El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, protagonizó la semana pasada un gran papelón, ya que en conferencia de prensa -a las que no suele convocar- confundió a todos al asegurar no una sino dos veces que el 25% de las divisas obtenidas por la industria sojera en septiembre no podría aplicarse para la compra de soja en el país sino solo para pagar importaciones del poroto. Este respuesta tan enfática paralizó por varios días el mercado local de soja, hasta que ahora un decreto publicado en el Boletín Oficial aclara que esos dólares serán “de libre disponibilidad”, es decir que las exportadoras podrán hacer con ese dinero lo que quieran.
Es decir que Bahillo no sabía qué se estaba pergeñando en otros despachos del Ministerio de Economía, organismo que él mismo integra. Por menos de eso, y por el daño que este nuevo Dólar Soja remixado provocaría sobre otras cadenas productivas como la lechería, el funcionario debería analizar seriamente su renuncia al cargo, al que llegó hace un año de la mano del ministro de Economía, Sergio Massa, ahora devenido en candidato presidencial del oficialismo.
Pero nadie en la Argentina renuncia por un papelón y no se le puede pedir a Bahillo que lo haga por eso: tristemente no será el primer secretario de Agricultura que desconoce por completo lo que legislan en el Palacio de Hacienda a contramano de los productores.
Debería sí, y de modo urgente, explicar otras cosas. Porque mientras se publica este nuevo régimen cambiario a favor de la industria aceitera, su cartera (con su firma estampada en las resoluciones) está pagando grandes cantidades de dinero hacia supuestos productores hortícolas, a punto tal que muchos de los CUIT que declararon no existen o han sido dados de baja por la propia AFIP.
Las irregularidades que podrían atribuirse a Bahillo y sus funcionarios están consagradas en la Resolución 318/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, que dispuso en tiempo récord (para lo que es la burocracia pública) el pago de 802 millones de pesos del presupuesto de la cartera agropecuaria a varios cientos de productores del cinturón frutihortícola platense que se habrían visto afectados por los fuertes temporales de lluvias sucedidos en la segunda mitad de agosto. Escribimos en potencial porque no hay ninguna acreditación formal de esos daños. Los pagos se realizan al margen de las normas de la Ley de Emergencia Agropecuaria y a partir de un listado confeccionado por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, que anunció este beneficio hace solo 15 días.
En esta primera orden de pago firmado ahora por Bahillo se disponen transferencias directas de 600 mil pesos para más de 1.300 supuestos productores dentro del “Programa de Asistencia Inmediata a Productores del Cinturón Frutihortícola Platense”. En la resolución se aclara que se trata de un primer listado. La semana pasada, cuando se instrumentó este acelerado mecanismo de pago, se aclaró que los potenciales beneficiados estaban incluidos en un listado enviado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, integrado por 2.800 potenciales beneficiarios.
Bichos de Campo viene siguiendo esta historia desde el principio, sospechando que con la excusa de una emergencia climática -que efectivamente muchos productores padecieron, pero que tampoco fue tan grave como en otras inundaciones- los gobiernos nacional y provincial estaban distribuyendo plata fresca de Agricultura con fines electorales, ya que actuaron con demasiada celeridad y muy pocos controles.
El 25 de agosto, en un acto de campaña, se anunció este beneficio en boca de Massa y Kicillof. Allí mismo se impuso un monto a repartir sin siquiera tener dimensión cabal del daño provocado al sector frutihortícola por las tormentas caídas unos pocos días antes: hasta 2.400 millones de pesos.
Increíblemente para los tiempos que suelen manejarse en el sector público, solo tres días después de ese anuncio la Secretaría de Agricultura ya tenía listo el sistema para repartir 600 mil pesos por barba dentro de un listado supuestos 2.552 productores damnificados, identificados en cantidad partido por partido. Es decir que la lista ya estaba elaborada por las autoridades bonaerenses.
A esos potenciales beneficiarios del programa se les daban 20 días de plazo para “presentarse ante las Oficinas de Recepción habilitadas por Agricultura y solicitar expresamente el beneficio”. Esas oficinas jamás se montaron ni se informó oficialmente dónde estaban ubicadas. Allí los productores debían mostrar su DNI, declarar un mail para ser informados del pago, acreditar un CBU para recibir el dinero y firmar un certificado de adhesión.
Ni siquiera se cumplieron los 20 días de plazo (ha pasado apenas una semana desde la reglamentación) y sin embargo ahora Agricultura emitió esta tanda de pagos por 802 millones de pesos, la cuarta parte del dinero comprometido. “La implementación de lo establecido por la presente resolución conlleva una inversión de 802.200.000 pesos, monto que se imputará a las partidas específicas del Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría de Agricultura”, dice la resolución. Extraño, en otros casos ese tipo de artículos se condicionan los pagos a la “disponibilidad” de recursos. En este caso, nada. Se paga o se paga.
¿Y cuál es el problema? Que el listado de quienes se beneficiarán con estos subsidios directos de 600 mil pesos incluye a varios Cuit que no existen o no están registrados en la base de datos de la AFIP como monotributistas.
Esto da pie a sospechar de posibles desvíos. El análisis es dificultoso, porque las autoridades de Agricultura omitieron ex profeso revelar el nombre y apellido de cada beneficiario, así también como su ubicación territorial. El listado solo incluye números de DNI y su consecuente Cuit. Así por largas 29 páginas.
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La mayoría de los beneficiarios son inmigrantes y esto no estaría nada mal, pues desde hace un par de décadas que los productores de origen boliviano son los explican la mayor parte de la oferta de verduras desde el cinturón hortícola de Buenos Aires y La Plata. La lista no hace más que reflejar dicha situación.
Lo curioso es que si uno busca la constancia de inscripción de dichos beneficiarios ante la AFIP, ésta existe solo en una parte de los casos. En Bichos de Campo no hemos podido hacer todo el trabajo en estas pocas horas transcurridas desde que se dictó esta resolución, pero ya encontramos casos varios elegidos al azar.
Por ejemplo, el tercero de la fila (en la primera página) declara el Cuit 20-94146519-7. Se trata de una persona inmigrante cuyo Cuit no está registrado ni como monotributista ni ante la AFIP. Mal podría en este caso disponer entonces de un CBU (la clave bancaria de una cuenta) donde le depositen los 600 mil pesos. ¿Cómo se los pagarán? ¿Recibirá realmente esa persona el dinero?
Y así en muchos otros casos. Demasiados como para permitirnos desconfiar.
El gobierno tiene todo el derecho del mundo -y hasta la obligación- de subsidiar a personas que considera vulnerables o que han padecido contingencias climáticas. Aunque mal que le pese a los funcionarios existen reglas que cumplir y respetar, en especial en materia de transparencia. No parece ser este el caso, donde se utilizan fondos de la Secretaría de Agricultura (y no de Desarrollo Social) para distribuir 600 mil pesos a un largo listado de productores que se debería revisar con mayor detenimiento.
Insistimos que todo este precipitado operativo tiene un gran tufillo electoral, a que se distribuyen fondos para apuntalar la campaña de Massa y Kicillof, finalmente los dos principales candidatos del gobierno. Y eso sí está decididamente mal.
