El debate sobre la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV-91), que el Ejecutivo busca impulsar a través de su Ley Ómnibus, sigue sumando voces. Para salir del habitual choque de miradas entre los mejoradores de semillas y los productores que hacen uso de ellas, recurrimos a la academia, que mira con preocupación la falta de un debate serio en torno a este controvertido asunto. ¿Qué implicancias tendría para el país aprobar este tratado?
Una de las personas en busca de desandar ese interrogante es Anabel Marín, investigadora y líder del clúster de investigación de Negocios y Mercados, del Instituto de Estudios de Desarrollo (IDS) de Reino Unido, e investigadora Conicet (actualmente con licencia) en el Centro de Estudios para la Transformación (Cenit) en Argentina.
En conversación con Bichos de Campo, Marín –quien además es fundadora de la iniciativa Bioleft, una comunidad de intercambio y mejoramiento de semillas de código abierto- consideró que hay un abanico de problemáticas a tener en cuenta.
“Este es un tema que se viene discutiendo hace años, no es nuevo. Ya se intentó hacer varias veces en el pasado y siempre se trabó, porque evidentemente hay intereses cruzados”, contextualizó.
“En ese sentido, me parece aberrante que se saque una ley con esta propuesta sin ningún tipo de debate. Si hay intereses cruzados, hay que reconocerlos, debatir y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. A la larga creo hay un problema serio de institucionalidad y de cómo se defienden este tipo de cuestiones, que tienen implicancias enormes, no solo para los actores particulares sino para la sustentabilidad del sector y la seguridad ambiental”, dijo Marín a este medio.
“En segundo lugar, el problema de adherir de esta manera a acuerdos internacionales es que estás abriendo la puerta a ciertas cosas que hoy, según la Ley se Semillas, no están permitidas, sin elementos para estipular cómo se hará. Estás generando un montón de grises en la legislación que van a ser súper problemáticos, porque a la larga le abrís la puerta a la judicialización de un montón de situaciones. Y cuando se judicializa algo, evidentemente, el que tiene las de ganar es el que tiene más plata para pagar abogados”, sostuvo a continuación.
-¿Cuáles son esos grises que aparecerían si adherimos a esta convención?– le preguntamos.
-Hay muchos. Por ejemplo, con nuestra legislación no podremos proteger dos veces un mismo material, ya sea por la Ley de Semillas o la de Patentes. Con UPOV-91 eso sí se permite. Otro ejemplo es la cuestión de la variedad esencialmente derivada. Cuando registrás una variedad nueva tienes que demostrar que no es derivada esencialmente de otra. Y la definición que tiene este acuerdo internacional es súper laxa. Cada país que adhirió a UPOV tiene que definir después exactamente qué es lo que significa en la práctica esto. No hay una operacionalización. Y así con un montón de otras situaciones.
-También está el debate en torno al “derecho de uso propio”. ¿Eso como quedaría?
-Ahí ocurren dos cosas. UPOV-91 restringe el derecho del fitomejorador en la medida que lo obliga a mostrar que una variedad nueva que quiere registrar no es derivada a una anterior, con lo cual está restringiendo su derecho a utilizar el conocimiento sobre la variedad existente para seguir desarrollando nuevas variedades. Por otro lado, restringe el derecho del agricultor a guardar semillas porque la Convención lo único que habilita es guardar para la agricultura de subsistencia. ¿Y qué es la subsistencia? Al igual que en el caso anterior hay que definirlo y operacionalizarlo. Como no está, se abre la puerta a un montón de grises.
-Desde ASA (Asociación de Semilleros) lo que afirman es que esto no generaría cambios en lo inmediato sino que contribuiría a tener un mayor orden. ¿Pero a dónde llegaría ese orden?
-Como siempre hay distintas instancias. Está lo que dice la regulación, después como se operacionaliza y qué procedimientos estipula la autoridad de semillas, en este caso INASE, para darle forma a esas respuestas. La adhesión a la UPOV 91 habilita a que un semillero persiga a un agricultor por guardar semillas. Pero en la práctica, ¿cómo va a ser? Ahí hay que pensar después cuánto van a querer invertir los semilleros, las instituciones, para perseguir a los agricultores, a quién van a querer perseguir, por qué motivo, etc. El tema es que el convenio te abre esa puerta. Si un semillero quiere perseguir a un agricultor, lo va a hacer. Ahí se restringen un montón las posibilidades que los agricultores tienen de hacer cosas porque se genera temor.
