Alejando los fantasmas de una posible avanzada del Estado (en este caso provincial) sobre el comercio de granos, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca firmó una adenda con la empresa Cargill que implica la extensión del contrato de concesión de uso otorgado a la cerealera hasta 2041, a cambio de una serie de inversiones que totalizarán un total de 34.450.000 dólares.
El acuerdo fue rubricado por el presidente del ente portuario, Federico Susbielles, junto con el director asociado Carlos Sosa; mientras que en representación de la empresa estuvo en carácter de apoderado Diego De Pablo.
“Esta renovación es una confirmación más respecto del potencial y la consolidación productiva del puerto de Bahía Blanca”, expresó Susbielles.
Por su parte De Pablo sostuvo que “esperamos que las inversiones en el puerto superen lo comprometido” y recordó: “Cuando empezamos a hablar de este proyecto estuvo siempre la confianza mutua de firmar el acuerdo”.
Desde el ente portuario se destacó que el proyecto global incluye inversiones extra portuarias por 8.650.000 dólares, destinadas a ampliar la capacidad de acopio de la empresa. “Estas inversiones son de importancia estratégica ya que contribuyen a ampliar el hinterland portuario e impulsar el uso del ferrocarril para la llegada del producto”, agregó el Consorcio de Gestión en un comunicado.
Por último aseguraron que el compromiso del Consorcio y de Cargill “se materializa en el proyecto de inversión que refuerza el compromiso de las partes y en la relación que los une, permitiendo incrementar los volúmenes operados, con el consecuente impacto positivo en la generación de mano de obra de calidad y el nivel general de actividad”.
La rúbrica aleja el temor de que el gobierno provincial, dirigido por Axel Kicillof, decidiera avanzar con una estatización de las instalaciones y los elevadores portuarios, que fueron provincializados y concesionados a los privados a partir de la disolución de la Junta Nacional de Granos (ex JNG) en 1992.
Ese temor había renacido a partir de la existencia de un proyecto de ley de una diputada oficialista para no renovar la concesión por 30 años de Terminal Quequén SA, la firma que maneja los elevadores principales en la otra gran estación marítima de carga que tiene la provincia de Buenos Aires, en el puerto lindero a la ciudad de Necochea.
