Las turbulencias provocadas por la reconfiguración del tablero internacional promovida por el presidente Donald Trump fue la excusa perfecta para tratar en el Congreso un tema crucial no sólo para el sector agropecuario, sino también para toda la Argentina que hace más de quince años que viene registrando crisis cambiarias cuando tiene una de las “máquinas” generadoras de divisas más potentes del planeta.
En el marco de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Atilio Benedetti (UCR, Entre Ríos) expresó hoy, al abrir el encuentro, que el “mundo está patas para arriba y, al no contar con una ley (en materia de derechos de exportación), nosotros tenemos la imprevisibilidad de que se vuelvan a aumentar las retenciones a partir de su vencimiento”.
En la primera exposición, Ivana Vidal de la Sociedad Rural Argentina (SRA) explicó que “siempre pedimos que se eliminen los derechos de exportación, ya que este impuesto no hizo más que postergar las inversiones y las posibilidades de desarrollo de nuestro país”.
La referente de la SRA recordó que esa entidad, junto a la Sociedad Rural de Jesús María, presentaron en 2022 una acción de amparo ante los Tribunales Federales de la provincia de Córdoba para intentar desactivar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo determine la fijación y cobro de alícuotas de derechos de exportación.
Vidal señaló que las retenciones son inconstitucionales porque para que un tributo exista debe existir una ley que avale ese impuesto. Y remarcó al respecto que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Nº 27.541) había determinado que hasta el 31 de diciembre de 2021 el presidente podría fijar alícuotas de hasta 33% para productos del complejo sojero y de hasta un 15% para el resto de los bienes agroindustriales. El artículo 81 del proyecto de Presupuesto 2022 proponía mantener esa atribución hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, como tal proyecto finalmente no fue aprobado en el Congreso, entonces desde el 1 de enero de 2022 no existe marco legal alguno que permita seguir implementando el cobro de derechos de exportación. Lamentablemente, debido a la ineficiencia de la justicia argentina aún no existe resolución sobre el amparo presentado tres años atrás.
En la misma línea, Pablo Ginestet de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aseguró que “hay que enfocarse en la reducción del gasto público” porque “con un Estado más austero y eficiente será posible eliminar los derechos de exportación y construir un país más competitivo”.
Ginestet recordó que los derechos de exportación generan un daño enorme, ya que las estadísticas públicas muestran que desde su reintroducción se perdieron más de 75.000 empresas agropecuarias. “No se trata de números, sino de familias que se fueron de la actividad, empleos que se perdieron y oportunidades que se esfumaron; persistir en este camino es seguir desmantelando el interior productivo”.
Por su parte, Patricia Luque de Coninagro consideró que “eliminar los derechos de exportación no implica resignar recursos fiscales, sino reorientarlos”.
“Los derechos de exportación limitan el crecimiento de la producción al reducir el precio recibido de los productos y no sólo recorta la competitividad internacional, sino que frena también la inversión y el desarrollo del interior; ninguno de los países competidores de la Argentina aplica retenciones, con la excepción de Rusia que lo hace por razones geopolíticas”, añadió Luque.
Asimismo, el representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), Claudio Angeleri, solicitó la eliminación inmediata de los derechos de exportación al considerar que “casi el 60% de nuestros ingresos se los llevan los impuestos y así es imposible continuar”.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando remarcó que “necesitamos previsibilidad y reglas claras para lograr ser una Argentina competitiva”, para lo cual es indispensable resolver la cuestión de los derechos de exportación aplicados al sector agropecuario. Y aseguró que sin ese impuesto distorsivo la capacidad de generación de divisas de la economía argentina se recuperaría de manera notable en apenas un año, algo que no puede hacer ningún otro sector.
En tanto, Juan Schilling, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dijo que es factible “eliminar las retenciones sin afectar el superávit fiscal del Estado nacional”.
Ariel Angeli, líder de la unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, dijo que “en el corto plazo los derechos de exportación distorsionan los precios relativos y generan una menor producción, mientras en el largo plazo tienen un impacto negativo en la productividad y la sostenibilidad de las empresas, las cadenas de valor y sus comunidades”.
