Una de las pocas menciones que hizo el presidente Javier Milei sobre el agro en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1° de marzo, fue para adelantar que su gobierno impulsará “un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”, porque “no podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas, que no se pueden vender en Argentina”.
Todos entendieron que se refería al pedido concreto de Estados Unidos para que la Argentina adhiera al convenio internacional UPOV 91, que fija un marco más rígido que el actual en materia de defensa de la propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas semillas. De hecho, en contra de esa posibilidad, todas las entidades de productores prepararon su proyecto propio de ley para actualizar las normas, pero manteniendo al país dentro de la UPOV 78.
Como sea, en una alternativa o la otra, todo parece indicar que se procederá a construir un marco legal más sólido que impida el comercio ilegal de semillas o el uso propio indiscriminado. Y en ese sentido, todos los operadores coinciden en que cualquier esquema que surja será exitoso en tanto el Estado asuma su responsabilidad de efectuar controles adecuados sobre ese sector.
Esa tarea queda a cargo del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, que depende de la Secretaría de Agricultura y al cual un decreto presidencial publicado hoy en el Boletín Oficial, el 205/2026, le volvió a recortar estructura y algunas funciones.
Ha sido absolutamente contradictorio lo hecho hasta aquí por el gobierno libertario con ese Instituto, que deja superávit a las arcas del Estado, no cuenta con tanto personal y además tiene un manejo descentralizado. Primero se intentó su cierre, luego su subordinación total al Ministerio de Economía (en el mismo decreto impulsado por Federico Sturzenegger que planteaba la degradación también del INTA y el INTI) y ahora se aborda una importante reforma de su estructura, que tiene mucho olor a achicamiento.
En todo caso, parece que cada vez se aleja más la posibilidad de contar con un INASE en condición de realizar con eficiencia sus tareas asignadas.
El decreto firmado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo aprueba la nueva estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Instituto, deroga y reasigna funciones ejecutivas para su planta de funcionarios, y suprime las unidades de nivel departamental, entre otras decisiones.
Este es uno de los anexos de la norma:
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Una fuente entendida del funcionamiento del INASE explicó a Bichos de Campo que la norma básicamente apunta a un “organismo más pequeño”, donde se sacaron funciones ejecutivas o estructuras internas dentro de cada dirección que permitían un funcionamiento más operativo y con rangos. “Sin duda, apunta a bajar gastos”, especuló.
Como además se derogan departamentos que implicaban pagos superiores ´para los funcionarios a cargo de los mismos, esta fuente entiende que habrá “profesionales que cumplan funciones de líderes sin la justa compensación económica”, en una señal negativa de estímulos que se agrega a los bajos salarios pagados actualmente por le Administración Pública Nacional.
Todo en un contexto donde se está produciendo un éxodo del personal del instituto, motivado justamente por los sueldos demasiado atrasados respecto del sector privado. Pese a que había informes que decían que el Instituto estaba “subdotado” de personal, ya que tenía 240 personas que no alcanzaban para cumplir las funciones asignadas, desde que asumió el gobierno de Milei, en diciembre de 2023, se acumulan otras 60 bajas de personas que consideran que ya no sirve quedarse en el Estado más allá de su especialización en semillas.
El nuevo texto legal es bastante confuso en cuento a las oficinas regionales con que cuenta el INASE, que actualmente son 16. Por un lado parece querer cerrarlas, pero al mismo tiempo se establece que las mismas responderán ahora a una nueva dirección nacional de fiscalización.
En el recorte de departamentos, uno de los que desaparecería será el de control de calidad de la semilla, lo que supone una gran contrariedad. “Justo en momentos que se está por tratar una nueva ley de semillas que contempla los aspectos relacionados al uso propio, no se debería desjerarquizar el área de calidad de las semillas”, objetó nuestro informante.
Y completó: “El primer artículo de la ley hace referencia a que el INASE debe garantizar la calidad de la simiente que adquiere el productor. Por supuesto que el personal de ese departamento seguirá estando y trabajando conforme a las reglas ISTA, pero no parece la mejor decisión en estos momentos”.
Como punto a favor del decreto, este análisis consideró positivo que se crean dos nuevas direcciones nacionales dentro del INASE, la de fiscalización y la de registro de variedades, que en la estructura anterior de 2020 eran direcciones simples con función ejecutiva . Esa situación en aquel año generó por ejemplo, la renuncia de un valioso director y desigualdades internas.
