Además de las inundaciones que afectan a unos 25 municipios bonaerenses, se suman otras inclemencias climáticas a las que atender: el viento y granizo en Entre Ríos y la sequía en Río Negro, que ahora también exigen medidas paliativas.
Como respuesta a lo acordado durante la última reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), celebrada el mes pasado, y tras hacer lo propio en Buenos Aires, el gobierno también declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para ciertas explotaciones de esas provincias.
A través de la resolución 1780/2025, el ministro de Economía Luis Caputo convalidó el decreto provincial 2522/2025, publicado el pasado 12 de septiembre, en el que el gobierno entrerriano declaraba la emergencia agropecuaria para las explotaciones de citrus y hortícolas del distrito Mandisoví afectadas por el temporal de granizo y viento ocurrido el 5 de mayo.
En realidad, la adhesión del gobierno nacional contempla sólo a los establecimientos de citrus, ya que en ese caso la provincia fijó la emergencia por un año, hasta el 4 de mayo de 2026. Para los establecimientos hortícolas de esa zona del departamento Federación, la medida paliativa se extendía hasta el pasado 4 de noviembre, por lo que el ministerio de Economía llegó tarde en ese caso.
Sin embargo, esta es la segunda vez en pocas semanas que desde Nación se atiende a los fenómenos climáticos del Litoral. A principios del mes pasado también se declaró la emergencia agropecuaria por los efectos de las heladas y el granizo en varias zonas de esa misma provincia.
En el caso de Río Negro, la situación es diametralmente opuesta a la del centro bonaerense, pues en vez del exceso hídrico lo que acontece allí es que las lluvias son insuficientes.
Mediante la resolución 1782/2025, que lleva también la firma del ministro Caputo, el gobierno nacional convalidó el decreto provincial 760/2025 presentado por la administración de Weretilneck en la última reunión de la CNEyDA. De ese modo, fruto de la sequía, se declaró la emergencia agropecuaria para la actividad ganadera bovina, ovina y caprina de varias zonas de la provincia.
Con vigencia desde junio de 2025 y por un año, la medida alcanzará a las explotaciones de los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida, 9 de Julio, Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo de Río Negro.
Tal como lo establece la ley 26.509, y como se contempla en cada uno de estos casos, se instrumentarán medidas de alivio económico desde las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, se permite a la secretaría de Agricultura celebrar convenios en paralelo que permitan brindar alivio al sector, tal como se ha hecho recientemente, en conjunto con el ministerio de Seguridad, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios recibirá por parte de cada distrito el listado de los productores afectados, acompañados por el certificado en el que conste que sus predios o explotaciones están alcanzados por la emergencia dictada.
