El tucumano Carlos Federico Kohn es empresario de la carne, asesor de empresas ganaderas y frigoríficos y docente en la Universidad de San Pablo. En el siguiente artículo asegura que las carnicerías, con una acción política adecuada y sin poner un peso en subsidios, podrían ser un actor clave en la contención de los precios minoristas de la carne vacuna.
La carne vacuna siempre representó para gran parte de la sociedad argentina un artículo sensible: se dice comúnmente que “los gobiernos sobreviven si logran dominar el precio del verde y del asado”.
En el contexto actual de subas nominales del precio de la hacienda gorda, es posible, sin embargo, sostener cortes a precios minoristas más accesibles para amplios sectores de la población muy golpeados por la crisis económica agravada por la pandemia de Covid-19.
El funcionamiento del sistema de carnes argentino se sostiene fundamentalmente gracias al enorme consumo interno, si bien en los últimos años creció de manera considerable el peso de la exportación en el negocio. Y la mayor parte de los consumidores argentinos se abastece de carne vacuna en carnicerías de barrio, sobre todo en las comunidades de las diferentes provincias argentinas, donde el carnicero suele establecer un relación de confianza con sus clientes, incluso actuando en muchas circunstancias como “financista” de sus vecinos.
El carnicero está habituado a ofrecer distintas ofertas en cortes de carnes en la diferentes épocas del año debido a que la dinámica del consumo es estacional en función no solamente de factores climáticos (¿quién quiere un estofado de osobuco con 40ºC a la sombra?), sino también de la coyuntura económica y el “estado de ánimo” presente en la comunidad a la que abastece. Pero la media res es siempre una sola y el carnicero está obligado a vender hasta el último gramo de carne si quiere seguir en el negocio.
Esa exigencia (y desafío cotidiano) que tienen los carniceros se puede aprovechar para cumplir con el mandato que tiene el actual gobierno nacional de brindar cortes populares baratos a la población. Para eso sería necesario sistematizar las ofertas, darles un marco institucional y no poner trabas burocráticas ni subsidiarias de ningún tipo.
Por ejemplo: hoy se podría hacer una grilla con algunos cortes, como paleta en sus variantes, pecho, falda, asado o costilla, y colocarlos a un valor minorista promocional de 350 $/kg en el marco de una promoción realizada por la Secretaría de Comercio de la Nación, lo que beneficiaría a muchas carnicerías de barrio que tienen, por factores estacionales, problemas para lograr vender esos cortes o bien que tardan demasiado tiempo en salir.
Para eso se podría implementar un programa voluntario, por medio de una inscripción vía el sitio de la Afip, para aquellas carnicerías que estén dispuestas a ser parte del mismo; en contraprestación, el Estado –utilizando sus recursos comunicacionales– simplemente difundiría públicamente las bocas de expendio en las cuales el público podría encontrar los cortes a precios muy accesibles.
No es necesario armar programas estridentes ni emplear recursos públicos para distribuir productos: con la estructura comercial presente en el sector privado y una buena campaña de comunicación, en el marco de acuerdos voluntarios, se puede lograr contar con cortes baratos a semanas del inicio del período de las fiestas de fin de año.
Tampoco hace falta subsidiar a ningún frigorífico ni supermercado, los cuales, en caso de considerarlo conveniente, también podrían incorporarse al programa voluntario para poder despachar cortes de baja circulación a una mayor velocidad.
Esa campaña, además de beneficiar a la población, permitiría también premiar a los comerciantes inscriptos (que son muchos). Se trata de buscar alternativas creativas que dinamicen la actividad al aprovechar las fortalezas presentes en la cadena de ganados y carnes.
