La Mesa de Enlace emitió un comunicado sobre las retenciones que, acaso por primera vez en la historia, no reclama la reducción de los montos que tributan los granos exportados y mucho menos su eliminación, sino simplemente que el Congreso analice cuánto deben tributar.
Si uno no supiera que eso es algo que siempre piden los dirigentes rurales, sospecharía que la Argentina se ha vuelto un país de locos, en el que los productores le están pidiendo a los legisladores que definan el nivel de presión fiscal que van a soportar, pues el Poder Ejecutivo -por primera vez en mucho tiempo- no puede tomar esa decisión.
Suponemos que no haber explicitado en el comunicado de las cuatro entidades agropecuarias que ellas pretenden una sustancial reducción de los derechos de exportación ha sido simplemente un olvido. Entonces, el comunicado de la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y CRA es un llamado a que los legisladores se pongan los pantalones largos y hagan finalmente lo que tienen que hacer, que es definir el nivel de los impuestos que tributarán.
Los ruralistas les piden a las diferentes bancadas que hagan ese trabajo cuanto antes, en el marco de las eventuales sesiones extraordinarias, debido a que para ellos existe actualmente una “falta de sustento legal” en dicho tributo aduanero.
Se basan en que “el 31 de diciembre pasado venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación”, y que en efecto permitió que Alberto Fernández subiera las retenciones a la soja a un máximo del 33% y mantuviera las de los cereales en un 12% durante la mayor parte de su mandato.
El vacío legal sucede porque el Ejecutivo fracasó en obtener del Congreso una aprobación de su proyesto de Presupuesto 2022, que disponía en un artículo especial una nueva extensión de la delegación de facultades. Esta situación, a juicio de los ruralistas, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado, donde el Ejecutivo determinaba una baja de las alícuotas de retenciones para muchas economías regionales.
Es decir, se considera que nada tiene sustento legal ahora, ni las medidas a favor ni las que juegan en contra.
Es por eso que la Mesa de Enlace reclamó al Congreso que en sus sesiones extraordinarias se dedique también a subsanar esta situación, pase lo que pase. Es decir, pide que actúa y ni siquiera le sugiere que es una oportunidad histórica para erradicar de plano los derechos de exportación, que es una rareza tributaria en el mundo, pues son muy pocos los países del mundo que penalizan sus propias exportaciones de este modo.
“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país. Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación lleve adelante sesiones extraordinarias, desde el sector de la producción instamos a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas legislativas a generar un espacio de debate que resuelva esta situación”, dice el comunicado de los ruralistas.
Por supuesto que deslizan a dfiputados y senadores que deberían ser piadosos con los hombres de campo “en momentos como este, donde la sequía y los incendios están generando pérdidas en varias
provincias”, recordando que tributos “rígidos” como estos (donde a una empresa de miles de hectáreas se le descuente por su soja el mismo 33% que a un pequeño chacarero) “ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos”.
“Desde la CEEA exhortamos a las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas a asumir las obligaciones a su cargo y resolver en forma urgente esta situación. Nuestro país necesita reglas claras y justas que fomenten la institucionalidad democrática”, finalizaron los dirigentes del campo que piden que se abra la caja de Pandora.
