El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, efectuó esta mañana una denuncia penal contra los directivos de la cooperativa de trabajo que opera las instalaciones del Frigorífico Máximo Paz, de esa localidad del conurbano bonaerense. Decenas de trabajadores de esa planta, considerada hasta ahora como un ejemplo de empresa recuperada por muchos funcionarios kirchneristas, irrumpieron el viernes en el edificio de Agricultura y amenazaron con prenderlo fuego si no se les devolvía de inmediato unas 740 medias reses interdictadas por el organismo porque no tenían un dueño visible. Por eso Bahillo pidió a la justicia que intervenga de inmediato y confirme el secuestro de esa gran cantidad de carne, que ya pudo haber sido volcada al mercado.
La versión oficial sobre los curiosos y violentos hechos está contenida en la denuncia que Bahillo, y a la que accedió Bichos de Campo. El funcionario, a fines de la semana pasada, se encontraba en Entre Ríos, pero reconstruyó los hechos a partir de una declaración de su subsecretario de Mercados Agropecuarios, Luciano Zarich. Este funcionario, que suele hacerse el “duro” y no recibe a casi ningún empresario del sector, debió recular el viernes, cuando un malón de trabajadores del Frigorífico Cooperativo Máximo Paz irrumpieron violentamente en el primer piso del edificio público de Paseo Colón 982, poniendo en aprieto a las fuerzas de seguridad, que llegaron a temer un enfrentamientos con los empleados.
Un día antes, el jueves 4 de mayo, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) que depende de Zarich había ordenado “interdictar” unas 740 medias reses bovinas que se habían faenado en Máximo Paz, afectando las ventas de la cooperativa. Esa enorme cantidad de carne se había faenado al parecer usando una matrícula falsa, que figuraba a nombre de una mujer de 37 años llamada Agreda Karla Edith Saldaña, extranjera y que goza de al menos dos planes sociales a su favor. La ONCCA es justamente el organismo que debe habilitar estas matrículas. Se desconoce como se le pudo haber pasado semejante caso de “prestanombres”.
Es que esta mujer de bajos recursos figura con varios números de CUIT y en uno de ellos aparece inscripta en la AFIP desde septiembre de 2022 en el rubro “Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo (Incluye matarifes abastecedores de carne, etc.)”. Por lo tanto la sospecha es que alguien inventó una matrícula a su nombre para poder justificar la faena de bovinos en negro. Y así pasó también los filtros de la ex ONCCA. De hecho, la denuncia de Bahillo afirma que “la persona Saldaña negó expresamente que la misma fuera de su pertenencia” al ser consultada por la propiedad de esta gran cantidad de medias reses.
La planta de la cooperativa Frigocarne de Máximo Paz, en el municipio de Cañuelas, había sido cerrada en el gobierno de Cambiemos en 2017 debido a que la ex conducción de la ex ONCCA detectó múltiples irregularidades: se aprovechaba de su condición como cooperativa de trabajo para eludir múltiples obligaciones impositivas y laborales. Con la llegada del peronismo al poder logró ser rehabilitada y se convirtió en un emblema de las “empresas recuperadas”, recibiendo cuantiosas ayudas y subsidios de parte del gobierno nacional, provincial y municipal.
El 15 de marzo pasado, por ejemplo, la planta fue visitada por la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso, y el director nacional de Empresas recuperadas, Eduardo Murúa. Y en diciembre los cooperativistas estuvieron con el secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales de la jefatura de Gabinete de la Nación, el Chino Navarro. Marisa Fassi, la intendenta de Cañuelas, también suele ser visitante asidua de la planta. Con subsidios oficiales la cooperativa levantó recientemente su sala de despostada.
La interdicción de las 740 medias reses parece haberle pegado bajo la línea de flotación de la cooperativa, que en vez de aclarar sobre dicha producción actuó de la peor manera. Un día después de la decisión oficial, a las 10 de la mañana del viernes 5 de mayo, decenas de trabajadores primero cortaron la Avenida Paseo Colón exigiendo una audiencia con las autoridades de la Secretaría “en reclamo de la liberación de la mercadería”, según dice la denuncia.
Tres dirigentes fueron recibidos primero por el subsecretario de Ganadería, José María Romero, quien les manifestó que la contraorden de liberar esa mercadería “solo podía ser ordenada la liberación a solicitud de quien acreditara su titularidad”.
Allí todo se salió de cauce. Bahillo denunció que “ante dicha respuesta, el resto de los manifestantes en un elevado número, ingresan violentando la entrada y toman dos tercios aproximadamente de la superficie del piso primero del ala del edificio en el que se encuentra el asiento del despacho (del secretario), entre otras dependencias”. Ante la irrupción violenta, la seguridad y el personal del organismo “lograron cerrar las puertas ubicadas en el pasillo interno y asegurarlas con trancas de protección”.
En esas circunstancias, Zarich fue convocado a negociar con los trabajadores. Tuvo que aceptar hacerlo, pues el jefe de la seguridad del ex Ministerio, “le hizo saber a dicho funcionario el riesgo inminente para la seguridad física del personal y del edificio que presentaba la situación”.
Junto a Romero, el subsecretario y ex interventor en la fallida intervención de Vicentin, se entrevistó nuevamente con las cuatro personas que invocaban la representación de los manifestantes”. Entre ellos estaba el presidente de la Cooperativa de trabajo, Miguel Saavedra, un asiduo visitante de muchos despachos oficiales.
Describe Bahillo: “Estas personas les exigieron la inmediata liberación de la mercadería bajo amenaza de poner fuego al edificio, mientras los manifestantes intimidaban con cánticos, golpes de puertas y ventanas y empellones contra una de las puertas del pasillo interno de la planta, próxima al Salón Gris, que había logrado ser asegurada por el personal de seguridad y los empleados”.
Como en un principio Zarich y Romero se negaron a levantar la interdicción, alegando que la mencionada Saldaña no reconocía la propiedad de la carne que figuraba a su nombre, “los referentes exigen la liberación de la mercadería bajo amenaza violenta, lo cual era acompañado por el recrudecimiento del accionar de los manifestantes que se encontraban en el mismo piso”.
Allí fue que el subsecretario Zarich al perecer no le quedó otra que retroceder: “Ante el desborde de la situación, manifestada por el mismo jefe de custodia, a fin de preservar especialmente a los trabajadores de la secretaría, y a cambio del retiro de los ocupantes, los funcionarios, bajo amenaza de los manifestantes y sus referentes de “romper y pudrir todo”, se vieron compelidos a suscribir al pie de una nota elaborada por ellos”. Insólito: funcionarios públicos, en un edificio público, firmando una nota escrita por privados.
Zarich, según dice la denuncia, fue obligado “bajo idéntica coacción, a remitir la nota firmada por foto y vía whatsapp al Director de Fiscalización para que actuara en consecuencia, tras lo cual, efectivizada la medida los ocupantes se retiraron del edificio”.
Y las medias reses quedaron, al menos por unos días, liberadas.
Como el secretario de Agricultura recién presentó la denuncia este martes, pidiendo a la justicia que intervenga y confirme la interdicción de las medias reses, puede ser posible que esta gran cantidad de mercadería ya haya sido volcada al mercado y por lo tanto haya desaparecido de las cámaras del “frigorífico sin patrón”, como se hace llamar la cooperativa de Máximo Paz.
Fuentes del sector dijeron que ayer lunes la planta estuvo operativa y faenando con normalidad. Como si nada raro hubiera pasado.
Esta es la denuncia completa a la que accedió Bichos de Campo:
IF-2023-52152508-APN-SAGYP%MEC (1)
