A poco más de un año del polémico proyecto de ordenanza que el justicialismo presentó en la santafesina de Rafaela, y que proponía prohibir los agroquímicos en un radio de 2 kilómetros alrededor de la ciudad, el Consejo Municipal de esa localidad finalmente determinó un nuevo límite mucho menos drástico y menos dañino para los productores de ese periurbano.
En una extensa sesión este jueves, y luego de discutir la propuesta prohibicionista del oficialismo, se analizaron otras dos alternativas que proponían límites más moderados para el uso de estos insumos. Finalmente, con cinco votos a favor se definió una zona de exclusión total de 50 metros, una de amortiguamiento de 150 metros donde se permitirá la aplicación de productos biológicos, y 800 metros más para el uso exclusivo de productos banda verde y azul, siempre que las aplicaciones se hagan bajo estrictos controles municipales.
En diciembre del año pasado Bichos de Campo abordó la polémica que rodeaba la actualización de la ordenanza 3600/03 para la aplicación de fitosanitarios en Rafaela. Hasta ese momento, tanto productores como técnicos coincidían en la necesidad de renovar la normativa que fijaba un límite agronómico de 200 metros. Sin embargo, nadie imaginó que el oficialismo presentaría una iniciativa para establecer una zona de exclusión de 1000 metros y una de amortiguamiento de otros 1000.
Mirá la propuesta oficialista acá:
“En un momento como el que estamos viviendo, pasar de 200 metros a 2.000 es dejar improductivo prácticamente al distrito de Rafaela”, había declarado en su momento a este medio la titular de la Sociedad Rural de esa localidad, Norma Bessone.
De nuestro archivo: En Rafaela piden 2 kilómetros de distancia para los agroquímicos: Para Norma Bessone, titular de la rural, el distrito quedaría así “virtualmente improductivo”
¿Qué estaba en juego? Según señaló la periodista local Elida Thiery, nada menos que el destino de 4358 hectáreas -el 26% del distrito-, el sostenimiento de casi 26 productores de 15 establecimientos, siete tambos –incluidos los de la experimental del INTA de esa zona- con 49 familias empleadas y 408 empresas proveedoras del sector, además de profesionales y actividades anexas a la producción agropecuaria.
Fue por este motivo que se presentaron dos proyectos alternativos al impulsado por la concejala justicialista Brenda Vimo. Uno fue el de Lisandro Mársico, del Partido Demócrata Progresista, que propuso mantener el límite periurbano de 200 metros y sumarle otros 300 metros para las aplicaciones terrestres de productos banda verde (clase toxicológica IV), y excepcionalmente banda azul (clase toxicológica III) si no se pudieran reemplazar por otros.
Además propuso prohibir la aplicación en esa zona de productos banda amarilla y roja, de fitosanitarios volátiles, y dentro de los 1000 metros desde plantas urbanas, escuelas, cursos de agua y asentamientos poblacionales la utilización del 2.4.D en su formulación isobutílica.
Por último este proyecto agregaba que en un plazo de 12 meses, los productores linderos al ejido urbano deberían colocar una cortina forestal a modo de barrera. Para eso se contaría con la asistencia del INTA y del Municipio, el cual se encargaría de donar las especies.
La segunda alternativa presentada fue la de Leandro Viotti, de la UCR, que definió un área de exclusión de 50 metros, en la que no se podría aplicar ningún fitosanitario. A ella le seguiría un “cinturón agroecológico” de 150 metros en donde sólo se podrían aplicar productos orgánicos. Dicha franja podría ampliarse a los 250 metros en 2025, si se obtiene un dictamen conjunto del Consejo Ambiental y del Instituto de Desarrollo Sustentable.
Finalmente se propuso un tercer cordón de 800 metros donde podrían realizarse aplicaciones restringidas y fiscalizadas de productos biológicos, banda verde y excepcionalmente banda azul. Al igual que en el caso anterior se prohíbe el uso del 2.4 D esterisobutílico.
Un dato importante es que las tres propuestas coincidieron en la prohibición de las aplicaciones aéreas, en la obligatoriedad del uso de receta agronómica y del control de un profesional, en la negativa al tránsito de pulverizadoras dentro de la ciudad y en la disposición correcta de los envases de fitosanitarios.
Previo a la sesión que se realizó ayer en el Consejo Municipal, que inició de mañana y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, se realizaron algunos encuentros informales entre concejales y familias involucradas en la producción en el periurbano. Sin embargo de los mismos nunca participó el oficialismo, ni tampoco se invitó a los referentes regionales y locales del INTA para obtener una mirada científica del asunto.
Durante el debate el justicialismo apeló a golpes bajos y a afirmaciones sin demasiada evidencia, como el aumento de internaciones por cáncer en el hospital local, sin dar detalles de los causales de las enfermedades ni de los diagnósticos. Tal es así que sus concejales ni siquiera cosecharon el apoyo del intendente Luis Castellano ni de otros funcionarios del ejecutivo, que terminaron por apelar al silencio.
Luego de varias horas de intercambio ininterrumpido se dio paso a la votación, que le otorgó el visto bueno al proyecto radical con cinco votos afirmativos, tres en contra y una abstención –la del Partido Demócrata Progresista-, frente a los seis negativos y tres afirmativos que obtuvo el del oficialismo.
Fotos: Vía País.
