A horas de que se supiera la decisión del presidente Javier Milei de recibir por primera vez en su gestión a los máximos dirigentes de la Mesa de Enlace -que bien o mal representan al sector agropecuario desde la crisis de 2008-, la Sociedad Rural de Rosario emitió un documento en el que refresca las demandas del sector, como para que nadie pueda hacerse el distraído con los temas que deben abordarse.
Sin embargo, este petitorio de reclamos no apunta solamente al gobierno nacional, sino que hay varias medidas reclamadas que son resorte directo de la gestión del Gobierno de Santa Fe que comanda Maximiliano Pullaro,
La nota parte de advertirle a las autoridades que se percibe “con preocupación el agravamiento de las condiciones económicas que afectan a la producción”, ya que “enfrentamos un contexto de costos crecientes que pone en riesgo la sustentabilidad de nuestras explotaciones”.
Luego los ruralistas rosarinos, liderados por Soledad Aramendi, enumeran sus reclamos, no necesariamente en orden de importancia, y sin discriminar si la posible solución corresponde a la gestión nacional o provincial.
Así, el espinoso tema de las retenciones, aparece demasiado atrás siendo el nudo de lo que deberían discutir Milei y la Mesa de Enlace. La Rural de Rosario reafirmó que “la reimplantación de los DEX de soja y maíz, a los niveles del 33% y 12% deja en márgenes negativos al 80% de la superficie productiva, teniendo en cuenta los precios actuales y costos”. Y apuntó que “la medida representa el mayor retroceso en materia impositiva del gobierno nacional”.
“La producción exige una explicación clara sobre esto. El superávit fiscal no es legítimo si es soportado por una asfixiante presión impositiva sobre la producción, donde perdemos todos en el país federal y nos quita competitividad externa. La producción es la herramienta para reactivar la microeconomía, mantener el equilibrio de la macroeconomía y el crecimiento del país sostenido en el tiempo”, sugiere otro camino el documento.
Una de cal, otra de arena, la SRR cargó también sobre Pullaro al marcar que “el impuesto inmobiliario rural se incrementa un 13,51% a partir de las cuotas 4, 5 y 6, según Decreto 1434/25” y reclamar que “la figura del Gran Propietario Rural dentro del Inmobiliario debe ser eliminada, como también el aumento de IIBB (Ingresos Brutos) a todo tipo de servicios”.
Y así, palo y palo: Una para la Nación, otra para la provincia:
- Combustible: De enero a julio, el precio del gasoil aumentó entre un 10% y un 12% según la jurisdicción. Esto no solo afecta el costo operativo de la maquinaria y logística, sino también las tasas comunales, ya que muchas se calculan en litros de gasoil por hectárea.
- Saldo Técnico de IVA: Se pidió la eliminación de “la distorsión por la cual compramos insumos con IVA al 21% y vendemos productos con IVA al 10,5%. La perdida de capital de trabajo inmovilizada, que financia a tasa 0% al gobierno”.
- Anticipos de Ganancias: Se pidió la eliminación de los anticipos que quitan capital de inversión y constituyen un obstáculo más ante la delicada situación del sector productivo argentino.
- Patentes de Maquinaria agrícola: se pidió eliminar el cobro, no el registro, a un bien de trabajo que no es de transporte.
- Inseguridad: “Vivimos y trabajamos en territorio liberado. Exigimos acciones de la justicia y el gobierno, donde el que lo hace lo paga, sino somos cómplices”.
- Gasto público: “Como ruralistas observamos con pavor que el ajuste cae sobre los hombros de los santafecinos y la política no hace ningún esfuerzo en bajar gastos improductivos”.