Varias veces Bichos de Campo preguntó a las autoridades del ex Ministerio de Agricultura cómo podía suceder que mantuviera en su primera línea de funcionarios a una mujer llamada santiagueña Deolinda Carrizo, a la que otros productores de esa provincia llegaron a acusar de participar activamente en usurpaciones de campos. Hoy, por una causa judicial, hay una jueza de la provincia que está pidiendo su detención.
Ni ella ni las autoridades de la cartera agropecuaria jamás respondió a esta pregunta: Es que Deolinda está tocada con la varita mágica de cierta impunidad de quienes pertenecen al kirchnerismo. Se trata de una histórica dirigente del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), una organización que luego de una gran fractura en 2003 resolvió alinearse políticamente con el gobierno de aquel entonces y tener una convivencia más bien pacífica también con la gestión local del gobernador Gerardo Zamora.
Desde ese origen, en el actual gobierno Carrizo asumió en 2019 una posición como directora de Género e Igualdad dentro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Agricultura. Ese área de gobierno está plagada de militantes sociales como ella: es manejada directamente por el Movimiento Evita de Emilio Pérsico.
Ahora, en un hecho insólito, la justicia de Santiago del Estero dictó una orden de detención por “usurpación” contra esta funcionaria. Según la versión publicada por Página/12, el hecho ocurrió cuando Carrizo “se encontraba desarrollando sus funciones en el marco de un conflicto territorial en un paraje rural de esa provincia”. Pero también existen otras voces que denuncian a la funcionaria de participar de operativos que terminan expulsando a otros campesinos santiagueños que no comulgan políticamente con el MOCASE. En este medio hemos contado algunos de esos casos, sin que nadie reaccionara.
La jueza de Control y Garantías de la ciudad de Santiago, Ana Cecilia Vittar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay, dictó una orden de detención contra Carrizo y ocho integrantes del MOCASE acusados de interferir en una orden de desalojo de una familia en el paraje El Urunday, de la localidad de Roversi, en el departamento Moreno, a unos 250 kilómetros al este de la capital provincial, cerca del límite con Chaco.
“Que se haya enviado la orden de detención de mi persona como funcionaria nacional no tiene ninguna explicación: es una forma más del Poder Judicial para atropellar y embestir los derechos de las familias campesinas”, consideró Carrizo en diálogo con Página/12. Varias organizaciones de derechos humanos y de la economía popular, entre ellas el CELS, la APDH y la UTEP, repudiaron “enérgicamente la criminalización y el pedido de detención” contra Carrizo.
Informó el diario porteño que este lunes la abogada del Mocase, María José Venancio, presentó un pedido de eximición de prisión en relación a Carrizo y los demás acusados de “usurpación”.
La defensa de Castillo es casi obvia: argumentó que los operativos del MOCASE los realiza como “funcionaria del Estado nacional para garantizar los derechos de una familia campesina, indígena y de la agricultura familiar, que en ese momento estaba atravesando un pedido de desalojo”
El procedimiento en cuestión habría tenido lugar el viernes 26 de agosto, en horas de la mañana, cuando “la policía de la provincia al mando del oficial de justicia Moreno Scillia, procedió a desalojar de su territorio a la familia de Carlos Esteban Medina, en el paraje El Urunday de la localidad de Roversi, departamento Moreno”, informó. La orden de desalojo salió del Colegio de Jueces Civiles N° 1 de la ciudad de Santiago del Estero, en cumplimiento de una sentencia en el marco del “expediente N° 685736 – año 2020, autos ‘Ríos Guillermo Marcelino c/Medina Carlos Esteban s/Desalojo – Sumario’”.
“Toda la familia trabaja en el campo, en la cría de animales: más de 60 vacas, 300 gallinas, más de 20 chanchos, pavos, patos, gallinas. Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, y con el acompañamiento del MOCASE, no se abandonó el territorio”, explicó Venancio, la abogada de la funcionaria nacional.
Pero también hay quienes en Santiago del Estero acusan al MOCASE de actuar muchas veces al margen de la ley, o apropiándose de ella para definir hijos y entenados. Por caso, la abogada Marisa Figueroa menciona con pelos y señales a muchos dirigentes de ese movimiento social, incluyendo a Carrizo, como impulsores de muchos otros operativos de desalojo que terminan afectando a familias campesinas que deciden no alinearse con el Movimiento.
El caso en el cual la jueza pidió la detención de la funcionaria parece tener esos condimentos: la pelea entre familias campesinas por el mismo pedazo de tierra. De hecho, la abogada de Carrizo contó a Página/12 que el proceso judicial comenzó a partir de una demanda iniciada por Guillermo Marcelino Ríos, quien aduce tener derecho al inmueble por “ser oriundo de Roversi, y que en la adolescencia se mudó a la capital de Santiago del Estero y no volvió a vivir en el lugar, y que actualmente concurre con frecuencia por tener un cargo docente en el lugar”.
En Santiago del Estero, este tipo de casos se repiten todos los años desde hace más de treinta años, sin que nadie en los gobiernos local y nacional se ocupe de resolver la problemática de fondo y establezca los derechos de cada familia a una porción de tierra. Evidentemente también la gestión de Carrizo como funcionaria nacional expone un nuevo fracaso. En este escenario de deserción de la política pública, hay espacio para todo tipo de abusos e injusticias.
