El abanico casi completo del sector agropecuario se pronunció este martes exigiendo al gobierno de Javier Milei una posición más dura y activa en contra del Reglamento 1115 de la Unión Europea, que fue postergado hasta 2026 pero que sigue amenazando con sanciones comerciales a los países que -como la Argentina- exportan carne, soja y otros alimentos hacia el viejo continente.
El Reglamento europeo, sancionado en 2023, establece que nadie podrá importar cierto commodities a la UE si no prueba antes que esas mercaderías no provienen de campos que han sufrido una deforestación reciente (2021 en adelante). Es la forma que encontró Europa para tratar de poner freno a las tasas de desmonte en los países en vías de desarrollo. Pero para éstos, implica una injerencia en su política doméstica y una limitante a su desarrollo económico.
Hasta ahora, la batuta de la resistencia en esta parte del mundo estuvo en manos de Brasil, que tiene mucho en juego por la Amazonía. En la Argentina, el gobierno de Milei ha hablado poco y nada del asunto. Y mientras corren los meses, se acerca el fin de la prórroga concedida por la UE a sus importadores.
La preocupación, aquí, ha sido notablemente más alta en el sector privado que en el público. Por eso, tratando de contagiar a las autoridades, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Secretaría de Agricultura que reunión también a funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente.
Allí, “las instituciones del agro expresaron su profunda preocupación y firme rechazo respecto el Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (en adelante, EUDR, por sus siglas en inglés)”, dice el comunicado que distribuyeron esta tarde las entidades del sector.
Lo novedoso es que no hay fisuras, como en otras ocasiones. Firman entidades como AACREA, Aapresid, las cuatro cadenas, la Asociación Semilleros, las bolsas de cereales, la, Cámara de Biocombustibles, los exportadores nucleados en CIARA-CEC, los corredores de cereales, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, los acopiadores, la Fundación Barbechando, el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), y hasta el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).
En el encuentro con los funcionarios, este amplio abanico entregó un documento “en el que se detallan los argumentos del rechazo al EUDR” y la política antideforestación de la Unión Europea.
“Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina, afectando nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”, manifestó el arco agropecuario, poniéndose mas a tono con la posición del agro de Brasil. Incluso allá reclaman que los europeos adopten medidas ambientales recíprocas a la de los países sudamericanos.
Según cuenta el comunicado compartido, “las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino, al pedido de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino”. Allí la Argentina debería exigir la no aplicación de restricciones comerciales a partir de los plazos previstos en 2026.
Hay mucho que negociar, más allá de pedir la suspensión del Reglamento 1115. Por caso, el agro planteó “que no haya inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de otros productos” en la lista de los que sufrirán restricciones comerciales. En la lista están ahora el café, el cacao, la soja, los productos forestales, la carne vacuna y la palma. Pero se rumorea que Europa analizar extender la aplicación de su norma a otros cultivos, por caso el maíz.
En el documento del agro, y para el caso “de que la acción de ‘no aplicación’ solicitada no prospere o se demore en el tiempo, se acompañó con una serie de pedidos de modificación al EUDR, con el objetivo de reducir el impacto comercial negativo para la Argentina”, explicó la gacetilla sectorial.
De todos modos, en el documento compartido se deja claro que “muchas de las instituciones del agro seguirán trabajando en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercado frente a los demás países competidores que ya están definiendo sus respuestas al Reglamento, sin que esto pueda interpretarse como un acto de conformidad”.
La referencia es clara al VISEC y otras plataformas diseñadas por el sector privado para poder certificar que un producto que quiere ser exportado a Europa a partir de 2026 no ha sido producido en tierras ganadas al monte.
En ese sentido se pornunció Gustavo Idígoras, el titular de CIARA-CEC, la entidad que agrupa a las grandes exportadoras agrícolas y que impulsó el VISEC: “Se le solicito al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la Comunidad Europea y el Parlamento europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral. Mas allá de eso, seguiremos trabajando en VISEC para ampliar la plataforma a todo el universo de productores y operadores de soja y carne bovina”, aclaró.
