Durante su pasó por la última edición de la Exposición Rural de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, volvió a cuestionar la decisión del gobierno de modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, diluyendo el rol de los entes sanitarios y fundaciones que coordinaban las campañas para permitir que cada productor elija el veterinario que quiera para aplicar las vacunas.
“Está en riesgo el estatus sanitario de la Argentina y se pone en peligro la sanidad de nuestro rodeo”, afirmó el dirigente, que no dudó en mostrar las cartas de aquella entidad. “El gobierno cometió un error y tenemos todo este año para revertir esta medida”, sostuvo en este sentido. La norma tiene nombre y apellido: la impulsó el ministro desregulador Federico Sturzenegger.
Cabe recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 201/2026 de Senasa, los cambios –que incluyen la posibilidad de contratar veterinarios privados para realizar la vacunación- no entrarán en vigencia sino hasta el 1° de enero de 2027.
“La sanidad animal no es un costo, es una inversión estratégica”, advirtió Castagnani que, en línea con un comunicado previo de CRA, sostuvo que la decisión podría impactar directamente en la producción, en el acceso a mercados y en la previsibilidad del sector ganadero. Vale aclarar que la mayoría de las fundaciones están alineadas con las sociedades rurales de base que conforman esa entidad.
En San Julián, a pesar de estar dentro de una región cuyo estatus sanitario es de libre de aftosa sin vacunación, el ruralista destacó otros roles claves de las fundaciones, como es el caso de su lucha contra la sarna ovina.
“Es un problema sanitario serio. Si no se aborda de manera coordinada, puede generar consecuencias muy graves para la producción y el bienestar animal”, sostuvo respecto de un flagelo que crece en la Patagonia.
Y añadió: “No podemos retroceder en lo que llevó años construir”.
