El poderoso secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, ha sido protagonista en las últimas horas de un cruce de denuncias penales con la empresa frigorífica Niu Pampeana SA, que está patrocinada por el estudio de abogados de Carlos Telleldín (aquel que estuviera involucrado en el caso del atentado a la AMIA). En un programa televisivo se denunció al funcionario por “robarse” un contenedor de carne que esperaba ser exportado a China, y que había sido decomisado por la Secretaría de Agricultura a dicha firma.
El programa televisivo fue conducido por Tomás Méndez, un pretendido periodista que suele incurrir en casos de mala praxis profesional que alarman y dañan el oficio. Pero allí el propio abogado Telleldín expone diferentes pruebas y videos que -desde esta versión- confirmarían que más de 24 toneladas de carne decomisadas a esta firma jamás ingresó al Banco de Alimentos, donde formalmente fue enviada por las autoridades, y habría sido derivada hacia el comercio minorista.
En el minuto 23 del siguiente video, el propio Telleldín anunció que se habái presentado ante el juzgado federal 12 de Comodoro Py una denuncia penal por “robo y asociación ilícita” contra Pazo y otros funcionarios de Agricultura, porque “acá se prueba que la carne fue decomisada, robada y vendida”:
En síntesis, la denuncia televisiva de Niu Pampeana SA, una matarife abastecedora fundada en 2019 por diversos directivos del grupo Lartirigoyen pero que en 2022 vendieron sus acciones a los empresarios Marcelo Fabián Martínez y Daniel Hernán Souto, es que Economía no envió el contenedor repleto de cajas de carne listas para exportar al Banco de Alimentos sino que lo distribuyó entre diversas carnicerías del conurbano, en un camión que no tenía chapa y fue filmado en el reparto.
El caso es más grave aún porque los empresarios contaron en cámara que pidieron la intermediación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que éste les facilitó el teléfono directo de Juan Pazo, quien se negó a interceder en el asunto y les contestó simplemente: “Tengo otra información”.
Como sea, ante la gravedad del asunto, Bichos de Campo consultó a las autoridades de Economía sobre este sucedo y la versión es completamente diferente a la que se expuso en el canal de televisión. De hecho, las actuaciones oficiales se originaron en el gobierno anterior, en junio de 2023, cuando la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) que depende de Agricultura “identifica un cambio de autoridades en Niu Pampeana no informado”, y por lo tanto “procede a hacer una verificación de los domicilios de las autoridades, sin encontrar a ninguna en los domicilios declarados”. Además los funcionarios investigan un poco a la compañía y detectan “inconsistencias y cheques rechazados por 78 millones de pesos”.
A partir de allí, la DNNCA intimó a los empresarios a que “justifiquen y presenten la documentación respaldatoria”, pero ante la falta de respuesta el 28 de julio de 2023 “se procede a la suspensión de la matrícula hasta tanto se regularice la situación”. También se informó a Senasa, que de inmediato “procedió a interdictar (dejar retenida) toda la mercadería de la firma (13.532 cajas de carne por 293 toneladas)”.
Todos estos datos previos se omiten por completo durante el programa conducido por Méndez:
Luego, cuando la misma DNCCA “procede a estudiar el origen de la mercadería interdicta, la firma presenta documentación insuficiente para demostrar propiedad y origen”. Según le versión oficial, el plazo fijado para responder esa información vencía el 14 de septiembre de 2023, y por lo tanto cinco días después “se firma la disposición del decomiso de la mercadería por parte del Subsecretario de Mercados Agropecuarios”, que en ese momento era Luciano Zarich.
En noviembre de 2023, en pleno balotaje electoral, el organismo procede a decomisar 159 toneladas de carne del total de 293 toneladas que habían sido interdictadas, con lo que quedan todavía quedaban 134 toneladas pendientes de ser decomisadas. “La mercadería interdicta se destina a diversos comedores de barrios vulnerables”, informó Economía.
