En Bichos de Campo solemos hacer una sección que se intitula “Educando a…” Corregimos allí errores o prejuicios que suelen cargar los distintos funcionarios sobre el sector agroalimentario local. Lamentablemente recurrimos demasiado seguido al latiguillo.
Parece ser que las principales empresas exportadoras de la Argentina, nucleadas en Ciara-CEC (la cámara de la industria aceitera en conjunto con el centro de exportadores de cereales), ahora han copiado nuestra idea, pues emitieron un comunicado para “educar” nada menos que al presidente Alberto Fernández, que el domingo pasado volvió a insistir en la idea (quizás sea suya, pero quizás apunte a calmar a la enardecida vicepresidenta Cristina Kirchner) de conformar “una empresa estatal testigo” para el comercio de granos. Alberto consideró que era el momento oportuno para hacerlo, pues parece que fracasa (o que harán fracasar) el concurso de acreedores de Vicentin.
“Las declaraciones presidenciales en relación al proceso judicial de la empresa Vicentin y del concurso de acreedores no se corresponden con las condiciones del mercado de granos en Argentina”, señaló sin mayor remordimiento Ciara-CEC, cuyos socios (nacionales y multinacionales) aportan al menos 4 de cada 10 dólares que ingresan por exportaciones a la Argentina.
Y entonces viene la lección:
- “En primer lugar no existe un mercado cartelizado sino que en Argentina existe uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí y que le han permitido al país ser un jugador mundial de relevancia más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial”.
- “En la Argentina operan más de 20 empresas en el rubro de exportación de maíz y trigo, siendo uno de los países del mundo con mayor grado de desconcentración de empresas exportadoras con amplia presencia de empresas argentinas, cooperativas e internacionales”.
- “Tampoco resulta razonable instaurar una empresa testigo dado que el gobierno tiene un control pleno. Por un lado publica el precio FOB, índice que es la referencia para pagar derechos de exportación, así como también difunde todos los días los precios y volúmenes de operaciones de mercado vía el Siogranos. Además registra todos los contratos de exportación y los autoriza; cuotifica la exportación de maiz y trigo para permitir volumen suficiente de consumo nacional, y ejerce los plazos más cortos del mundo en ingreso de divisas”.
En este “Educando a Alberto”, entonces, las principales empresas exportadoras del país le intentan enseñar nada menos que al Presidente que el Estado que él dirige tiene varios sistemas de control y regulación del mercado de granos.
“El Estado argentino es el más presente de todos los países exportadores de granos y derivados. Las experiencias de empresas estatales de granos fueron eliminadas en los países exportadores y competidores hace muchos años”, insisten las grandes cerealeras/aceiteras.
La capacidad ociosa de la industria aceitera argentina alcanzó un récord histórico del 43%
Como si hubiesen perdido la paciencia con el presidente, las grandes exportadoras de granos y sus derivados le recordaron que “la industria de molienda de soja está estancada hace diez años con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización”. Y en rigor, la cosecha de soja llegó a ser de 60 millones de toneladas alguna vez, pero luego fue decreciendo paulatinamente y ahora se ubica cerca de las 40 millones de toneladas. Mientras tanto, la capacidad de molienda del poroto se aproxima a las 70 millones.
“Hoy la mayor carga tributaria de la economía argentina está sobre la cadena de valor de la soja y no hay tecnologías nuevas”, añade este instructivo de Ciaca-CEC. Y en rigor es la cadena productora de granos (no tanto en las exportadoras como en los productores) la que soporta retenciones a la exportación mucho más elevadas que el resto de las actividades, y que llegan al extremo de 33% en la soja.
Para la entidad empresaria, “el Estado debería trabajar en resolver estos problemas para que el primer aportante de divisas del país crezca en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas”. Es una clara referencia a que una experiencia intervencionista en Vicentin (que alguna vez fue socia renombrada de Ciara-CEC) puede costar muhísimos millones de dólares de dinero público.
“Es importante recordar que el complejo agroexportador argentino representa un pilar fundamental para el comercio exterior del país. Tan sólo durante el mes de mayo las compañías del sector liquidaron 4.200 millones de dólares, una cifra récord que significó un 33% más que en abril y ascendió a 15.000 millones a lo largo del año”, se ufanó Ciara-CEC, por si acaso el Presidente Fernández no supiese del origen de los dólares que cada día ingresan al Banco Central, y que le permiten tener más o menos controlado el mercado local de cambios.
Luego de exponer estas razones, y con el objetivo de tratar de evitar una nueva escalada intervencionista en el mercado local con una presunta estatización de Vicentin, las empresas agroexportadoras dijeron: “Comprendemos que la Argentina se encuentra en una acuciante y cíclica situación de inflación, pero queremos manifestar que no acompañaremos la puesta en marcha de medidas que ya han demostrado ser ineficientes e inconducentes”.
