El indicador de referencia global –elaborado por la OCDE– para medir el monto de subsidios agropecuarios sobre el ingreso rural total (Producer Support Estimate o por sus siglas PSE) fue en la Argentina del -11,9% en promedio en el período comprendido entre 2022 y 2024.
Es decir, el indicador elaborado por la OCDE originalmente para naciones desarrolladas, al ser aplicado en países disruptivos –como es el caso de la Argentina– genera un resultado negativo porque las políticas públicas, en lugar de apoyar al agro, lo perjudican a través de acciones que promueven una apropiación del capital del sector.
Por lo tanto, el “Estimador de Apoyo a los Productores”, en el caso argentino debería denominarse el “Estimador de Extracción a los Productores”, aunque sería demasiado confuso hacer tal aclaración.
Existe otra nación que en 2022/2024 también registró un PSE negativo del -11,9%. Se trata de Vietnam, una nación comunista que, en teoría, debería ser la antítesis de una Argentina gobernada por un gobierno supuestamente “libertario”.
La principal herramienta extractora de recursos del sector agropecuario en la Argentina son los derechos de exportación, que afectan principalmente a la soja y, en una segunda instancia, a los cereales. Ese mecanismo, según el informe de la OCDE, beneficia, por al alteración de precios relativos, a la carne porcina y los productores de huevos.
El gobierno comunista de Vietnam, que aplica restricciones comerciales para garantizar el abastecimiento interno de productos básicos, básicamente transformó en un servicio público la producción de caucho natural, té y carne aviar, mientras que subsidia a otras actividades, como es el caso del maíz y la ganadería bovina.
En cualquier caso, ambas naciones, con las diferentes particularidades políticas, sociales y económicas que tienen, llegan al mismo resultado al medir el impacto promedio general de la política agroindustrial, lo que no puede resultar extraño en un país comunista, pero ciertamente luce poco congruente en una nación que pretende venderse como el “faro de la libertad en occidente”.
Las naciones de base agroindustrial que son equiparables en términos culturales con la Argentina, como es el caso de Brasil, Australia, Canadá o EE.UU., cuentan con políticas públicas que apoyan la producción.
El apoyo a los productores a nivel global representó, en promedio, el 13% de los ingresos brutos agrícolas en los países desarrollados relevados por la OCDE y el 6,8% en las economías emergentes entre 2022 y 2024.
Los niveles más altos de apoyo, como porcentaje de los ingresos brutos agrícolas, se encuentran en Noruega, Islandia, Suiza y Corea, que ofrecen un apoyo superior al 40%, lo que implica que en esa naciones no habría actividad agropecuaria alguna sin ayuda estatal.
En lo que respecta a la evolución de los apoyos al sector agropecuario, se evidencia un crecimiento notable en el caso de China durante la última década, lo que refleja los esfuerzos del Partido Comunista Chino para reducir –en la medida de lo posible– el gigantesco volumen de importaciones de productos agroindustriales.
El informe de la OCDE destaca que las políticas de apoyo agrícola generaron, en promedio, 842.000 millones de dólares anuales en transferencias para la agricultura en el período 2022/2024 en los 54 países relevados en el informe. La mayor parte del apoyo se destinó a los productores, mientras que una menor proporción se distribuyó entre el sector en su conjunto o los consumidores.
Al mismo tiempo, aquellos países que aplican políticas que provocan un apoyo negativo a los productores generaron una transferencia de recursos estimada en 179 000 millones de dólares anuales durante el mismo período.
