El gobierno nacional comenzó, una vez más, a mostrar sus dos caras frente a la suba de los precios de los alimentos, de la cual culpa siempre a los productores sin hacer la más mínima crítica sobre sus propios errores. En este viejo y cansador juego del policía bueno y el policía malo, el ministro de Agricultura Julián Domínguez prometió este domingo que dialogará más con el sector, pues es lo que le ordenó hacer el presidente Alberto Fernández. Pero el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que ingresó al gobierno tras los cambios reclamados por Cristina Kirchner, volvió a amagar con una suba de las retenciones, que permita desacoplar más los precios internos de los externos.
En fin, más de lo mismo.
Feletti dijo que la chance de subir retenciones a los productos agropecuarios ha quedado bajo estudio del Poder Ejecutivo. “El diagnóstico es que la suba de precios internacionales llegó para quedarse por lo menos hasta el año que viene, cuando este efecto se agudizará”, dijo el funcionario. Y agregó: “En este marco aumentarán el precio del maíz, el trigo y la carne y tenemos que evitar que impacten en la mesa de las y los argentinos”.
“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, fue, explícito, el funcionario encargado de monitorear los precios, que blanqueó que la posibilidad de incrementar los derechos de exportación es una posibilidad que cuenta con el aval del ministro de Economía Martín Guzmán.
Conocida esta posición, desde el Ministerio de Agricultura se ocuparon de difundir las declaraciones del ministro Julián Domínguez en el pago chico del kirchnerismo, El Calafate, donde participó de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Lago Argentino. “El presidente me encomendó que salga al diálogo con los productores para potenciar el desarrollo del país”, enfatizó.
Policía bueno, policía malo. Cuando empiezan estos cabildeos en el gobierno los productores suelen siempre salir perdiendo. Lo que es peor es que Domínguez y Feletti son dos recién llegados al gobierno.
Este doble juego ya se vivió en múltiples ocasiones y siempre fue desgastante: A Guillermo Moreno se le oponían tibiamente Javier De Urquiza, Carlos Cheppi o el propio Domínguez, en su primera gestión. A Paula Español se le oponía Carlos Casamiquela y más recientemente Luis Basterra.
Siempre, hay que decirlo, ganaron los malos.
Pero hay un pequeño problema esta vez. Cuando asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el Congreso sancionó una ley de emergencia que en uno de sus artículos le puso tope a una posible suba de retenciones. Hay que recordarlo: Mauricio Macri venía de prometer una baja paulatina de este tributo que se frustró con la crisis de 2018. Alberto, de entrada, pidió que los legisladores le cedieran la facultad de fijar las retenciones y éstos accedieron, pero con limitaciones.
Con el correr de los meses la soja (que aporta el 75% de los recursos por derechos de exportación) se llevó al tope establecido por el Congreso del 33%. Para los cereales y el resto de los productos (se sobreentiende que la carne vacuna también), al máximo imponible es del 15%. Antes de fin de 2021, cuando vence esa ley, no queda mucho margen para subir el tributo, a más de eso, pues el trigo y el maíz hoy tributan 12% y la carne un 9%. Los pocos puntos de diferencia no tendrían el impacto real sobre los precios que pretende -se supone, siendo bien pensados- el contador Feletti.
En el nuevo proyecto de Ley de presupuesto 2022, el Ejecutivo pidió al Congreso que extienda las facultades, sin poner límites o topes esta vez. Pero el oficialismo debería apurarse para aprobar esa ley antes del 10 de diciembre, porque luego de eso su mayoría estará mucho más discutida. Y en este nuevo contexto, poner el espinoso tema de las retenciones en el centro de la discusión podría ser más contraproducente que beneficioso para lo que queda del mandato de Alberto.
Pero en su rol de policía malo, sin demasiadas armas y mucho menos creatividad para formular nuevas estrategias, Feletti dijo que el equipo económico tiene una posible suba de los derechos de exportación como parte de su estrategia. La segunda medida en análisis, según mencionó en una entrevista con Página/12, es una ampliación de lo que se denomina el “fideicomiso del aceite”.
“Es un acuerdo entre privados por el que parte de la renta exportadora se destina a subsidiar el precio de aquellos que venden en el mercado interno. Hoy el modelo es el de aceite mezcla y es exitoso en términos de precios y para el productor”, explicó el secretario de Comercio Interior. Le faltó aclarar que el aceite se hace sobre todo con soja o girasol, que no son granos que tengan una demanda interna tan grande como el trigo o el maíz, que el sector está dominado por unas pocas empresas concentradas, y que sería imposible replicar este tipo de acuerdos en las cadenas productivas que hoy le preocupan.
Desde El Calafate, donde no pudo entrevistarse con la vicepresidenta Cristina Kirchner aunque mantuvo reuniones con la ogbernadora Alicia Kirchner, Domínguez continuó haciendo el papel de policía bueno e invocando al presidente en cada momento que pudo. “Mi tarea en esta etapa del país es articular las mejores capacidades de nuestros productores para que Argentina pueda proveer lo que el mundo está requiriendo”, indicó, dando a entender que no está de acuerdo con regular las exportaciones ni penalizarlas con más impuestos.