El adelantamiento de agrodivisas por 7000 millones de dólares, vendido en términos comunicaciones como “suspensión” de derechos de exportación, promovió un perjuicio para la economía argentina.
La medida intervencionista, decidida un domingo y anunciada el lunes siguiente (improvisación al mango), al incentivar en apenas dos días registraciones masivas de embarques de productos agroindustriales que iban a producirse en el términos de al menos un semestre, provocó (y seguirá provocando) una sangría de divisas en una economía afectada por la escasez de ese recurso.
Un ejemplo concreto de ese drama podemos advertirlo con la reciente fase alcista que vienen registrando los valores internacionales de la harina de soja, que es el principal producto de exportación argentino, tanto en volumen como en divisas generadas.
En el caso de la harina de soja, se registraron el 24 y 25 de septiembre pasado, en el marco del régimen de “suspensión” de retenciones, un total de 6,66 millones de toneladas.
En ambas fechas, los valores FOB oficiales al momento de registrar una Declaración Jurada de Venta Externa (DJVE) de harina de soja para embarques en el presente mes de noviembre –por ejemplo– eran de 280 y 281 u$s/tonelada. Actualmente ese precio es de 352 u$/tonelada. Es decir: una diferencia de ¡más de 70 u$s/tonelada!
Como la normativa vigente dispone que el valor por liquidar de la operación de comercio exterior de productos agroindustriales se determina en función del valor FOB registrado en la DJVE, eso implica, considerando sólo los embarques del presente mes de noviembre declarados en el marco del régimen de “suspensión” de retenciones, una pérdida estimada superior a 100 millones de dólares.
Si bien no es sencillo realizar un análisis contrafáctico de la situación porque no existe manera de poder predecir cómo hubiese sido la gestión de los DJVE sin la intervención del gobierno, es evidente que, sumando las 13,2 millones de productos del complejo sojero que se inscribieron en el régimen de “suspensión” de retenciones, estamos hablando de una cifra de pérdida potencial de divisas por demás cuantiosa.
Si la Argentina fuese un país normal, el momento de registración de los embarques sería decidido por las empresas exportadoras en función de la dinámica del mercado agrícola y no a partir del pedido desesperado realizado por un ministro de Economía urgido por acumular divisas para poder seguir interviniendo el tipo de cambio.
Además de perder divisas por desincentivar a la producción agrícola por medio de los derechos de exportación –sin considerar además el efecto pernicioso de la intervención del tipo de cambio–, el país se desangra por medidas intervencionistas que, buscando solucionar cuestiones de corto plazo, siguen sumando problemas en el mediano y largo.
Haber logrado controlar el descalabro inflacionario heredado de la irresponsable gestión anterior ciertamente representa un logro enorme. Pero con eso sólo no es suficiente. Se requiere una gestión de la política económica con una mirada integral que logre poner en marcha la capacidad productiva presente en la Argentina, que por fortuna es mucha, aunque no tan grande como la capacidad de daño de la corporación política.
