El trigo en la Argentina tiene un precio intervenido por un derecho de exportación del 12,0% que se aplica sobre el valor FOB del cereal. Pero no es el único “recorte” vigente sobre ese grano.
Además, el cultivo está gravado por una suerte de “retención cambiaria” que se aplica, claro, no sólo al cereal, sino a todos los bienes y servicios exportables.
La “retención cambiaria” es producto, precisamente, del “cepo cambiario” instrumentado por el gobierno de Mauricio Macri a comienzos de septiembre de 2019 por medio de la comunicación “A” 6770 del Banco Central (BCRA) y reforzado por la actual gestión de Alberto Fernández.
Para medir el impacto de la “retención cambiaria” es útil recurrir al denominado “dólar bolsa” o “dólar MEP”, el cual se obtienen al comprar un bono argentino en pesos (AY24) que posteriormente es transformado en otro bono en dólares (AY24D).
Sin “retención cambiaria”, el empresario agrícola argentino estaría recibiendo hoy más de 32.000 $/tonelada al vender en el disponible trigo condición cámara con entrega en Rosario, mientras que el precio con “retención cambiaria” es de 19.200 $/tonelada. Eso porque mientras que el tipo de cambio oficial, es decir, intervenido por el gobierno nacional, se encuentra en 93,0 $/u$s, el dólar MEP cotiza en 149,6 $/u$s.
La “retención cambiaria”, al igual que la inflación generada por la emisión monetaria sin respaldo, es un impuesto indirecto o “encubierto”, pero con la particularidad de que termina distorsionando los valores relativos de los diferentes bienes presentes en la economía, fenómeno que, continuado en el tiempo, puede producir desinversiones en áreas estratégicas o promoverlas en otras no esenciales.
La enorme brecha existente entre el “trigo disponible” y el “trigo MEP”, por otra parte, constituye una fuente de oportunidades enormes para aquellos empresarios agrícolas que cuentan con una sólida educación financiera respecto de aquellos que emplean herramientas convencionales para comercializar su producción.
