El conflicto de 2008 por las retenciones móviles que pretendía imponer la ex presidenta Cristina Kirchner terminó la madrugada del 17 de julio, cuando el vicepresidente de aquel entonces, el radical mendocino Julio Cobos, definió con su famoso “voto no positivo” el rechazo del Congreso a esa iniciativa.
Lejos de querer establecer paralelos (aunque la silla que antes ocupara Cobos ahora la ocupa Cristina), la Mesa de Enlace decidió recurrir al Poder Legislativo para que le ponga freno a la nueva ofensiva del Ejecutivo sobre la cadena de la soja. En un comunicado, el bloque agropecuario anunció que decidió convocar “a las fuerzas políticas legislativas a poner un orden institucional sobre la legislación en materia de impuestos a la exportación”.
Posiblemente la reunión se produzca el viernes que viene. La convocatoria de las cuatro entidades agropecuarias irá dirigida a todos los bloques legislativos, incluido el oficialismo.
¿Cuál es la intención? Los dirigentes de la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro dudan que esta vez, ante la posibilidad concreta de que el gobierno suba las retenciones de 31 a 33% para los dos subproductos de la molienda de soja, el aceite y la harina, el Poder Ejecutivo tenga todos los papeles en regla como para tomar una decisión de ese tipo.
El asunto es que el 31 de diciembre pasado venció la vigencia de la ley de Emergencia Económica que, entre muchas otras cosas, delegaba facultades del Congreso para fijar impuestos (y en especial estos derechos de exportación) a manos del Ejecutivo, como ha sucedido casi siempre. La gestión de Alberto intentó reflotar ese permiso en el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente no se sancionó . Por eso los ruralistas creen que existe un vacío legal y hasta la SRA presentó un recurso de amparo pidiendo la “inconstitucionalidad” de todo el tributo.
En el gobierno, en cambio, opinan todo lo contrario: creen que como no se aprobó el Presupuesto 2022, las facultades delegadas siguen estando completamente vigentes porque nadie decidió lo contrario.
“Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) rechazamos totalmente el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja anunciados ayer por el gobierno. Efectivamente, la historia reciente marca que, después de este tipo de medidas, viene un nuevo esquema de retenciones”,s e atajó la Mesa de Enlace en un comunicado, donde repite que “este tipo de señales generan falta de confianza y de previsibilidad en todos los actores de la cadena”.
Antes de ir al choque directo, los ruralistas invitarán a los distintos bloques legislativos a tomar cartas en el asunto. Y definir para empezar si las retenciones aplicadas hasta ahora tiene n sustento constitucional.
