La ley 1173 de Agroquímicos de La Pampa data de 1989, y no suena raro que se necesite una actualización de la misma, ya sea según la mirada del gobierno o la de los productores. El nuevo gobernador Sergio Ziliotto recogió el guante en un contexto donde se reclama socialmente un mayor cuidado de la salud y el medio ambiente. Pero el proyecto de ley oficial es bastante restrictivo. El cuestionamiento más grande a nivel agropecuario pasa por las distancias que se pretenden fijar para las aplicación. Se reclama además que se reconozcan las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), ya que no son siquiera mencionada en la normativa.
Con el debate iniciado esta semana en la Legislatura provincia, uno de los que se puso a seguir este tema con atención es el periodista agropecuario Esteban Ocerín, del programa Pampa Rural de LU37 radio General Pico. El colega opinó a Bichos de Campo que, “a pesar de ser una ley vieja, en su momento fue pionera en Argentina, y es dentro de todo una muy buena ley de regulación de aplicación de agroquímicos en La Pampa, que salvaguarda la protección de la salud humana y de los ecosistemas. De todos modos está bueno que se llame a un debate integral para aggiornarla”, aclaró.
Ocerín precisó que el gobierno provincial “escucha a los grupos ambientalistas y pretende dar respuesta a ese sector que reúne un buen caudal de personas. Por eso decide tomar una medida y enfrentar un tema complejo como el cuidado del medio ambiente, que también está instalado a nivel de otras provincias y a nivel nacional”.
Pero para el periodista, “se trabaja con una cámara de legisladores que no tiene conocimientos al respecto, circunstancia por la cual se dificulta una rápida negociación. Deberían saber que en el campo hay muchos profesionales que se actualizan de modo permanente y aplican conocimiento a lo que hacen”.
A nivel agropecuario, uno de los cuestionamientos que se hacen al proyecto de ley, apunta a las distancias que se pretenden establecer para prohibir las aplicaciones terrestres alrededor de las zonas pobladas, las cuales deberían ser de 500 metros. Para las aplicaciones aéreas, el gobierno pampeano impulsa una distancia mínima de 3.000 metros del ejido urbano.
Frente a esta demanda, que suena exagerada para el sector, “los productores rurales pretenden que se les permita realizar aplicaciones terrestes a sólo 100 metros del ejido urbano y de 1.000 metros para las fumigaciones aéreas”, explicó Ocerín.
“Los reclamos más intensos provienen de los federados, quienes sostienen que con una restricción de estas características a un productor que, por ejemplo, dispone de 150 a 300 hectáreas, le comen su economía. Por eso creo que el tema de las distancias de aplicación será un punto a negociar y revisar”, agregó el periodista pampeano.
Para el tratamiento de la ley, la modalidad de trabajo a nivel legislativo, se realizará a través de dos comisiones, una con técnicos y productores, y la otra con diputados de la comisión de Agricultura, los cuales trabajarán junto a sus asesores para hacer, en ambos casos, aportes sólidos y sustentables.
