En el noreste de Santa Fe, esta semana la Justicia ratificó la condena contra Ruben y Raúl Carlen, dueños de la empresa Los Cerrillos y dedicados a la actividad arrocera. Con la pena de tres años de prisión en suspenso, y la obligación de reparar el daño ocasionado, los productores asumirán la responsabilidad de haber desviado el cauce de un arroyo y provocado estragos en la zona donde producen.
A partir de la investigación que dirigieron los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández se determinó que, al menos desde 2010, los hermanos Carlen sacaron provecho de la construcción de terraplenes de más de 2 metros de altura para tomar agua del arroyo Saladillo Dulce y producir arroz.
El hecho -relatado por el sitio Aires de Santa Fe– que los llevó a juicio ocurrió en enero del 2019, cuando una serie de tormentas en la zona de Colonia Teresa, en el departamento San Javier, inundaron a otros campos aledaños y derrumbaron la ruta provincial 1 a la altura del km. 195. Fue entonces que se señaló como causa al dique de contención que habían construido los empresarios arroceros para desviar el cauce a sus campos.
Lo curioso es que esa misma ruta está destruida y es visible la deserción del Estado en su mantenimiento y en la planificación. Sin embargo, no son los funcionarios a los que investiga la justicia sino dos actores del sector privado.
La jueza Celeste Minniti fue quien los condenó en primera instancia, en noviembre del 2023 a tres años de prisión condicional como coautores del delito de estrago doloso por inundación. Eso, de por sí, torna novedoso al fallo, ya que establece que, más que negligencia, hubo intencionalidad en lo que provocaron en los campos aledaños, la ruta provincial y el casco urbano de Colonia Teresa.
Así y todo, la fiscalía apeló a la decisión de Minniti porque entendía que el fallo no era suficiente. La revisión en segunda instancia estuvo a cargo del juez Oscar Burtnik, que confirmó la sentencia pero agregó la exigencia de que sean ellos mismos quienes deban reparar el daño causado, y no el Estado o su empresa.
“Eso lo solicitó la fiscalía y es innovador, porque tiene que ver con el derecho al ambiente sano”, fue lo que señaló la fiscal Ileda en el programa AIRE. Es decir que ahora, por haber sacado provecho del daño ambiental por, al menos, una década, tendrán que presentar un plan de obras para remediarlo.
“Está comprobado que se los había intimado a que bajaran los terraplenes y no lo hicieron”, aseguró la fiscal, que considera que es una decisión sin precedentes en Santa Fe ya que contempla el derecho al ambiente sano, un aspecto que generalmente no se toma en consideración en este tipo de casos.
En ese sentido, Rubén Arnoldo y Raúl Francisco Carlen tendrán un plazo de 90 días para presentar el proyecto del cual será veedora la provincia. Eso respeta lo estipulado por la Ley General del Ambiente 25.675 y establece que, si bien los empresarios no hicieron los terraplenes con sus propias manos, fueron quienes lo ordenaron y sacaron provecho de ellos.
