El reclamo tributario del agro argentino para 2025 no debería focalizarse sólo en lo derechos de exportación, porque existen muchas otras cuestiones fiscales que impiden el desarrollo de la actividad.
“Creo que tenemos mucho más problemas con el IVA que con los derechos de exportación”, disparó este jueves Mariano Echegaray Ferrer, titular del estudio homónimo, durante una charla ofrecida en una transmisión realizada por AgroEducación.
El tributarista indicó que diseño actual del IVA suele generar una acumulación de créditos fiscales que se mantienen en el tiempo y en muchas situaciones se convierten en incobrables. El drama es que ese costo no siempre es advertido por los productores, quienes, si bien sienten que ‘les falta plata en el bolsillo’, no logran identificar el origen del inconveniente
Echegaray Ferrer dijo además que, así como en 2024 se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el primer tramo del 2025 el gobierno nacional debería promover un régimen especial para Pymes que contempla amortizaciones aceleradas, cómputo parcializado del ajuste por inflación y beneficios específicos para poder recuperar saldos técnicos de IVA, entre otros ítems.
También considero que debería instrumentarse una importante simplificación de los regímenes de información para desburocratizar la gestión administrativa de las empresas agropecuarias.
“Cuando tenés un descalce de información sistémica por parte del SISA y eso no te permite trasladar una carta de porte, ¿cuánto dinero se pierde (el Estado) con un camión (con granos) no movilizado, una cobranza no realizada y una retención fiscal no practicada?”, explicó.
Otro aspecto clave es la eliminación del denominado “impuesto al cheque”, que tiene una incidencia enorme en la facturación del negocio agropecuario al llevarse el 1,2% de la facturación
“Cuando teníamos elevada inflación, quizás eso pasaba más desapercibido, pero actualmente no es el caso. El impuesto al cheque no sólo le pega al agro, sino a todos los sectores económicos y contribuye a espantar la formalidad de las operaciones”, remarco.
“Los inspectores de ARCA tienen un nivel de saturación en la cantidad de fiscalizaciones que tienen abiertas y deben cerrarlas; eso termina generando una presión sobre los contribuyentes que muchas veces no pondera la realidad económica presente en las empresas”, advirtió el especialista.
