Más de 120 pequeños y mediados empresarios primarios y agroindustriales de todo el país, nucleados en el sector de Economías Regionales y la Mesa Agroalimentaria de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se reunieron presencialmente –por primera vez luego de dos años– para analizar los desafíos y oportunidades de mejora.
Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales de CAME, junto a Pablo Villano, coordinador de la Mesa Agroalimentaria de la Confederación, presentaron los objetivos anuales y cedieron la palabra a los presentes para que expusieran el estado actual de situación de cada complejo productivo.
El reclamo fue unánime: “Hay que recuperar la cultura del trabajo”, coincidieron. Los representantes de 31 complejos productivos no sólo expresaron su preocupación ante la falta de mano de obra para tareas temporales –como la cosecha–, pese a la compatibilidad de los planes y/o programas sociales con el trabajo rural registrado, sino también solicitaron avanzar en una reforma tributaria integral que promueva la producción nacional y el agregado de valor en origen.
Otra de las inquietudes planteadas durante el Plenario Nacional provino de los productores vitivinícolas, quienes aseguraron no tener precios de referencia para sus uvas en plena época de cosecha. Las entregas –en consignación– se están realizando, pero aún no saben cuánto cobrarán por su producción.
“Ante la crisis hídrica, tenemos un 30% menos de uva en San Juan y no hay un precio razonable. El INTA de Junín (Mendoza) hizo un estudio por el que el costo de producción de un kilo de uva común ronda los 35 pesos, mientras que los industriales nos ofrecen 27 a 28 pesos en siete pagos mensuales a partir de junio”, afirmó Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan.
Este último caso visibiliza la falta de transparencia de mercado y la débil posición en la que se encuentra el productor primario en muchas economías regionales.
Por otra parte, los que exportan a la zona de guerra en el Mar Negro –cítricos, vinos a granel y peras y manzanas, entre otros productos– manifestaron su intranquilidad ante un posible resentimiento del comercio internacional.
A la devaluación del rublo y el encarecimiento de las tarifas energéticas, podrían sumarse complicaciones logísticas y alteraciones en las condiciones de pago, entre otros efectos adversos.
“Perder un mercado importante para las mandarinas como lo es el ruso significaría una pérdida muy significativa de divisas, además de que esa oferta se volcaría al mercado interno y provocaría una fuerte caída en los precios”, sostuvo Ariel Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.
Otro de los reclamos fue en torno a la inminente entrada en vigencia de la normativa que dispone la utilización obligatoria de patentes –vinculadas al dominio del vehículo tractor o de remolque– en tráileres y casas rodantes comprendidas en la categoría O1 (hasta 750 kilos), normativa cuyo objetivo es determinar las características técnicas que deben reunir para garantizar su circulación segura.
Según comentaron los productores que trasladan sus máquinas cosechadoras y su producción en grandes tráileres, la nueva norma impactaría de lleno en el sector. Si se toma en cuenta que el índice de accidentes de tránsito causados por estos vehículos es del 0,1% en la Argentina y que son pocas las empresas que fabrican remolques homologados, los empresarios primarios y agroindustriales pymes aseguran que la medida tendría fines meramente recaudatorios.
Las modificaciones que habría que efectuarles a estos tráileres para ser homologados son imposibles de pagar (instalación de frenos, cambios de estructura, bancos de prueba, etcétera), mas aún teniendo en cuenta la falta de rentabilidad que afrontan los diversos complejos productivos, por lo que solicitan derogar la reglamentación realizada entre los años 2018 y 2019 para que vuelva a regir la disposición 1136/96, entre otras, que son utilizadas actualmente por las compañías de seguros. “Tendríamos que vender la mitad de nuestras tierras para homologar nuestros tráileres”, aseveró Cristian Klingbeil, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones.
Durante la jornada también se detallaron los objetivos para el año 2022, destacándose temas tales como obtener una reducción del costo laboral mediante la prórroga y actualización de la base imponible –hoy congelada en 17.509,20 pesos por la Ley 27.541–, además de su extensión a más actividades agroindustriales; otorgar una mayor difusión al beneficio de la compatibilidad de planes sociales con trabajo registrado; alcanzar una reducción y/o eliminación de los derechos de exportación a todas las economías regionales, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.541; y lograr la creación de una “Cuenta Única Tributaria” para pymes, que netee automáticamente las obligaciones de los saldos a favor que existan, pudiendo cancelar con agilidad deuda impositiva, previsional y aduanera.
También se solicitó trabajar en un proyecto de “Seguro Integral Agropecuario” que contemple a las producciones extrapampeanas, pudiéndose establecer primas acordes; promover beneficios fiscales para aquellas empresas que cuenten con certificaciones de triple impacto; garantizar la disponibilidad de insumos esenciales para la producción agroindustrial (mayormente dolarizados); y obtener tarifas diferenciales para reducir los costos de energía y gas (uso productivo) en los que incurren las pymes; entre otros ítems.
En el marco de la reunión, también se comentó que se está trabajando junto con el Ministerio de Agricultura y la Cancillería para promover la exportación pyme, coincidiendo en la necesidad de avanzar en líneas de financiamiento de la banca pública que posibiliten la reconversión de la pequeña y mediana empresa.
Por otra parte, en calidad de miembros de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), desde CAME detallaron las pautas a seguir en las negociaciones paritarias y se expuso la necesidad de generar un digesto jurídico.
Por último, y con respecto al desempeño en la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la Confederación aseguró haber participado de todas las reuniones ordinarias que se han organizado, elevando casos puntuales para ser considerados en la declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario correspondiente.
El acto de apertura contó con la participación de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alfredo González, presidente de CAME; Luis Contigiani, secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP); y Jorge Solmi, secretario de Relaciones Institucionales del MAGyP.
