Dos de las cuatro entidades gremiales agropecuarias argentinas recordaron –a pocas horas del tratamiento de proyectos legislativos en la materia– que ya existen varias normas vigentes diseñadas para proteger a los humedales.
Tanto Confederaciones Rurales (CRA) como Federación Agraria (FAA) señalaron que las leyes Nº 25.675 (“Ambiente”), Nº 25.335 (Ratificación del convenio Ramsar para la protección de humedales), Nº 25.688 (“Gestión ambiental de aguas), Nº 26.815 (“Manejo del fuego) y Nº 26.652 (“Quemas controladas) tienen todo lo necesario para proteger a los sectores del territorio definidos como humedales. Además, existen muchas normas provinciales que complementan los presupuestos mínimos diseñados por las normas nacionales.
“Sin embargo, actualmente más de una docena de proyectos de distintos partidos políticos sobre ‘presupuestos mínimo’ para el humedal se debaten en el Congreso Nacional”, advirtió CRA por medio de un comunicado.
“La sobreabundancia y superposición de legislación no evita los daños. Lo que previene los siniestros y conserva el ambiente es cumplir las leyes vigentes. Hagámoslo”, solicitó la entidad agropecuaria.
CRA solicitó a los legisladores que evalúen el marco normativo actual y su aplicación práctica “porque no se trata de sumar capas legislativas, sino de su cumplimiento, sus medios y sus resultados”.
En este sentido, Génesis Rural contactó a Fernando Boracchia, coordinador de Medio Ambiente de esa entidad ruralista, en relación con dicho comunicado y esto fue lo que dijo:
En tanto, FAA señaló que “no hay dudas de que hay que dar una solución ante los incendios y otras cuestiones vinculadas con la protección de los humedales; sin embargo, como entidad estamos convencidos de que no se trata de dictar nuevas leyes ni de hacer un uso oportunista o político de este tema”.
Al respecto, FAA aseguró que “el problema más grave que tenemos como país es que el Estado no cumple adecuadamente sus obligaciones de contralor y aplicación fehaciente de esas normas”. Y que promover una nueva legislación al respecto implica “avanzar hacia una contaminación normativa, resultante de apuros políticos y no de un abordaje serio e integral de estos ecosistemas; no es una buena alternativa, pues en lugar de solucionar problemas crearán otros”.
En ese sentido, desde FAA destacaron la importancia de que los Estados nacional y provinciales avancen en la fehaciente aplicación y observación de las normas vigentes, así como también que se termine “con los abordajes facilistas que buscan demonizar a los productores agropecuarios”.
