esto fue lo que informó el ministro Luis Basterra al cabo de la reunión entre Alberto y los ruralistas que se iba a analizar. Pero el titular de Agricultura, desde ese 23 de diciembre, se encerró en su ministerio y no volvió a efectuar declaraciones.

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Tercero, el gobierno debería mostrar la tan mentada segmentación de retenciones que prometió para morigerar el impacto del tributo sobre las espaldas de los productores más pequeños. Una serie de propuestas técnicas ya están en manos de Basterra para que negocie con su par de Economía, Martín Guzmán, el alcance de esta “devolución”. Lo que se sabe es que se haría directamente a los CBU de los productores, como ya sucedió con el reintegro por flete del Plan Belgrano. La AFIP y Agricultura estuvieron diseñando varios escenarios (por volumen de cosecha, facturación o superficie sembrada), pero la palabra final depende del presidente y quien le custodia las cuentas.

Como siempre. Como cada vez que se discuten políticas agropecuarias, pensando siempre desde el punto de vista del propio Estado y sin considerar los números de los productores.