En Tucumán, un caso judicial mantiene enfrentadas hace diez años a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y a las cuatro principales empresas citrícolas del país. Se debe a una deuda que las firmas Argenti Lemon, Citromax, Citrusvil y San Miguel mantienen desde 2015 con aquella institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, que ya escaló a los casi 7 mil millones de pesos, y sobre la que ahora deberá resolver la Corte Suprema tucumana.
La deuda que la Estación reclama surge de lo dispuesto en la Ley 5.020 y sus modificaciones, que establece su creación, lineamientos y competencias, y que define en su Artículo 9 los fondos con los que se constituirá. Estos provienen de las distintas cadenas agroindustriales que se benefician con los aportes de aquel ente de investigación.
Si bien hasta la década de 1980 el sector azucarero –uno de los principales rubros productivos de Tucumán- fue prácticamente el único aportante, con la diversificación de la matriz productiva y la realización de nuevas líneas de investigación, se sumaron los aportes de otros sectores.
Es así que para 1990 el sector de granos y el citrícola comenzaron a destinar ingresos a la Estación. Con el tiempo se sumar otros como el sector frutícola, teniendo en cuenta que la producción arandanera también reviste una gran importancia en la provincia.
“Aquí hay que entender que la Estación Experimental, que tiene más de 115 años, es una entidad sostenida y dirigida por el sector privado. Está vinculada al gobierno pero se sostiene con el sector privado. Con esos fondos, la Estación funciona, se financia, paga sueldos, invierte en infraestructura. Y lógicamente, no podemos desatender las líneas de trabajo que apuntan al sector privado”, explicó a Bichos de Campo Hernán Salas, director técnico de la EEAOC.
“Al depender de producciones que están atadas a los vaivenes de la biología y los mercados, nosotros de repente podemos estar frente a un azúcar muy bien valuado, o frente un producto con bajo precio. Los malos precios pueden afectar a todo, al azúcar, al limón, a los granos. El segundo punto que nos puede afectar, es la falta de aportes de determinados sectores”, señaló a continuación.
Mirá el texto completo de la norma, acá:
TC5020
En 2015, una situación complicada de mercado llevó al gobierno provincial de turno a modificar los aportes previstos en la ley, sobre todo en aquellos casos donde la producción sea procesada en Tucumán.
En el caso citrícola, en particular, la normativa definió que se deberá aportar una tasa equivalente al 0,5% de la producción que se industrialice, de parte de cada una de las firmas que realicen ese proceso.
“Cuando se produce la modificatoria, la gran mayoría de los productores la acató. Solo entre 8 y 10 empresas decidieron judicializar la medida por no estar de acuerdo. De ese número, la mitad resolvió el asunto y está pagando normalmente. Ahora solo quedan 4 empresas en litigio, que son las 4 citrícolas más importantes”, indicó Salas.
Uno de los principales argumentos de las empresas era que resultaba incorrecto gravar la producción industrial y la consecuente obtención de derivados, ya que la Estación no tenía incidencia en ese rubro. Si bien es cierto que la mayor inversión en esa área la hicieron estas firmas privadas, el ente técnico sí realizó sus aportes en materia de investigación y desarrollo.
El planteo de fondo quedó resumido en que para las empresas la modificatoria a la Ley 5.020 era inconstitucional. Eso inició un largo camino judicial que tuvo un primer revés para esas firmas, cuando la Justicia resolvió que la ley en cuestión era constitucional.
Posteriormente, y según recuerda el sitio Tendencia de Noticias, el Juzgado de Primera Instancia de Cobros y Apremios resolvió que las citrícolas no estaban en condiciones de efectivizar los pagos de los pasivos correspondientes, al estar inmersas en un régimen de emergencia económica.
Fuentes del sector citrícola desmintieron a Bichos de Campo que ese sea el real estado de las firmas, sobre todo teniendo en cuenta que ellas son algunas de las que mantienen contratos con la principal envasadora de gaseosas, Coca-Cola.
Se trata de acuerdos comerciales que le permiten a esas empresas obtener abultados ingresos por la venta de aceite, lo que las deja en una situación mucho mejor a la que enfrentan otras firmas, que en algunos casos apenas pueden sobrevivir a la caída de precios de los subproductos principales (jugo, aceite y esencia).
Frente a esto, la EEAOC apeló la medida, recurso que fue aprobado por la Cámara de Apelaciones, que estableció el revocamiento de la sentencia dictaminada en primera instancia. Según justificó, la entidad no está comprendida dentro del sistema aludido por lo que debe ser resarcida conforme lo establecido.
Dado que las empresas interpusieron luego un recurso de casación ante la Corte, el directorio de la EEAOC decidió finalmente realizar una demanda penal contra los accionistas de las citrícolas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió entonces elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
De acuerdo con lo que informó Tendencia de Noticias, el desagregado de la deuda se ve de la siguiente forma: Citrusvil SA debe en total 2.478.519.322,10 pesos; San Miguel AGICIYF debe 1.658.734.606,46 pesos; Argenti Lemon SA debe 1.315.809.326,02 pesos; y Citromax debe 1.449.779.938,07 pesos. Esto da una deuda total de 6.902.843.192,56 pesos.
“Tenemos que ver los balances de esas empresas, pero te diría que son las únicas que no están en crisis en toda la actividad citrícola”, afirmó una fuente del sector a este medio.
-¿En qué situación financiera está la Estación frente a esta deuda? ¿Afecta su funcionamiento?- le preguntamos a Salas.
-Afecta. Gracias a dios no hemos llegado al punto de no pagar sueldos, pero afecta porque hay muchas inversiones pendientes de realizarse, mejoras salariales, mantenimiento edilicio, actualización de instrumental, de vehículos. Son todas cosas en las que estamos atrasados. Si bien hoy no estamos sufriendo un déficit de manera aguda, es un panorama que tiende a que la institución se vaya descapitalizando. Y es muy valiosa, tiene 115 años.
-¿Qué siente cuando un ente como este, que busca investigar e innovar en tecnología para la producción del sector privado, no recibe los aportes de ese mismo sector?
-Siento mucha preocupación, porque considero que el fin fundacional de la institución fue siempre brindar soluciones y aportes a los problemas de la actividad agroindustrial de la provincia. No poder hacerlo, porque no tenemos los recursos, realmente es preocupante.
Salas indicó a este medio que desde la Estación esperan confiados en la resolución del asunto por parte de la Justicia.