Luego, añadió: “Después hay otro tema que es problemático y que tiene que ver con que te permite perseguir el uso de la semilla considerado ‘ideal’ a lo largo de la cadena, con lo cual también te afectaría no solo a los productos sino lo que se obtiene de ella. Te abre posibilidades para un montón de situaciones y de persecuciones que son súper problemáticas”.
-Para muchos adherir a esto es también abrir la puerta a un nuevo debate en torno a la Ley de Semillas, largamente adeudado.
-Claramente una adhesión a un UPOV 91 no es la mejor manera de abrir un debate porque ya te pone en una posición. Es un punto de partida en el cual vos estás empezando mal para darle cabida a muchas preocupaciones de sectores que están temerosos de temas como, por ejemplo, preservar la apertura, el acceso a las semillas para el desarrollo de nuevas semillas, el acceso al conocimiento que tienen incorporadas las semillas. Otro tema a tener en cuenta es que la mayor parte de los adherentes son países ricos. Si miras América Latina, ni siquiera Chile, que hoy está entre los países de altos ingresos y que tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos –lo que en teoría te obliga a adherir- no lo ha hecho. Nos restringe enormemente en cualquier posibilidad de trabajar conjuntamente con nuestros socios en América Latina a la hora de negociar internacionalmente posiciones en relación a cuestiones agrícolas.
-¿No crees que sea una forma de que Argentina se siente en la “mesa de los grandes” a debatir?
-Al revés. Nosotros exportamos bienes agrícolas. ¿Quiénes son nuestros aliados a la hora de discutir política? Aquellos que exportan el mismo producto que nosotros y enfrentan los mismos problemas. Nuestros aliados son Brasil, Chile, no quienes nos compran. ¿De qué nos favorece tener UPOV-91 para negociar con Europa?
-¿Hay algo que consideres que es rescatable de la Convención? Pensando en tomarlo para otros debates.
-Yo creo que todo lo que propone es complejo y problemático, y que requiere una discusión teniendo en cuenta los conflictos de interés y los desafíos que genera la adhesión. No creo que haya nada que uno podría aceptar porque sí, tanto restringir el derecho del fitomejorador como restringir el derecho del agricultor, como posibilitar la doble protección, como permitir que se persiga a los que usan la semilla a lo largo de la cadena. Los cuatro puntos fundamentales me parecen problemáticos sin una discusión. Y, además, el meta-problema que te genera la inversión y el no haber discutido los cambios en la ley. Porque es verdad, podríamos adherir y que en lo inmediato no cambie nada, pero se va a generar un lío terrible.
Marín ejemplificó: “Generás el espacio para que una empresa, por ejemplo, acuse a un productor de guardar semilla o a un desarrollador de registrar una variedad esencialmente derivada de la suya. Eso va a la Justicia y se abre un espacio de judicialización que va a generar temor entre quienes tienen menos recursos, tanto para registrar nuevas variedades como para guardar semilla”.
-Volvemos al punto de que antes de adherir deberíamos darle lugar al debate de la Ley de Semillas. ¿Sobre qué puntos crees que debería estar el foco puesto?
A mí me parece que es válido el punto del sector semillero de querer discutir por quién paga y quién no en el sector agrícola. Porque los grandes productores agrícolas se están beneficiando de la innovación en el sector, y de alguna manera tienen que compartir los gastos en la investigación que hacen las semilleras. El tema es que los sectores agrícolas siempre se han negado un poco a esto, han sido temerosos de que esto se abra. Yo lo he discutido con la misma gente de Don Mario, por ejemplo, que ha podido crecer enormemente con la posibilidad de copiar y ser copiado. Sobre eso trabajamos en Bioleft, proponiendo utilizar una licencia de código abierto en semillas. Queremos poner en debate la idea de que necesitas derechos de protección duros para incentivar la innovación. No hay evidencia en la literatura que muestre que necesitas derechos de propiedad tan duros para fomentar la innovación.
-La innovación podría seguirse desarrollando si se democratiza el acceso a esa innovación.
-Claro. Si ponés derechos más duros de protección, lo único que generás es concentración. Si mirás los datos de la industria, se ve claramente que a partir de la posibilidad de patentar, que inicia en los 80 en Estados Unidos, empieza realmente un proceso de concentración sin precedentes. La industria de semillera global pasó de ser una bastante habitada en los últimos 20 años, a tener hoy tres empresas que dominan el mercado global. Eso me parece increíblemente preocupante. Y por eso Argentina ha sido resistente.
Interesante planteo de Anabel Marín, realmente se está discutiendo poco y mal el ingreso a UPOV 91 por parte del periodismo, la nota es un buen aporte