Claudio Molina es el director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Ha sido, desde ese rol, uno de los grandes impulsores de la Ley de Promoción de los Biocombustibles que se sancionó en 2006 y apuntaló el desarrollo de esa industria. Ahora escribe este artículo de opinión en un escenario completamente distinto, dado que el gobierno está impulsando un proyecto que pretende desarmar mucho de los construido desde entonces.
¿Por qué los legisladores nacionales no deberían acompañar el proyecto de biocombustibles presentado esta semana por diputados oficialistas?
Porque reduce el porcentaje de mezcla obligatoria entre gasoil y biodiesel del 10% actual, al 5%, además de otorgar la facultad a la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Energía) de extender esa baja al 3% y, en el caso de nafta con bioetanol, del 12 % a un 9%, en abierta violación al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, que fuera ratificado por Ley N° 27.270, y prescripto también en la Ley Nacional Ambiental N° 25.675. Esa reducción es más fuerte en el caso del biodiesel, a pesar que los gases de escape de gasoil han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como procuradores de cáncer de vejiga y pulmón. Además, soslaya importantes informes científicos, como uno reciente publicado por la Universidad de Harvard, donde se confirma la existencia de millones de muertes anuales en el mundo por exposición a los combustibles minerales. En definitiva, esta propuesta atenta contra el ambiente y la salud de los argentinos.
Porque otorga amplias y discrecionales facultades a la Autoridad de Aplicación, como la antes referida posibilidad de bajar los contenidos mínimos de biocombustibles en las mezclas, o de intervenir en el mercado de aceites, maíz, azúcar, en sintonía con la Ley de Abastecimiento, o de fijar precios que podrían no ser representativos de los costos de producción. Ello legitimará muchos errores y omisiones que la citada autoridad viene registrando desde 2012, que ponen en riesgo a toda la actividad.
Porque no se busca transparentar el régimen, evitando en general un buen acceso a la información pública y, en particular, conocer la operación de grupos económicos (¿amigos de la política?) vinculados a la producción de biocombustibles, los que, para obtener ventajas, se atomizan en emprendimientos más pequeños, sin que sea rechazada su operatoria. Llamativamente, ahora se eliminó el acrónimo “Pyme” del presente texto.
Porque se discrimina en contra de aquellos productores de biocombustibles que, de manera directa o indirecta, se vinculen con la exportación de biocombustibles, cereales, oleaginosas y otros insumos relacionados con aquéllos. En otras palabras: se quitan incentivos a la exportación.
Porque otorga un tratamiento relativo perjudicial al bioetanol de maíz –que debe absorber los eventuales tres puntos de baja en las mezclas con naftas–, con relación al bioetanol de caña de azúcar, el que solo encuentra fundamentos en prejuicios ideológicos, hecho que impacta negativamente en la región centro del país.
Porque excluye la posibilidad de desarrollar biocombustibles distintos al biodiesel y al bioetanol.
Porque impide el acceso al mercado interno de biocombustibles a un grupo importante de productores de biodiesel, los que podrían operar en un régimen de libre mercado, ocupando un segmento específico, toda vez que se intensifique el uso de biocombustibles en el país, objetivo deseable pero que quedará trunco en caso que la presente propuesta se convierta en ley.
Porque se ignora la posibilidad de implementar en el país un programa destinado a introducir vehículos con motores “flex fuel”, tan necesario para incrementar la sustentabilidad en el uso de combustibles de transporte a través de la utilización de contenidos de bioetanol en las naftas superiores al 18%.
Porque se pone a una buena cantidad de productores de biocombustibles, como consecuencia de la significativa reducción futura de la demanda y el consecuente aumento de la capacidad ociosa, al borde de la bancarrota.
Porque el proyecto de ley que nos trata está mal fundamentado y redactado, no procura el logro de fuertes consensos propios de una buena política de Estado, presenta tramos muy confusos que llevarán a un aumento de la conflictividad judicial y, en definitiva, busca enfrentar a productores de biocombustibles entre sí en una especie de “sálvese quien pueda” para sobrevivir. Las consecuencias de esta iniciativa terminarán siendo nocivas para la Argentina.
