Quizás imaginando que muchos productores podían llegar a criticar a la Mesa de Enlace por “quitar” de la agenda de negociaciones con el gobierno el siempre complejo asunto de las retenciones, los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) prepararon una propuesta que “invita” al gobierno a reducir esos tributos aduaneros a la mitad a lo largo de 2023, como forma efectiva de colaborar con los productores agropecuarios afectados por la sequía.
El documento, que fue presentado a Sergio Massa en la reunión en el INTA Castelar, parte del supuesto que si el gobierno ya gastó un fangote de dinero en la implementación de un tipo de cambio especial y temporal para el complejo sojero, los llamados Dólar Soja I y II, bien podría ahora tener ese mismo gesto con los chacareros que están perdiendo mucho debido a la sequía, aplicando una rebaja a casi la mitad de las retenciones vigentes.
La soja, en este escenario ilusorio, dejaría de tributar el máximo de 33% para pasar a pagar solo 15,8%. Y así con todos los productos agroindustriales:
Nicolás Pino, presidente de la entidad, contó que “con respecto al tema retenciones, la Sociedad Rural Argentina le dejó al ministro de Economía un estudio económico por el cual se podrían reducir este año más de la mitad de este impuesto con el mismo costo fiscal que tuvo el dólar soja. Por otro lado y junto con la Comisión de Enlace, les solicitamos medidas para esta crítica coyuntura como ser: eliminación de anticipo de ganancias, eliminación de normativas que encarecen el crédito, etcétera”
La propuesta sobre retenciones es más bien curiosa. Por un lado, el departamento de estudios económicos de la SRA calculó para 2023 que los derechos de exportación pagados por el agro significarán unos 8.500
millones de dólares, con alícuotas que van del 4,5 al 33% según cada producto. El año pasado, y en buena medida acrecentada por los programas para incentivar la venta apresurada de soja, el ingreso del Estado por retenciones había llegado a 9.700 millones de dólares, una cifra récord.
La Rural calculó cuánto fue el costo fiscal que tuvo el mismo Estado por aplicar un tipo de cambio subsidiado para las exportaciones de soja y concluyó que sumando septiembre y diciembre éste fue de 4.437 millones de dólares. Esta cifra surge de sumar tres componentes (mayor deuda del tesoro, costo fiscal, y costo de programas fondeados), pero el primero es el más discutible. Es que se refiere a las Letra intransferible que el Tesoro le colocó al BCRA por 3.995 millones de dólares. Aunque son deudas asumidas por el Estado, tienen vencimiento recién al décimo año, en 2032.
A pesar de esta salvedad (el Estado se endeudó mucho a largo plazo para obtener recursos frescos de la cadena sojera de manera anticipada), para la SRA sería aconsejable que “con el mismo criterio que el gobierno impulsó el dólar Soja, y en el marco de la sequia, es posible reducir en forma proporcional los Derechos de Exportación, en un 52% en promedio a todas las posiciones
del sector agroindustrial, para la presente campaña.
No sé sabe qué hará Massa con este documento, máxime cuando fue la propia SRA la que en todo 2022 estuvo fagocitando recursos judiciales para impedir que sea el Poder Ejecutivo el que fije las alícuotas de modo automático, y sin el filtro necesario que debe pasar por el Poder Legislativo.
