La mayor parte de los integrantes de los diferentes rubros agroindustriales argentinos aprendieron la lección: para el kirchnerismo el sector privado es un insumo. Con esas reglas de juego, “cortarse” solo para intentar obtener una ventaja sectorial representa un riesgo significativo. Lo mejor es unir fuerzas, trabajar en red y rezar.
Pero los frigoríficos exportadores que integran el Consorcio ABC decidieron desafiar las lecciones de la historia y probar suerte. Negociaron por su cuenta un “acuerdo cárnico” al tiempo que, casualmente, comenzaban a aparecer diferentes normativas oficiales tendientes a favorecerlos, como el cuarteo obligatorio y restricciones para aquellos osados emprendedores que se animan a exportar sin una planta industrial propia.
Pero, mientras que durante la primera gran intervención del mercado cárnico (2006/2015) la factura llegó con el postre, esta vez la trajeron cuando recién estaban empezando a mirar la carta. Los tiempos de la historia se aceleran.
Pocos días después de firmar un acuerdo en el cual los principales frigoríficos exportadores se comprometían a entregar 8000 toneladas mensuales de cortes bovinos a precios subsidiados, el presidente Alberto Fernández tuvo una mejor idea: cerrar las exportaciones para incrementar la oferta interna de carne.
Se le podría haber explicado al presidente que la faena bovina está distribuida en cientos de operadores, la mayor parte de los cuales abastece al mercado interno; que la mayor proporción de lo que producen los exportadores son cortes destinados al mercado chino que resultan incomibles para el consumidor argentino; que, al desintegrar una media res, el número de cortes que pueden obtenerse de la misma es limitado; que hay algo llamado “mesa de las carnes” que puede ser convocada para estos casos. Pero ya era tarde.
El Consorcio ABC, que inicialmente se propuso como interlocutor válido del sector, debe asumir la responsabilidad de cumplir con el deseo del presidente: que bajen los precios de todos los cortes vacunos populares. Todos. No una cuota mensual de 8000 ni de 16.000 toneladas.
En definitiva, lo que seguramente se vendió puertas adentro de la entidad como una gran oportunidad que no se puede desaprovechar, se transformó en un pestañeo en un gran problema que expandió sus esquirlas hacia los demás eslabones de la cadena cárnica.
El resultado: los frigoríficos que integran el Consorcio ABC deben resolver por su propia cuenta y costo el deseo presidencial para destrabar el cierre de exportaciones, una medida que, ante los ojos de Alberto Fernández, representa un incentivo extraordinario para promover la creatividad de sus subordinados.
La cuestión es que, una vez resuelto el deseo presidencial, sólo puede esperarse un crecimiento de las tensiones presentes dentro de la cadena cárnica, dado que nadie querrá hacerse cargo del costo del subsidio forzoso impulsado por la administración kirchnerista, comandante indiscutible de la deglutida coalición peronista que asumió el gobierno a fines de 2019.
En tal escenario, cabe esperar un creciente nivel de conflictividad intrasectorial que, seguramente, representará una gran oportunidad comercial para aquellos que puedan vender confianza.
