Apenas algunos días atrás, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) realizó una reunión junto a integrantes de las cadenas del sector y otras organizaciones, en la que se analizaron los últimos detalles del “Plan Federal Agroindustrial”, que este colectivo busca presentarle al gobierno nacional y también a los nuevos candidatos a Presidente que se van perfilando para competir en la elección de 2023.
A días de su lanzamiento formal, que se espera que sea antes del inicio de diciembre, Bichos de Campo accedió a un borrador elaborado por técnicos de las 61 entidades agroindustriales que son parte del CAA, y conoció cuáles son algunas de las políticas que se proponen implementar –hasta el año 2028- para lograr desarrollo regional, aumento de empleo y creación de riqueza. Por supuesto, la unificación de los diversos tipos de cambio y la eliminación de retenciones y otras políticas anti-exportadoras figuran a la cabeza.
“El plan del CAA desarrolla las políticas sectoriales, por lo que se contactó a investigadores expertos en el análisis de restricciones macroeconómicas (IIEP FCE/UBA-CONICET) para que realice recomendaciones para el conjunto de la economía. El trabajo consiste en la identificación de los pre-requisitos básicos –a nivel de agregados económicos- para encarar políticas de desarrollo sectorial especialmente a nivel de: inflación, desequilibrio fiscal y desbalances comerciales”, indica el documento.
Según este diagnostico preliminar, los principales problemas que demoran el desarrollo de la Argentina son actualmente una economía de escaso crecimiento, con baja productividad y alta volatilidad como consecuencia de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. También la persistencia de impuestos distorsivos que condicionan el crecimiento de los sectores y que amplían el desequilibrio fiscal. En definitiva, se destaca que hay “malos incentivos”.
¿Qué otras cuestiones enumera este análisis? Que “los desequilibrios macro generan en la Agroindustria acortamiento de plazos; que el corto plazo condiciona el largo, reduciendo la posibilidad de aumentar y diversificar la producción y las exportaciones”. Por eso se considera que “la estabilización macroeconómica es una precondición para el crecimiento”, y que además “se necesita analizar la eficiencia del gasto y la calidad de los servicios”.
Aunque el plan está trazado a diez años, de 2023 a 2033, el CAA definió las primeras metas de cara al 2028. Los cálculos se basan en estudios económicos internos de cada una de las cadenas. Así, se proyecta exportaciones agroindustriales por 100 mil millones de dólares anuales, además de la creación de 85 mil nuevos puestos de trabajo por año.
Pero no es el único objetivo que se propone el sector agroindustrial. También tienta a los gobernantes con “la adopción de prácticas y procesos sustentables que permitan pensar en la carbono neutralidad de toda la cadena de cara al 2025; y el abastecimiento local, inocuo y accesible de agricultores familiares y agroindustrias locales para dar con la seguridad alimentaria nacional”.
¿Y qué se necesita para favorecer el crecimiento de la agroindustria y lograr cumplir con estas metas? El documento detalla los siguientes puntos, algunos de los cuales son por demás ambiciosos:
- Contar con un programa de estabilización macroeconómica que resuelva los desequilibrios de corto plazo.
- Lograr equilibrios monetarios y fiscales.
- Eficientizar el gasto público (excesivo/ineficiente) e inversión asignada a mejorar la productividad de la economía.
- Unificar los tipos de cambio.
- Reducir y eliminar el peso de los impuestos distorsivos.
- Generar el contexto institucional y los incentivos para la acumulación de factores y el cambio tecnológico, sentando las bases para el crecimiento de largo plazo.
Finalmente, este borrador del Plan Federal detalla las principales medidas en materia de políticas públicas que se deberían implementar durante los años 2024 y 2028. Las principales iniciativas a poner en marcha son:
- Ley de fomento de inversiones agroindustriales 2023-2033.
- Ley de seguros agropecuarios federal y cambio climático.
- Ley de economías regionales agroindustriales, incluyendo beneficios laborales, fiscales, logísticos y crediticios.
- Programa de promoción de bioinsumos y biotecnología.
- Sistema de control de la propiedad intelectual en semillas.
- Política de promoción de igualdad de oportunidades de diversidad en el agro.
- Programa federal de conectividad digital rural.
- Finalización de la política de precios cuidados y de todos sus instrumentos.
En cuanto al comercio exterior, las propuestas del CAA serán:
- Ley de facilitación del comercio exterior (esto comprende la eliminación de las restricciones, volúmenes de equilibrio, cuenta única tributaria, entre otros puntos).
- Programa de reducción de costos de exportaciones vía contenedores.
- Eliminación de derechos de exportación para las economías regionales al año 2023.
- Reducción progresiva de los derechos de exportación de productos de granos, oleaginosas y carnes, y su eliminación definitiva en diez años.
- Política de promoción de exportaciones que fomenten el valor agregado con instrumentos tributarios actuales y nuevos.
- Plan federal de logística exportadora eficiente, multimodal y competitiva (hidrovía, open access, trenes, accesos, contenedores, rutas marítimas).
- Política de fortalecimiento del Mercosur (convergencia regulatoria) u negociaciones de aperturas de mercados.
De cara a las políticas medioambientales, pensadas para ser implementadas también entre 2023 y 2033, las principales propuestas que el CAA detalló son:
- Estrategia de largo plazo en cambio climático inclusivo para el agro, forestal, bioenergía y pesca.
- Ley de Buenas Prácticas Biosustentables en la producción agropecuaria federal.
- Ley de biocombustibles y bioenergías de primera y segunda generación en movilidad sustentable.
- Ley de ordenamiento territorial.
- Ley de desarrollo de mercados de bonos de carbono.
- Programas de certificaciones de balance de Carbono, Huella Hídrica y aspectos sociales.
- Programa de cadenas libres de deforestación.
