El presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 651/2017, que dispuso la condonación de las deudas remanente de las empresas que fueron favorecidas por el régimen de promoción industrial puesto en marcha casi cuatro décadas atrás en las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis. La mayor parte de esos proyectos son de raíz agropecuaria, especialmente en el sector de la olivicultura.
Macri, en el decreto publicado esta martes en el Boletín Oficial, puso en acción lo que ordenara un artículo específico de la última Ley de Presupuesto 2017, que se incluyó básicamente luego de una gestión intensa del Gobierno de la Provincia de La Rioja.
“Condónanse las deudas de empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial, ley 22.021 y sus modificaciones, generadas hasta el período fiscal 2015 —cualquiera sea el estado en que las mismas se encuentren—, originadas por el usufructo de una cantidad de bonos de crédito fiscal superior a la originalmente reconocida, que hubiera sido acreditado en el marco de un proceso judicial cuyo resultado finalmente fue adverso a las beneficiarias del citado régimen, en la medida en que dichas empresas hubieran cumplido con las obligaciones previstas en su acto particular de concesión de beneficios. La condonación alcanza el capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios”.
Así de generoso será el perdón. El artículo de marras también había suspendido por 180 días las ejecuciones fiscales a las empresas deudoras.
¿De cuánto es la deuda? No se sabe demasiado al respecto. Lo cierto es que en la discusión del Presupuesto 2017 La Rioja festejó con ganas la inclusión de este artículo, ya que se vinculaba la existencia de esas deudas con la estabilidad laboral en las fabricas de aceite de oliva y aceitunas de mesa. El secretario general de la UOM riojana, Omar Carrizo, explicaba que “los empresarios nos manifestaban que era imposible continuar en la provincia con la espada que los empujaba día a día a irse de la provincia. Entendían que si no se arreglaba esto, podían cerrar las empresas. Algunos con esta excusa se fueron, otros están suspendiendo también”. Solamente en esa provincia había 28 empresas con pasivos exigidos desde el Poder Ejecutivo.
Obviamente, al conocerse el decreto de Macri también el oficialismo de Cambiemos se atribuyó el éxito de la gestión. “Desde hace muchos año lo venimos planteando pero nunca fuimos escuchados y este gobierno en su primer presupuesto, lo convierte en realidad”, sentenció el ex ministro de Defensa y precandidato Julio Martínez. Y agregó: “Lo había pedido en diferentes presupuestos nacionales, pero la anterior gestión de gobierno se negó sistemáticamente con el apoyo de los legisladores que responden al bederismo. A ellos nunca se les cayó una idea para salvar a nuestras empresas, que ya acarrean una aguda crisis desde hace 5 años”, finalizó.
Pongamos un poco de contexto. En el régimen de promoción industrial que regía en el país se había establecido, entre otras cosas, que las industrias que se instalaran en La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan quedaban exentas de pagar el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. La Ley 22.021 fue promulgada en 1979 y solamente otorgaba estos beneficios a la provincia de La Rioja. Luego, entre 1982 y 1983 se sancionó la extensión y vigencia del régimen de promoción fiscal en las otras tres provincias.
Provincias como La Pampa y Mendoza, entre otras, fueron claramente perjudicadas con este régimen, que no las incluía y atraía a las empresas hacia provincias vecinas. La Pampa tiene solo el 8% de su tierra con alta y media aptitud agrícola, por lo cual exige avanzar en una estructura con fuerte peso industrial. Sus gobernantes expresaron que es una provincia agropecuaria con escaso desarrollo industrial, en gran medida por la aplicación de estas leyes discriminatorias.
Las provincias beneficiadas con este régimen trataron de prorrogarlo pero no tuvieron éxito y todo se extinguió en 2012. Pero quedó una abultada deuda por cobrar a las empresa beneficiarias, fruto de la diferencia entre el el crédito fiscal acumulado y las inversiones realmente realizadas.
En su momento, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) actualizó un trabajo que realizó en 1999 en donde se identificaban y estimaban las consecuencias para el país y para Mendoza de los regímenes de promoción. Esta actualización se realizó porque el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el decreto N§ 699 del 20 de mayo de 2010, prorrogó el régimen de promoción industrial que beneficiaba a estas cuatro provincias hasta el año 2027. Esta prórroga, sin embargo, no se aplicó porque finalmente no fue reglamentado por Cristina Kirchner.
Los resultados del trabajo del CEM son impactantes. Afirman que a valor actualizado al año 2010 neto del costo efectivamente incurrido por el régimen de promoción alcanzó los $179.152 millones, equivalente al 12,4% del PBI de la Argentina. La cifra representa el 27,4% de la deuda pública del sector público nacional y el 43,4% del gasto público nacional para ese mismo año.
