El pasado 22 de mayo la Comisión Europea, en el marco de su reglamento de deforestación 1115, calificó a la Argentina como país de riesgo “estándar” o medio, al igual que Brasil y Paraguay. En cambio, Uruguay fue categorizado como riesgo “bajo”.
Al respecto, el gobierno argentino manifestó su rechazo a esa decisión porque considera que, de acuerdo con los criterios principales establecidos en el reglamento 1115, la Argentina debe ser considerada un país de riesgo “bajo”.
“En un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE-17, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han venido trabajando en forma conjunta y constructiva con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del Reglamento”, señaló este viernes el gobierno de Javier Milei por medio de un comunicado.
En ese marco, el gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal (los tres principales sectores de la Argentina afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de riesgo “bajo”.
“En cuanto a la evaluación, también llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea –anunciado el 6 de diciembre de 2024– no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país”, se quejó el gobierno argentino.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería comunicaron formalmente su rechazo de la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, solicitándole que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole riesgo “bajo” de deforestación. Asimismo, se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación.
“La República Argentina reitera que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, resumió.
