El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) se presenta como “una institución académica privada, sin fines de lucro, creada el 15 de junio de 1978 para estimular el estudio y debate de los problemas internacionales desde un enfoque nacional”. De todos modos, creó un grupo de trabajo para fijar posiciones sobre las transformaciones necesarias en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que validó buena parte de la agenda impulsada por el actual presidente del organismo, Nicolás Bronzovich.
En concreto, el CARI encomendó a un grupo de siete referentes del llamado agronegocio que elabore un documento que “propone un conjunto de orientaciones estratégicas para pensar la transformación del INTA. No se trata de un plan cerrado ni de una definición definitiva de su rumbo institucional, sino de un marco conceptual y propositivo destinado a alimentar un debate impostergable”.
El documento todavía no forma parte de la web oficial de la institución, pero el mismo fue anticipado por Clarín Rural. Una explicación posible es que uno de los autores es el editor general de ese medio, Héctor Huergo, que también fue presidente del INTA en los años 90, cuando el ministro de Economía era Domingo Cavallo. También lo firma un ex secretario de Agricultura de aquella gestión, Marcelo Regúnaga.
Los otros referentes que hicieron su aporte a este grupo de trabajo organizado en el CARI fueron Federico Bert, Martín Piñeiro, Eduardo Trigo y Ernesto Viglizzo. También lo firma Marcelo Torres, actual presidente de Aapresid, la entidad de la cual provienen no solo Bronzovich, actual presidente del INTA sino también la presidenta de Senasa, Pilu Giraudo.
“Los cambios profundos que atraviesan la ciencia, la tecnología y los procesos de innovación están redefiniendo el funcionamiento de la agrobioindustria a nivel global. En ese nuevo escenario, también se vuelve inevitable revisar el papel del Estado y, en particular, el rol del INTA dentro del sistema de innovación argentino”, dice el documento.
Luego agrega: “La premisa central es que la innovación tecnológica constituye uno de los factores clave del desarrollo económico y social de largo plazo, tal como lo demuestra la historia económica contemporánea. En ese contexto, el Estado conserva responsabilidades indelegables en la generación de bienes públicos estratégicos, especialmente en sectores donde la competitividad, la sustentabilidad y la gestión de los recursos naturales dependen crecientemente del conocimiento científico y tecnológico”, consideran los autores.
A partir de esta mirada, el documento esboza un posible nuevo mandato institucional para el INTA, estructurado en torno a cinco funciones prioritarias. La primera es el desarrollo y sostenimiento de capacidades científicas y organizacionales de excelencia. La segunda, una articulación activa y permanente con la frontera internacional del conocimiento, en un mundo donde la ciencia y la innovación se construyen en red.
A ello se suma la generación de conocimiento relevante para mejorar la producción, la competitividad y la sustentabilidad de la agrobioindustria; la producción y el mantenimiento de información estratégica -datos, inventarios y sistemas de monitoreo de recursos naturales y clima- considerados bienes públicos; y, finalmente, la provisión de insumos técnicos sólidos para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas.
Los autores plantean la necesidad de una “renovación organizacional profunda”, tal como viene proponiendo Bronzovich, quien a la vez sostiene una agenda de ajuste del organismo, basado en la supresión de estructuras, la reducción de la planta de personal en cerca del 20% y la cesión de campos experimentales que no están siendo utilizados para su remate.
Los siete especialistas, al hablar de la reorganización del Instituto, consideran que debe existir una “concentración temática en Programas Nacionales estratégicos, la revisión de los sistemas de gestión y programación de la investigación y, especialmente, el fortalecimiento del capital humano”.
En este último punto se subraya la importancia de criterios exigentes de selección, formación y evaluación, acompañados por esquemas de remuneración competitivos que permitan atraer y retener talento.
Para el CARI, otro eje relevante es la revisión de la estructura territorial y de la infraestructura física del organismo. La propuesta apunta a avanzar hacia esquemas más concentrados y flexibles, apoyados en tecnologías digitales y nuevas modalidades de trabajo.
“En ese marco, se plantea también una redefinición del rol de la extensión, con mayor articulación con actores públicos y privados y una inserción más directa en los procesos de innovación”.