Recién a partir de allí entra a tallar el nuevo gobierno de Javier Milei, del cual Juan Pazo, como secretario coordinador designado por Luis Caputo para las áreas productivas, formó parte desde el principio. La respuesta oficial a la denuncia de Telleldín se resume así:
- Un día después del cambo de gobierno, el 11 de diciembre de 2023, la firma Niu Pampeana promovió una demanda contra la Secretaría de Agricultura, persiguiendo la nulidad del acto administrativo que resolvió la suspensión de su matrícula como exportadora de ganados y carnes, y contra la disposición en la que se ordenó el decomiso de 13.532 cajas de carne.
- Luego de un largo receso, recién el 15 de mayo pasado “se notificó la demanda y la medida cautelar solicitada, siendo contestada por el Servicio Jurídico de la Secretaría”.
- El 18 de junio pasado, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por Niu Pampeana.
- Con ese aval judicial, durante agosto pasado desde el gobierno “se procede a continuar con los decomisos pendientes a fin de concluir el procedimiento dispuesto y no correr riesgos con posible vencimiento de la mercadería. Para esto se articula con Aduana, dado que la mercadería se encontraba en zona primaria y debía ser liberada”.
- En ese momento, la Aduanas “libera la mercadería de cuatro permisos de embarque pero deja retenida la de un permiso de embarque por encontrarse judicializada por ellos a raíz de una denuncia recibida”.
- El 20 de agosto “se firma un convenio de colaboración con la Fundación Banco de Alimentos a fin de brindar transparencia al destino de la mercadería decomisada y garantizar su entrega a comedores” y diez días después “se decomisan 27 toneladas que son entregadas a Banco de Alimentos, quedando 107 toneladas todavía pendientes a ser decomisadas”.
A partir de aquí, surge la sospecha de que esa última carga de carne, que el 30 de agosto salió de los depósitos donde estaba retenida hacia el Banco de Alimentos, haya llegado a destino o se haya comercializado ilegalmente, como indicó el abogado Telledín en su denuncia sobre ventas de esa carga al comercio minorista. “Ya si los del Banco de Alimentos están en la joda, hay muy poco para hacer en este país”, afirmó el conductor televisivo en la presentación de esta denuncio. Antes había preguntado Tomás Méndez, mirando a cámara y dándole espectacularidad al caso: ¿Pazo, te hiciste un asadito el domingo?”.
Según Economía, sin embargo, el Banco de Alimentos “entregó hasta el momento gran parte de la mercadería a diversas organizaciones sociales, detalladas en documentación enviada a la DNCCA como establece el convenio anteriormente mencionado, brindando alimentos para unas 19.000 personas de barrios vulnerables”.
Bichos de Campo volvió a consultar a esa organización solidaria y la respuesta también fue que la carga fue recibida el 30 de agosto, como estaba previsto y había sido convenido, y que fue distribuida “siguiendo los procesos habituales”. Quizás la única diferencia con la versión de Economía esté en la cantidad de carne, que baja de 27 a 26 toneladas. Aunque en rigor de verdad pueden tener razón ambos, porque en el acta de decomiso del Senasa se lee claramente que fueron 26.806,73 kilos.
Este lunes, además, el nuevo subsecretario de Mercados y Negociaciones Internacionales de Agricultura, Agustín Tejera, formuló una segunda denuncia penal contra la empresa ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, por todos los hechos mencionados y además porque detectó en mayo pasado que la empresa a la que se le decomisó la carne presentó a la justicia un intercambio con él con mensajes dirigidos a una dirección de correo electrónico (a.tejera@magyp.gob.ar) que era falsa.
“Resulta evidente que el propósito de la maniobra, cual es el de pre constituir falsamente pruebas destinadas a generar la convicción valorativa de que habrían existido comunicaciones previas por medio de las cuales la administración habría asumido compromisos para dejar de lado las sanciones por las infracciones en las que incurrió la Niu Pampeana y reponerla en el registro del que fue suspendida”, estimó el funcionario.
