A partir de hoy, 6 de mayo de 2025, comenzará a regir el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) ampliado, con la incorporación a los servidores de la ex AFIP (ahora rebautizada ARCA) de los datos sobre operadores de la cadena agrícola que migren desde la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA).
Es el viejo sueño cumplido de Ricardo Echegaray, el temible y recordado jefe de la AFIP en tiempos en que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner enfrentaba al sector agropecuario e incluso usaba datos sensibles de los contribuyentes para perseguir rivales políticos. Pocos lo recuerdan, pero en un tramo de su gestión al frente del organismo recaudador (que duró entre 2008 y 2015) Echegaray se apoderó de la ex ONCCA (que dependía de la Secretaría de Agricultura) para concentrar bajo su órbita todos los datos de la cadena agrícola. Al mismo tiempo, invirtió millones de dólares en poderosos servidores para dotar a la ex AFIP de una envidiable capacidad de manejo de datos y control.
Ese viejo sueño cumplido de unificar los registros fiscales que maneja la ahora llamada ARCA con los registros comerciales que hasta aquí se administraban en la órbita del RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria), que dependía de Agricultura, se concretó en tiempos del gobierno de Javier Milei, cuando ambos organismos dependen en la práctica -como sucedía con Echegaray- de los caprichos políticos de una misma persona: el ex secretario coordinador de Producción designado por Economía, Juan Pazo, amigo y socio del ministro de Economía Luis Caputo.
Este funcionario está formalmente a cargo del ARCA, pero a través de su concuñado, Sergio Iraeta, también tiene el control de la Secretaría de Agricultura. Pero, y sobre todo, no deben soñar extrañas las comparaciones con la época de Echegaray, porque su segundo en el organismo recaudador (está a cargo de la DGI) es actualmente Andrés Vázquez, un colaborador directo del ex sabueso kirchnerista cuando éste utilizaba el organismo para lanzar mega operativos intimidantes contra el diario Clarín o para hostigar impositivamente a dirigentes de otros sectores, como sucedió con la Federación Agraria o con el candidato opositor Francisco De Narváez.
Bajo este armado político, a mediados de abril pasado, el gobierno de Javier Milei anunció una falsa disolución del RUCA en la órbita de Agricultura, para dividir a los operadores en dos sectores: agrícolas y pecuarios.
En el primer rubro, la decisión oficial fue unificar en el SISA (un sistema de información que solo contenía a productores de granos que debían declarar sus actividades todos los años ante la ex AFIP) toda la cadena agrícola. Ahora esa base de datos “fiscal” se engrosará con la migración de los datos del resto de la cadena productora de granos y sus derivados. De este modo, muchos rubros de la cadena verde (acopiadores, exportadores, fábricas, molinos y otros eslabones que usan granos) tendrán que hacer directamente sus trámites para registrarse directamente ante este organismo.
En el segundo caso, las cadenas cárnicas y láctea, por ahora todos los operadores deberán seguir dando cuenta de su salud comercial (o demostrar que no son firmas truchas constituidas para evadir obligaciones) ante la ex ONCCA dependiente de la Secretaría de Agricultura, pero solo temporalmente, hasta que la agencia de recaudación pueda recibir todos los expedientes digitales también de ambos sectores. En este caso el RUCA no dejó de existir, como anunciaron los libertarios, sino que simplemente cambió de nombre: ahora se llama Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL).
Tal como se estableció en aquella decisión de unificar toda la cadena agrícola bajo la bota de los sabuesos de la ex AFIP, estos cambios empezarían a regir desde hoy, 6 de mayo. Por eso ARCA, el organismo que depende directamente de Pazo y de Andrés Vázquez (foto), emitió hoy dos resoluciones nuevas para ponerse a todo y concretar el sueño cumplido de Echegaray.
La primera de ellas es la Resolución General 5686/2025:
En ella, la ex AFIP actualizó sus normativas para adaptar sus programas para poder registrar directamente en el SISA recargado a los operadores de la cadena que no son productores y que hasta aquí debían matricularse en el RUCA. La nueva norma establece “el procedimiento registral y de habilitación de plantas de acopio y/o procesamiento y/o industrialización de granos y/o derivados granarios de los operadores” que ahora tendrán que presentar sus carpetas directamente ante ARCA.
La Resolución General 5687/2025, mientras tanto, actualiza en función de esta unificación de registros el régimen especial obligatorio para la emisión electrónica de la “Liquidación Primaria de Granos” para respaldar las operaciones de compraventa de este tipo de productos que efectúen a productores agrícolas los adquirentes y los intermediarios.
Seguramente con el correr de los días habrá nuevas adaptaciones para que se produzca esta mudanza de registros agrícolas, desde la Secretaría de Agricultura a la ARCA. Como sea, se trata de un viejo anhelo concretado de las conducciones más anti agropecuarias que tuvo el gobierno nacional. Vale recordar que con todos esos datos en su poder, y con socorro de su camarada de gobierno Guillermo Moreno, Echegaray llegó a controlar los resortes que impedían las exportaciones, y distribuyó más de 4.000 millones de dólares en compensaciones (muchas de ellas truchas) para los operadores de las cadenas agroalimentarias.
“Resulta prioridad del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios”, definen las nuevas resoluciones firmadas por Pazo para justificar esta unificación de registros.
La medida de agrupar todo el control en un único ámbito quizás sea correcta y hasta positiva, pero siempre que este poderoso arsenal de registros y habilitaciones no caiga en manos de funcionarios que -como sucedía con Echegaray- utilicen la información en provecho propio o para ejercer medidas de sometimiento político.
Como sea, no es esta un cambio que preocupe ni intranquilice a los productores agropecuarios ni a sus dirigentes rurales. No han proferido ni un solo comentario, y mucho menos una advertencia, porque están ocupados por otros asuntos.