Los considerandos del Decreto 339/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, sonen si mismo la base de esta crónica, porque allí se justifica bien por qué motivo el gobierno de Javier Milei ha decidido discontinuar algunas políticas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el pensamiento de que son gastos inútiles que finalmente afectan el libre mercado. Por eso, el Presidente anuló varios artículos de leyes sancionadas por el Congreso Nacional.
La Ley 24.467 es una de esas. Tenía por objeto “promover el crecimiento y desarrollo de las pymes, impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes”.
Uno de los artículos de esa ley, el 12, fue derogado ahora. Creaba un sistema de información MIPyME, operado mediante agencias regionales, con el objetivo de recolectar y difundir información comercial, técnica y legal de interés para ese sector de la economía.
Renglón seguido, el artículo 13 instruyó al entonces Ministerio de Producción, ahora absorbido por Economía, a organizar “una Red de Agencias de Desarrollo Productivo con el objeto de brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional”.
El artículo 14 encomendaba al Poder Ejecutivo, además, “a movilizar, racionalizar y fortalecer tanto los cursos de acción como los recursos” del INTA, el INTI y otros organismos y centros de investigación y capacitación a favor de las Pymes.
Los artículos 16 y 17 establecieron que el Estado debería además llevar adelante un Programa de Desarrollo de Proveedores “de manera de tender a optimizar la vinculación entre las empresas Pymes proveedoras y las grandes empresas”.
El artículo 18 de aquella ley también encomendaba al gobierno de turno “el diseño y puesta en práctica de medidas que incentiven y contribuyan a que las pequeñas y medianas empresas produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad”, incorporándose al sector al Sistema Nacional de Certificación de Calidad.
El artículo 19 estableció que se favorecería la formación de Consorcios de empresas Pymes con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación.
Los artículos 20 y 21 pretendían establecer “políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las Pymes”. En tanto que el artículo 22 planteaba crear un Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las Pymes.
Finalmente, por el artículo 105 de la mencionada Ley 24.467, se creó una Comisión Especial de Seguimiento encargada de evaluar el impacto de esa ley.
Una segunda Ley de otros tiempos, la 25.872, creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Sui objetivo resumido era “crear y afianzar proyectos elaborados por la juventud empresaria”.
Este es el decreto:
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Bueno, todos esos ejes de política pública fueron derogados este martes por el decreto firmado por Milei.
El argumento, una vez más, es el DNU 70/23, que planteó que el Estado “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
Así las cosas, en el marco de las políticas de desregulación impulsadas por este nuevo gobierno, se consideró que “los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado y atentando contra lo ordenado mediante el Decreto 70/23”.
A otra cosas mariposa: este nuevo gobierno considera que progarmas estatals de apoyo a las pymes y los jóvenes distorsionan más que ayudar.
“Deróganse los artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 105 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias y los artículos 1º al 9º y 12 al 14 de la Ley N° 25.872”.
Excelente todos curros que nunca sirvieron para nada ademas que pensadas en un mundo que no tienen nada que ver con el actual donde una PYME tiene la potencia de alcance de una empresa grande.
Menos gastos del estado y menos impuestos eso es lo que necesitan las PYMES sacarse el estado de encima.