El presidente argentino Alberto Fernández –tal como lo había hecho ya en septiembre pasado– aprovechó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se está realizando en Escocia, para reclamar el diseño de “mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos e instalar el concepto de deuda ambiental”.
El concepto es interesante, especialmente si se tiene en cuenta que la Argentina, al igual que la mayor parte de las naciones sudamericanas, cuentan con “superávit ambiental”.
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Pero, a diferencia de Brasil, que presentó al agro como eje central de las políticas orientadas a mitigar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el presidente argentino dejó afuera al principal sector económico del país.
Al detallar las políticas que impulsó Argentina para favorecer el desarrollo sostenible, Fernández –según un comunicado oficial– nombró “un marco legal para erradicar la deforestación ilegal y proteger los bosques nativos; tecnologías de punta en materia de emisiones de metano (sic); un proyecto de ley sobre electromovilidad enviado al Parlamento; proyectos para establecer el hidrógeno como nuevo vector energético y un cambio cultural a través de la ‘educación ambiental’ en nuestros programas oficiales”. Es decir: ni una palabra sobre agro.
Es una pena porque en la Argentina existe un número muy importante de empresas agropecuarias que están implementando sistemas productivos regenerativos basados en la siembra directa y el mantenimiento del suelo siempre cubierto y con presencia de raíces vivas, además de la forestación, la implementación de sistemas generadores de biogás a partir de residuos biológicos y la producción de biocombustibles.
Esa estrategia, que es precisamente la que está promoviendo el Estado de Brasil con el propósito de crear un marco institucional que permita generar un gran mercado de bonos de carbono, está completamente ausente en la agenda de trabajo del gobierno argentino.
Alberto Fernández además aseguró en la COP26 que “los organismos multilaterales de cooperación deben comprometer al menos el 50% de su cartera de préstamos a acciones ambientales” para lograr una “transición hacia un modelo de desarrollo integral, sostenible e inclusivo”.
Si bien omitió recordar que el país que preside está a un paso de entrar en default con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández afirmó que “sin financiamiento sostenible no habrá desarrollo sostenible y las responsabilidades, si bien comunes, son diferentes entre países”. Y luego insistió que “el mundo en desarrollo necesita financiamiento genuino para avanzar con la agenda (ambiental)”.
La actividad de la COP26 fue encabezada por el primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Boris Johnson, y por el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi.
