El 17 de diciembre de 2014, hace exactamente diez años, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Pese a la importancia que debería tener en un país agropecuario como la Argentina una política de este tipo -destinada a contener en el campo a miles de agricultores familiares- el texto solo se reglamentó a medias, y nunca fue bien aplicado por los sucesivos gobiernos.
Ni la propia Cristina Kirchner cuando era presidenta, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández y mucho menos Javier Milei honraron los mandatos de esta ley del Congreso Nacional. Su reglamentación se demoró ocho años y recién se hizo parcialmente en 2022, pero sin que se le asignaran jamás los recursos que correspondían. Así, fue siempre una cáscara semivacía en un país que desde el retorno de la democracia perdió más de la mitad de sus productores agropecuarios.
Este mediodía, en la Cámara de Diputados, diversas organizaciones que conforman el el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e indígena de la Nación, denunciaron en una conferencia de prensa que “a 10 años de la sanción de la ley 27.118” la situación de desamparo de este tipo de productores ha empeorado mucho con el actual gobierno de Javier Milei.
“Por primera vez desde el regreso de la democracia, el Estado Nacional no implementa políticas de promoción, asistencia, desarrollo de nuestro sector. Muy por el contrario, nos combate y empuja a la quiebra a miles de familias agricultoras que ven encarecidos los costos de producción, los insumos necesarios y además son desplazados de sus tierras y comunidades”, dijeron las organizaciones, que además realizaron una Feria Popular en la Plaza del Congreso, como forma de protesta.
Ciertamente, si los anteriores gobiernos se caracterizaron por demorar e ignorar la necesidad de implementar políticas específicas para el segmento de productores familiares o minifundistas, la gestión de La Libertad Avanza ha ido mucho más lejos, disponiendo desde el vamos una intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI( y despidiendo a unos 900 empleados de dicha área.
Por eso las organizaciones denunciaron “la destrucción masiva de la Agricultura Familiar, deteriorando la capacidad productiva de nuestras comunidades campesinas, de los pueblos originarios, pescadores artesanales, de nuestras mujeres rurales y trabajadores del campo”.
La ley sancionada hace diez años determinaba entre otras cosas la creación de un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, la creación del Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), la suspensión de las sentencias de desalojos campesinos por tres años, la creación de un Fondo de Reparación que nunca se financió y la continuidad de un monotributo social agropecuario, además de otras políticas diferenciales.
Como en muchos otros casos, el gobierno actual justificó la demolición del INAFCI con el argumento de que sus empleados eran militantes políticos. Pero a la vez, nunca ofreció alternativas de política públicas para el sector de los pequeños productores.
En coincidencia con el décimo aniversario de este ley fallida, este lunes el ministro de Desarrollo Agrario de Axel Kicillof, el economista Javier Rodríguez, recibió a dirigentes de los movimientos de la agricultura familiar, tratando de mostrar una difrencia sustancial en el tratamiento de sus problemáticas específicas desde la Provincia de Buenos Aires.
El ministro de Desarrollo Agrario destacó que la actividad, “tantos años y décadas invisibilizada”, es “fundamental para la soberanía y seguridad alimentaria”. También remarcó que este sector del agro es vital “para la creación de oportunidades de trabajo, desarrollo local y regional”. Y concluyó: “Por eso, por supuesto, compartimos la mirada general de esta ley”.
Rodríguez criticó especialmente que la administración de Milei está en las antípodas: “Atacan a los productores medianos y pequeños con las políticas macroeconómicas que achican el poder adquisitivo de la población, el salario y las jubilaciones. Es decir, redujeron el poder de compra, y todos sabemos que la agricultura familiar es esencialmente producción de alimento para el consumo interno”, explicó.
El que los hayan recibido en Provincia de buenos aires, la misma facción política que crearon la ley y que jamas reglamentaron en diez años, da la pauta de que la suposición de que sean militantes es bastante certera. Por otro lado estar pagando 900 puestos de trabajos que no se sabe para que están -ya que según se entiende no está reglamentada su función especifica- es algo inaceptable, de hecho, debería ser algo lógico establecer en principio toda la reglamentación antes de contratar a un empleado siquiera, en el sector privado eso seria totalmente inviable (es como contratar un peón, o un tractorero hoy para un campo que quizás me lo compre o un tractor que quizás me entregan en 10 años).