Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate (CMYMZP), tiene una frase que repite como si fuera un mantra: “El que manda es el consumidor”. Lo dijo varias veces durante una entrevista con Bichos de Campo, como para despejar cualquier duda sobre quién determina el precio en las góndolas. Y lo dijo, además, en un momento delicado para la actividad, en medio de una transición de modelo que desarma dos décadas de intervención estatal en el sector.
“Estamos viviendo momentos especiales, no solo en nuestro sector sino en todo el país, porque salimos de más de 50 años de dirigismo, de estatismo, y ahora tenemos que acomodarnos a una nueva realidad”, explicó Saguier, titular de la cámara que agrupa a las empresas integradas que tienen plantaciones y llegan al final de la cadena.
El nuevo escenario es el que abrió el DNU del gobierno nacional, que eliminó las funciones del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) para fijar precios y cupos de plantación, y lo transformó en un instituto de promoción.
Según Saguier, esta desregulación era necesaria. “Yo estoy a favor. Los problemas que estamos sufriendo hoy fueron producto de la regulación, que durante 20 años premió la ineficiencia. La industria siempre estuvo en un sándwich: por un lado, obligada a pagar el precio fijado por el INYM; por el otro, sin poder trasladar esos aumentos al precio de góndola por los controles oficiales. Eso deterioró nuestros balances”.
El dirigente reconoce que no toda la Cámara piensa exactamente igual, pero dice que el consenso general entre los industriales es que el modelo anterior estaba agotado. “Los precios cuidados o precios justos nos dejaron endeudados. Hay que entender que nosotros no somos los que fijamos el precio: lo fija el consumidor”, insistió.
Mientras tanto, en la zona productora -Misiones y norte de Corrientes-, la coyuntura sigue siendo compleja. “Estamos sufriendo todavía los coletazos de una pequeña seca de este año. No fue tan fuerte como la que duró entre 2020 y 2022, pero afectó el rendimiento de los yerbales en la zona sur”, indicó. A eso se suma otro factor que pesa en los números actuales: “Las protestas sociales del sector demoraron el inicio de la campaña”.
Justamente, el conflicto con los productores yerbateros volvió a encenderse. El reclamo gira en torno al precio de la materia prima. “Dicen que el precio es muy bajo, que la industria paga por debajo del costo de producción. Pero insisto: nosotros no somos los que fijamos el precio. Y además hay distintas realidades: están las industrias integradas, semi-integradas y las no integradas que compran yerba canchada. No todos los industriales compramos hoja verde”, aclaró Saguier.
Uno de los puntos más sensibles del debate actual es la situación de los pequeños productores, que vienen advirtiendo que, sin precios mínimos ni límites a la plantación, corren el riesgo de desaparecer. Los colonos misioneros argumentan que un precio justo para el kilo de hoja verde debería estar cercano a los 500 pesos, pero lejos de eso, se están manejando valores de 200 pesos por kilo, y a pagar en hasta 3 o 4 meses. El costo de producción está fijado en 360 pesos, muy por encima de lo que están cobrando.
Al respecto, el industrial sostiene: “Es doloroso, es cierto, porque vos antes tenías la seguridad de que te iban a pagar un precio más o menos bueno, aunque vos produzcas poco. Imagínate que algunos sectores, si bien hoy ya sin precio obligatorio, utilizan una unidad de producción de 4.800 kilos por hectárea de hoja verde. Cuando hoy la genética y las prácticas modernas te indican que vos podés obtener 20.000 kilos de hoja verde o más por hectárea, que algunas empresas sí lo logran”.
Es entonces cuando Saguier afirma: “Obviamente que va a haber una reconversión y obviamente aquellos a los que no le cierra el número van a abandonar la actividad, o se van a tener que reconvertir, que es lo que nosotros siempre decimos. No se puede pretender vivir de un solo cultivo o de un solo ingreso. Y lo que debería hacer el productor, que vemos que muchos lo hacen, es diversifican sus ingresos y no tener solamente yerba mate. Tienen algo de forestación, tienen algo de ganado, tienen frutas tropicales. Si un año le va mal en algún rubro, tiene otro rubro que lo cubre. Es otra forma de trabajar, es cambiar la cultura también”.
“Tenemos que tener presente que en este esquema de competencia y de desregulación, el que tiene el poder es el consumidor, y ese es el que fija el precio de la góndola para atrás”, repite.
Saguier niega también que el sector esté camino a una concentración de la tierra, donde sean los grandes jugadores quienes acaparen la producción, al tener una espalda que le permita aceptar un precio más bajo, o que sea la misma industria la que compre los yerbales de los fundidos productores. “Eso ya lo decían antes de que existiera el INYM. Y no pasó. Al contrario: yo tengo colegas que están vendiendo sus chacras porque se dieron cuenta que era mejor concentrarse en mejorar su proceso industrial”, asegura.
“Plantar una hectárea de yerba cuesta unos 2.000 dólares y rinde recién después de cinco años. ¿Qué industria va a inmovilizar 200 mil dólares, si hoy puede comprar yerba en el mercado? Lo que conviene es ser más eficiente en lo que uno sabe hacer”, argumentó el industrial, gerente de producción de La Cachuera, elaboradora de la yerba Amanda.
Una de las críticas que más se escucha en boca de productores y cooperativistas es que este nuevo modelo terminará expulsando a los colonos del sistema productivo. “Eso no es así”, respondió sin dudar.
Para el presidente de los industriales, la clave es mirar los datos y dejar de lado la futurología. “Se ha plantado bastante en los últimos años, y eso empieza a gravitar en la oferta. Pero no veo una avanzada de las grandes empresas sobre los pequeños productores. No hay una lógica que respalde esa hipótesis”, repitió.
Cerca del cierre, Saguier volvió a su punto de partida: el consumidor. “En el INYM estaban representados todos menos el consumidor, que es el que en definitiva decide si compra o no tu producto. Y si no convalida un precio, no hay regulación que lo sostenga”.
