Dentro del menú de reformas que el gobierno baraja para los próximos meses, la avanzada sobre la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras, es una de las que se ubica al tope de la lista.
Si bien el DNU 70/2023 definió, en su artículo 154, la derogación de esta normativa aprobada en 2011, un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), en enero de 2024, la frenó. Casi dos años después, el tema reflotó y volvió a ser incluido como parte de los ejes del Consejo de Mayo, según dio cuenta el vocero Manuel Adorni, a comienzos de diciembre.
Esto fue lo que motivó la creación de un Observatorio de Tierras, en el que participan investigadores de distintos espacios como el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). Su corolario fue la reciente publicación de un mapa interactivo, que analiza el fenómeno de la extranjerización de tierras en el país, discriminado por provincia y departamento.
“Esto no hay que verlo desde una perspectiva ideológica sino desde una cuestión de defensa de capacidades nacionales del Estado. No hay que pensar si queremos que haya o no tierras en manos de extranjeros, sino si el Estado tiene poder para medir, controlar y registrar eso. No es una cuestión nacional o provincial, sino un conflicto por los recursos naturales valiosos que hay en departamentos específicos”, indicó a Bichos de Campo la socióloga y becaria del Conicet, Julieta Caggiano, especializada en investigaciones sobre tierras en Argentina.
Para el trabajo, que inició hace varios años con recopilación de información, fue clave el abordaje histórico de este fenómeno, que se remonta a la época de Julio Argentino Roca.
“El primero que se propuso regular la extranjerización de tierras fue él. Consideraba que el estado no podía no tener noción de qué tierra era pública y cuál de extranjeros, y ese fue el objetivo de la ley que se saca en 1903. Después, en 1944 se establecieron zonas específicas de reserva, algo que durante los 90 se pasó por arriba”, contó Caggiano.
El punto de quiebre que marcan los investigadores está a finales de la década de 1990, donde la Secretaría de Seguridad Interior, creada por el gobierno de Carlos Menem, habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, que históricamente estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944. Aquel establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos.
“La sociedad económica de ese entonces era mucho más compleja, con sociedades financieras que compraban y no personas físicas necesariamente. Es así que se dan algunas ventas de manera irregular”, indicó la socióloga, que ejemplificó con casos emblemáticos como el de Lago Escondido, adquirido por el empresario Joe Lewis en Río Negro, o las compras realizadas por la familia Benetton, también en la Patagonia.
Estos antecedentes, sumado al boom internacional de precios en los 2000, la valoración de la tierra y la devaluación, sirvieron para que en 2011 se sancionara finalmente la Ley de Tierras, que fija un límite del 15% para la extranjerización, tanto a nivel provincial como departamental.
El primer embate contra ella fue en el año 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, donde se modificó su aplicación a través del decreto 820/2016. En concreto, se flexibilizaron los procedimientos de compra, se redujeron los requisitos y se habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados.
“En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones que antes estaban sujetas a control y, fundamentalmente, modificaron la forma de medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas”, dieron cuenta desde el Observatorio.
Ahora, argumentando que la normativa se cumple y que los porcentajes de extranjerización se mantienen dentro de los límites permitidos, la norma busca ser derogada.
“Decidimos convertir la información recopilada en una herramienta que sirva para discutir políticas públicas. En agosto de este año hicimos un pedido a la información, y los datos que recibimos resultaron ser bastante controvertidos. El gobierno sostiene que ninguna provincia incumple con el 15% que se fija por ley. Sin embargo, al hacer doble clic en cada una se observa que el problema es departamental. Ahí es donde el asunto se complejiza”, dijo a Bichos de Campo el historiador y becario del Conicet, Matías Oberlin.
De acuerdo a lo analizado por los investigadores, a nivel nacional cerca del 5% del territorio está en manos de extranjeros. Esto supone más de 13 millones de hectáreas (el equivalente a la extensión de Inglaterra).
Hay que aclarar que esto no refiere a una persona extranjera que vive en suelo argentino, sino al dominio formal de tierra no reproducible por parte de una empresa foránea, grupo económico o estado que no habita el país, pero que sí usufructúa sus recursos.
Pero el dato clave surge de mirar al interior de las provincias. Según el Observatorio, existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos -Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)- donde la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires)- todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná- superan ampliamente el 30%.
“El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”, afirmaron.
Respecto de las nacionalidades de aquellos poseedores de tierras, el podio lo encabezan ciudadanos de Estados Unidos, con más de 2,7 millones de hectáreas. En segundo y tercer lugar quedan Italia y España. Entre estos tres países se concentra la mitad de toda la tierra en manos de extranjeros.
“Tomemos el caso de Malargüe, en Mendoza. Ahí el porcentaje de extranjerización es apenas superior al 15%. Ese departamento tiene 4 millones de hectáreas, de las cuales 600 mil están extranjerizadas. Y hace poco, Cornejo anunció que hay 18 inversiones mineras a realizarse allí. Si un empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la competitividad social. Por eso creemos que el mapa es útil”, afirmó Oberlín.
Y añadió: “Hay una serie de elementos que provocan, por lo menos, un llamado de alerta. Ojo que todas estas tierras no las estamos controlando como país, como territorio. La propiedad privada de determinados recursos que son estratégicos, que tienen que ver con la reproducción material de la vida de los seres humanos que habitan esas comunidades o esos territorios, amerita que se conozca esta información”.
Desde el Observatorio, concluyeron: “La derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”.
Un trabajo en castellano , sobre produccion de trigo y lana en Australia, durante “nuestros años felices (1880-1920) “, segun el actual gobierno ayuda a entender la complejjdad de la realidad y los discursos, vistos en otros y en el tiempo.
“Paternalismo estatal y desarrollo de la agricultura extensiva en Australia Occidental”. Matthew Tonts y Valeria Paul. Eria,68. año 2005, gs 297-313.
Seria bueno ver estudios previos , previsiones, cuales seran formas de seguimientos, etc.a cualquier politica que se quiera implementar. Quien estuvo pensando en esto, a que conclusiones llegaron, etc, etc. Cuales son las investigaciones historicas y economicas hechas por las Universidades en estos temas, pues seguro se han interiorizado en estos temas en el mundo, que no sdicen al respecto ???’ Colaboremos todos para no darnos otro porrazo.
Gracias Colaboremos todos.
Gracias