La tradicional columna empresaria de Marcelo Bonelli dice que el Gobierno podría elevar a 24% (es decir al doble) las retenciones en trigo y el maíz por 90 días, mientras dure el conflicto bélico. La novedad provocó una ola de rumores y temor en el sector agropecuario. En Bichos de Campo no nos asombra que Bonelli no piense demasiado en lo que escribe, pero nos asusta la estupidez de sus fuentes, que queda en evidencia con solo saber ciertos datos.
Este es el párrafo que escribió el periodista, sin revelar de dónde proviene la información:
Sería bueno que alguien le recuerde al boludo/a que escribió el proyecto (Bonelli habla de un DNU, es decir que ese personaje estaría cerca de Alberto Fernández, el único que puede firmar decretos) que ya no queda casi trigo para exportar. Y que por lo tanto le va a poder cobrar las mayores retenciones pretendidas solo a mafangulo.
¿Cómo es esto? Pues si, no queda casi trigo para exportar. Las cerealeras ya compraron 14,3 millones de toneladas y declararon DJVE (Declaraciones Jurads de Ventas al Exterior) por 13,6 millones. Es decir, queda casi nada del saldo exportable de 14,5 millones definido por el propio Ministerio de Agricultura, como parte de los llamados “volúmenes de equilibrio”. Estas son las cifras oficiales al 2 de marzo pasado:
En maíz la cosa no está tan ajustada, pero el panorama es bastante parecido. El gobierno habilitó exportaciones por 25 millones de toneladas del maíz de la campaña 2021/22, de las cuales las exportadoras ya adquirieron 16,2 millones de los productores y declararon haber vendido 22,5 millones.
Estos son los datos oficiales:
¿Qué implica que las cerealeras hayan presentado DJVE anticipados de sus embarques? Pues que congelan el negocio al día de esa presentación, fijando el precio y la retención correspondiente a esa fecha. Es decir, casi todo el trigo y el maíz se vendieron con la retención del 12% vigente hasta ahora.
Si acaso fuera un kirchnerista el que ahora promueve el DNU de Alberto habría que echarlo por doblemente boludo. Ya en noviembre de 2007, cuando ganó Cristina su primera elección, Néstor le subió las retenciones de la soja del 27,5% al 35%. Pero a esa altura ya tenía media cosecha declarada a la alícuota previa vigente. Es decir, si suben ahora las retenciones no cobrarán casi nada y repetirán la historia.
Lo mismo, ojo, sucede con los productores, que se apuraron a vender y ahora no podrán aprovechar tampoco la suba de los cereales.
Siempre se cuenta que la reacción de Néstor y Cristina al imponer meses después las retenciones móviles previstas en la Resolución 125 (de la cual se cumplen hoy un nuevo aniversario) tenía que ver con aquello: en diciembre de 2007 se quedaron con las ganas de manotear su parte de la renta agrícola (por ese entonces los granos habían comenzado a subir fuerte, como ahora) y entonces fueron a la carga por todo. Sucedió lo que todos sabemos que sucedió: el campo se sublevó y todo terminó con el voto no positivo de Julio Cobos en el Congreso.
Raúl Alfonsín, en su últimos aportes a la cosa pública, advirtió de esta maniobra (legal, por cierto) de adelantar las DJVE que hacían las cerealeras. Por eso a fin de 2007 en el Congreso se discutió y se sancionó la llamada Ley Martínez Raymonda, que las obligaba a tener comprados los granos a los chacareros antes de concretar su exportación mediante la DJVE y poder así congelar las retenciones. Nacieron las llamadas “retenciones retroactivas”, que el fisco reclamó pero jamás recuperó. Esa ley sigue vigente.
Lo mismo le sucedió a Alberto entre que ganó las elecciones primarias en agosto y asumió en diciembre de 2019. Era sabido que ni bien llegara iba a reimplantar las retenciones.
Las cerealeras, que boludas no son y son capaces de fumarse a los dirigentes kirchneristas debajo del agua, ahora tiene casi toda la cosecha de trigo y maíz ya exportada, pero también compraron antes los granos que necesitaban de los productores, cumpliendo con dicha legislación. Con lo cual no correrían riesgo de ninguna revisión posible de esos contratos de parte de las autoridades. Por lo tanto, chito.
Pero además, en la inmensa mayoría de los casos, el sector exportador ya desembolsó al menos el 90% de las retenciones correspondientes a las DJVE que presentó, porque desde hace rato (Ricardo Echegaray mediante, cuando comandaba la AFIP) que es así: el Estado te cobra ese peaje por anticipado si querés exportar anticipando tus ventas algunos meses, como requiere el negocio de los cereales.
Por eso en mi caso particular descreo de que el gobierno vaya a duplicar las retenciones del 12 al 24%, como dice la versión que echa a rodar Bonelli. Es decir, supongo que en el gobierno posiblemente haya un boludo pensando en esto, pero aviso que será en balde, pues no le queda casi nada por cobrar. Esto sin entrar en las consideraciones políticas de una eventual suba del tributo.
¿Cuáles son las consideraciones políticas? En primer lugar que ni siquiera se sabe si Alberto está en condiciones legales de emitir un DNU fijando alícuotas de retenciones, pues las “facultades delegadas” por el Congreso para que lo haga vencieron el último 31 de diciembre. Estaban fijadas en la Ley de Emergencia Económica que se dictó cuando asumió, en diciembre de 2019.
Allí mismo, en un artículo específico, se establecía además que las retenciones a la soja no podrían superar el tope de 33% (que ya alcanzaron) y que el resto de los productos agropecuarios no podría superar el 15%. Si el gobierno pensara en subir trigo y maíz a 24% estaría borrando con el codo lo que sus propios diputados escribieron con la mano.
El gobierno había pensado extender la potestad cedida al Ejecutivo para fijar las retenciones. Pero como no hubo aprobación del Presupuesto 2022, donde se preveía ese asunto, las bibliotecas se dividen respecto de esta cuestión. La Rural, por ejemplo, cree que las actuales retenciones son inconstitucionales y por eso presentó un amparo. En el gobierno dicen que como se prorrogó el presupuesto entonces también corren con vida las facultades delegadas.
En todo caso, la eventualidad de un DNU abriría de inmediato un flanco judicial que no sabemos si Alberto soportaría: puede suceder que un juez le diga al día siguiente no solo que no puede aplicar aumentos de las retenciones sino que además ordene la intervención del Congreso. Sería lo lógico para discutir un nuevo esquema con todas las de la ley.
En Diputados, el Frente de Todos acaba de votar dividido el acuerdo con el FMI. ¿Se imaginan que podría suceder allí si se habilita un debate largamente pendiente sobre las retenciones? Esta vez la escribana debería revolcarse con medio país para lograr que se lo aprueben.
En fin, mientras escribo estas líneas me dicen que el rumor del DNU lo echó a rodar el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, ex alfonsinista y todo lo demás. Como sé de quien abreva ese legislador, entonces me queda claro que lamentablemente sí hay gente que estudia elevar las retenciones a pesar de que va a lograr flor de quilombo por hacerlo a cambio de un mango con cincuenta.
Entonces confirmo que sí, que estamos gobernados por boludos.
