A principios de noviembre, el gobierno publicó la Resolución 37/2025, destinada a modificar las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y, aunque las principales bodegas festejaron, también apareció cierta preocupación entre productores vitícolas y bodegueros.
Bichos de Campo accedió a un análisis de la resolución que modifica o desregula significativamente el rol y funciones del INV, realizado por Natalia Palazzolo, politóloga y doctora en Ciencias Sociales, junto al agrónomo Luis Coita Civit, que además es enólogo y productor. Lo resumimos en esta nota.
Son 217 normativas del INV derogadas por la Resolución, a las que se suman 756 que corrieron la misma suerte durante el mes de octubre a través otra resolución, la 35/2025. Entre ambas redefinen más del 80% del histórico cuerpo legal de este organismo, pasando de “un modelo de control exhaustivo (en toda la cadena) a uno de fiscalización posterior centrado en el producto final”, según dicen los autores del informe.
Pero bajo la remanida justificación de modernización del instituto, “los efectos estructurales van más allá de la reducción de burocracia”, alertan.
El INV es un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Agricultura y, ahora también, del Ministerio de Economía. Se fundó en 1959, por intermedio de la Ley General de Vinos 14878, para fiscalizar la genuinidad de los productos y controlar toda la cadena vitivinícola. “Ni siquiera el ciclo de reformas de los años noventa avanzó tanto” aducen los autores, haciendo referencia a la orden de disolución emanada del Poder Ejecutivo Nacional de 1996, que logró revertirse con el Decreto 1084/96, del mismo año.
Estos especialistas sostienen que “la Resolución 37/2025 no desregula (sino que) traslada la regulación al mercado y delega la verificación al final de la cadena” y alertan sobre los efectos que esto trae aparejado para el pequeño productor de uva y el pequeño bodeguero.
Desde esta mirada, esta transformación puede sintetizarse así: “El INV deja de fiscalizar viñedos, cosecha, movimientos de uva y mosto, elaboración y transporte; y pasa a fiscalizar únicamente vino terminado con Certificado Analítico de Libre Circulación. Es un corrimiento del control preventivo al control posterior”, resumen.
Hasta la publicación de esta resolución el control era previo, anticipado y continuo en todas las etapas de la cadena, sea en el viñedo, la cosecha, la elaboración, el transporte y el fraccionamiento.
Se estimaban cerca de 5000 inspecciones presenciales en bodegas y viñedos, que se reemplazarían por muestreos del producto en el mercado, o sea que ahora la fiscalización será posterior y estará concentrada, única y exclusivamente, en el producto embotellado.
Otro aspecto fundamental, interpretan los autores del informe, es que la Certificación de Origen (CIU), “de añada y de variedades”, que eran obligatorias y emitidas por el INV para garantizar el origen geográfico y las características de la uva, pasan a ser optativas y a cargo del sector privado, sin que el instituto intervenga. Además, se eliminan los permisos de tránsito y las declaraciones juradas semanales, algo obligatorio desde el INV y que conllevaba sanciones a quienes no cumplieran con esos pasos.
“Como productor vitivinícola de la firma Lovaglio Wine, coincido con lo expresado en este informe. Debemos evitar maniobras que hagan desaparecer a pequeños y medianos productores al dejar libre al libre albedrío lo que respecta al origen de los vinos, evitando además grandes estafas al consumidor ya que se pierde toda trazabilidad. Esto sucede cuando no se da participación a todo el arco productivo para tomar decisiones de este tipo”, comentó Miguel Ángel Lovaglio, productor cafayateño.
Para los especialistas y productores, la modificación en torno a las certificaciones de origen, añada y varietal, constituyen el punto más conflictivo ya que “podría facilitar la mezcla de uvas de distintas calidades y orígenes, diluyendo el valor de las indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DOC)”.
La certificación del vínculo existente entre las calidades y variedades de las uvas y vinos con los territorios donde son producidos constituyen una estrategia de diferenciación y defensa para las pequeñas producciones locales, además de una certeza sobre el producto que llega a manos de los consumidores. El costo de una certificación privada puede significar una segregación de los mercados de alto o bajo poder adquisitivo, para quienes puedan afrontarlo y quienes no, algo que sucede, generalmente, con los productores menos capitalizados.
“El CIU era el momento cero de la trazabilidad. Es el insumo que hace matemáticamente posible reconstruir la cadena. Tres dimensiones lo explican: técnica: origen, kilos y tenor azucarino inicial (que permite estimar potencial alcohólico); económica: evita competencia desleal por adulteración, dilución o agregado de alcohol. Sin CIU, el que adultera mostos, diluye o estira, produce más volumen a menor costo, haciendo caer los precios de mercado; jurídica: era título probatorio en litigios productor-bodega sobre toneladas y calidades. Al volver optativos muchos de estos datos, ¿Con qué parámetros se contará para detectar inconsistencias entre la cosecha y lo que finalmente aparece como volumen de vino? ¿Cómo se evitará el estiramiento y con ello la competencia desleal? ¿Qué herramientas tendrá el productor para asegurar su producción y defenderla?” se preguntan estos especialistas.
Otra preocupación manifestada en el informe y por parte de los productores está vinculada al control de calidad y la seguridad del consumidor. Estos plantean dudas sobre si es suficientemente efectivo un análisis del producto final para detectar todas las posibles irregularidades como el uso de aditivos no permitidos, uvas de mala calidad sanitaria, etc.
“Al concentrar el control en el producto final, se elimina la supervisión en etapas críticas donde pueden ocurrir prácticas que afecten no solo la calidad, sino también se habilite un riesgo sanitario y reputacional”. Frente a eventos pasados de adulteración de vinos (que hasta terminaron con personas fallecidas) se hace difícil creer que los controles privados, entre actores regidos únicamente por “el mercado”, podrán ser efectivos para fiscalizar la calidad, origen e inocuidad, algo que los pequeños productores llevan como bandera, y contaban con el control estatal como un factor de nivelación frente a estructuras económicamente más desarrolladas.
Todo esto afecta, señalan los especialistas, la continuidad de los datos oficiales para el sector ya que “rompe la base estadística que el Estado utiliza desde los años 60 para conocer la estructura productiva del sector vitivinícola. Esa base de datos no era un simple registro administrativo: era el sistema nervioso de la política vitivinícola argentina, la fuente que posibilitaba diseñar políticas de reconversión varietal, administrar excedentes y prever precios de traslado. Su pérdida implica un vacío enorme”. Ya sabemos que la definición de una política pública efectiva será cada vez más lejana si no se cuenta con registros serios, profundos y de la mayor temporalidad posible.
Para estos analistas esta última resolución significa un hito en la historia de la vitivinicultura argentina. Bajo la promesa de mayor libertad, agilidad y competitividad se recurre a la “eliminación de controles estatales y la transferencia de responsabilidades al sector privado” abriendo un escenario de total incertidumbre.
Excede la discusión de trámites sí o trámites no, sino que trae aparejado el riesgo de perder la calidad y la reputación del vino argentino, y la salud de los consumidores, algo por lo que han trabajado tanto los pequeños y medianos productores y bodegueros, junto con el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
“La reputación del vino argentino se construyó con información previa al embotellado. Desarmar ese entramado no solo elimina control: también rompe la infraestructura que hacía posible equilibrar poder en la cadena y proteger la confianza del consumidor”, concluyen.
