Algo unifica a todas las corrientes internas de la coalición de gobierno: Los sucesivos secretarios de Comercio que han pasado por ese cargo este año -y que representaban a esas diversas facciones- han bajado la cabeza y finalmente aceptaron las nuevas reglas de juego en el mercado de la harina de trigo, que claramente han sido orientadas a favorecer a una gran empresa, Molinos Cañuelas, que es la líder en el mercado de la harina y tiene una deuda en convocatoria de acreedores semejante a la que acuciaba al grupo Vicentin, de unos 1.300 millones de dólares.
En abril pasado, el que inventó el fideicomiso triguero o Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) fue un kirchnerista, Roberto Feletti, quien impuso ese mecanismo a pesar de que solo 2 molinos habían adherido frente a la resistencia de las otras 150 empresas del sector. Antes de dejar el cargo, Feletti se fue pagando un desembolso de casi 1.400 millones de pesos (95% para Cañuelas), pese a que no estaba definido ni siquiera quién iba a controlar ese fideicomiso. Por este asunto, quedó imputado en una causa penal.
Lo siguió Guillermo Hang, compañero de estudios de Martín Guzmán y de alguna manera representante del último estertor del albertismo en el poder. Pese a sus visibles resistencias con el FETA, lo ratificó sin chistar. En su gestión los molinos adheridos llegaron a 6.
Martín Pollera, de la mano de la ex ministra Silvina Batakis, encarnó la continuidad del fideicomiso desde el peronismo más tradicional y ligado a los gobernadores, que duró menos de lo que canta un gallo. Pero como era imposible competir contra la presencia de harina subsidiada, las empresas que adhirieron al FETA llegaron a una decena, incluyendo además de a Cañuelas al segundo jugador del negocio, Lagomarsino.
Llegó Sergio Massa con una supuesta concesión de todo el poder interno en la coalición. Junto a él se instaló Matías Tombolini en Comercio Interior. En agosto, el nuevo secretario reconoció que el FETA estaba produciendo distorsiones en la cadena de la harina de trigo, y anunció una modificación de fondo, para orientar los subsidios de los molinos a las panaderías.
Le duraron muy poco a Tombolini las ganas de corregir las distorsiones provocadas por este fideicomiso, que se alimenta de unos 400 millones de dólares anuales provenientes de la suba de retenciones a los derivados de la soja. El mismo funcionario había anunciado en público que el nuevo esquema que había pensado iba a comenzar a regir a partir del 1° de octubre. Pero nada sucedió. También el massismo bajó la cabeza frente a un fideicomiso que parece tener vida propia, más allá de quién conduzca el Estado.
Algunos grupos de panaderos organizados se negaron a ser ellos los que reciban la bendita compensación del FETA para vender el pan más barato. Mientras tanto, la mayoría de los 154 molinos que existen en el país también continuaron rechazando ingresar al sistema, al cual acusan de distorsionar todos los precios y provocar una competencia desleal en el mercado. No quieren ser víctimas de un Estado que los obliga a financiar ese subsidio y luego se los pagaría a los premios. Si se los paga. Ya en 2011 quedó un muerto de la ex ONCCA por miles de millones.
El 23 de septiembre, la Secretaría de Comercio Interior de Tombolini informó que eran ya 19 las empresas que habían adherido al FETA, y que representaban el “43% del mercado”. Por cierto, seguían siendo una visible minoría (apenas 15% de la cantidad de molinos), pero estaban los dos principales grupos, Cañuelas y Lagomarsino, y eso explicaba que el porcentaje de harina subsidiada se acercara a la mitad del mercado.
Así las cosas, las sucesivas facciones del oficialismo que fueron haciéndose cargo de la gestión pública fueron bajando la cabeza frente a un dispositivo que no ha logrado ni ser eficiente, ni ser justo, y mucho menos cumplir con su cometido, que era mantener estables los precios del pan común en estos tiempos turbulentos de guerra entre Rusia y Ucrania, donde los valores externos del trigo han crecido priemro aunque después se estabilizaron. El fracaso ha sido rotundo: el kilo de pan valía 250 pesos en marzo pasado y ahora en muchos lugares se vende a 400 pesos. Pesan muchas otras variables. El valor del trigo y de la harina tienen poco que ver con ese comportamiento.
Además de ese fracaso, lo que unifica a las cuatro gestiones de Comercio Interior (y a las otras tantas caras de la coalición de gobierno) es la presencia inquietante en el manejo del fondo de una mujer tucumana llamada Inés Yammus, que es la que lleva la voz cantante desde el inicio del FETA a pesar de que no tiene cargo formal en el sector público. Es una experta en fideicomisos financieros que trabaja como vicerrectora de la Universidad privada de San Pablo, en Tucumán. Es ella, según diversos testimonios, la que sigue presionando a las empresas molineras para que adhieran al sistema.
La otra cosa que unifica a las cuatro gestiones de Comercio Interior es que ninguna de ellas ha brindado información pública sobre los pagos efectuados desde este fideicomiso que administra el banco oficial BICE. No se sabe cuánto dinero desembolsó, ni cuánto correspondió a cada empresa, y mucho menos cuánto de los subsidios fueron destinados a las “harinas especiales”, diferentes a la triple 000, que no se utilizan para la elaboración de pan común sino para consumos de clases altas y medias.
Ese tipo de especialidades son el fuerte del negocio de Molinos Cañuelas, la empresa más claramente favorecida con todo este esquema. En abril Feletti decidió subsidiar desde el comienzo tanto la harina cuatro ceros, como la harina tapera, el semolín, las harinas acondicionadas y especiales, y las premezclas y harinas integrales.
Tombolini, que primero había criticado públicamente los desvíos de estos subsidios hacia este tipo de harinas y había prometido canalizar solamente los recursos a la harina común o triple cero, publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 29/2022, que actualizó los valores de la bolsa de harina subsidiada por el fideicomiso, incluyendo exactamente la misma lista de variedades que había establecido Feletti al principio de toda esta historia.
El nuevo anexo de precios es la mejor admisión de que el fideicomiso no sirvió para casi nada en todos estos meses, salvo para desviar recursos de la soja hacia otros actores privados de modo sospechoso. La bolsa de 25 kilos de harina 000 -que es la única que quería subsidiar Tombolini- pasó de valer 1.150 pesos en abril a 1.472 pesos ahora, es decir que el FETA convalidó un aumento de casi 30% en solo cinco meses. El resto de las harinas, las que no deberían subsidiarse, aumentaron otro tanto.
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Estableciendo estos nuevos precios a esta altura queda claro que Tombolini reculó de sus promesas de modificar el FETA a partir de octubre, para redireccionarlo hacia las panaderías. Y mucho más claro es que el fideicomiso seguirá operando sobre segmentos de mercado (las harinas especiales) que lejos están de querer beneficiar a la gente de más bajos ingresos. Tal parece que, como al principio, el sistema continuará funcionando a la medida de la empresa líder en el mercado, la que mantiene en vilo a sus acreedores con un pasivo semejante al de Vicentin, incluyendo a muchos organismos del Estado como la AFIP o varios bancos oficiales.
Pero sobre todo queda patente que todos los sectores que conforman el variopinto oficialista son más de lo mismo. Incluyendo a Massa, claro.
